Paper: Cooperación Internacional en Ciencias Forenses

Cooperación Internacional en Ciencias Forenses: el nacimiento de un campo

Por: Julia Isabel Ferreira Pedraza*

Resumen

En años recientes hemos podido observar escenarios violencia y crisis humanitaria que suponen un elevado número de víctimas fatales o la necesidad de denunciar crímenes de Estado, y se ha solicitado y recibido el apoyo de expertos forenses internacionales para llevar a cabo tareas de identificación, dignificación y gestión de restos humanos. Esta práctica reiterada en las últimas tres décadas supuso la especialización y formación de un campo de cooperación internacional, en este sentido, el presente artículo busca dar cuenta del proceso de conformación del campo. Es importante señalar que lo que aquí se expone hace parte de una investigación que buscó reflexionar acerca de las implicaciones que podrían desprenderse de la implementación de proyectos forenses pensados desde lo internacional en México para la búsqueda de las personas desaparecidas.

Palabras clave: Cooperación Internacional para el Desarrollo,Ciencias forenses, Derechos Humanos.

Cooperación Internacional en Ciencias Forenses: CIF

El objetivo de este artículo es exponer por qué se ha considerado a la Cooperación Internacional en Ciencias Forenses como un campo de cooperación específico que surgió debido a distintas experiencias de violencia alrededor del mundo. Para lograr lo propuesto se aporta una definición del campo, también se esbozan las condiciones que permitieron su nacimiento y por último se brindan argumentos para sostener el nacimiento del campo.

La Cooperación internacional en Ciencias Forense (CIF) “puede definirse como el conjunto de acciones inscritas en el ámbito forense que a través de la capacitación, incidencia e investigación buscan abonar a mejorar situaciones con gran número de víctimas mortales y cuerpos sin identificar utilizando técnicas de distintas disciplinas científicas. Este tipo de cooperación comúnmente se oferta en países que a causa de una crisis humanitaria o brotes de violencia se ven rebasados en sus capacidades institucionales y técnicas para hacer frente a la situación.” (Ferreira, 2018, pág. 7)

Actualmente es posible constatar que existe cooperación forense si esta se observa como flujos de asistencia entre actores de distintos países, este tipo de cooperación sucede por diversos canales, ya sea a través del financiamiento, la agencia forense, la capacitación o la observación. Proyectos implementados en Bosnia, Turquía, Indonesia, Afganistán y Ruanda dan cuenta de este tipo de cooperación.

No es necesaria una profunda indagación para corroborar que existen acciones de carácter internacional en el ámbito forense. Antropólogas y antropólogos hacen mención en sus diarios de campo sobre la participación de organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales y expertos en ciencias forenses en contextos distintos a los de su país de origen que desempeñan acciones enfocadas a la investigación, capacitación, memoria y justica, pero ¿Por qué considerar dicho conjunto de acciones cómo un campo de la Cooperación Internacional para el desarrollo?

Un primer argumento para responder a la pregunta anterior se basa en reconocer las posibilidades explicativas que mantienen las categorías y conceptos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) sobre el fenómeno a explicar. Al analizar los proyectos CIF desde categorías y clasificaciones propias de la CID, se logra dar cuenta con precisión de los flujos, estructuras y objetivos de proyectos de cooperación internacional que operan en materia forense, no obstante, esta característica no es la única que permite explicar el fenómeno desde la perspectiva de estudios que nos ocupa.

Un segundo argumento que nos permite considerar a la CIF un nuevo espacio de intervención es la ampliación de las posibilidades de intervención. Los implementadores de las acciones del campo han incorporado dimensiones cualitativas del desarrollo en sus proyectos, tales como la justicia, la seguridad y la paz, que proponen que su labor va más allá de una mera transferencia de técnicas y conocimientos.

Las acciones posibles desde la CIF no se circunscriben a la elaboración de peritajes o a la individualización e identificación de restos humanos. Una gama de posibilidades de intervención forense que se escinde de la mera cooperación técnica y abarca a la consultoría especializada, a la formación de capacidades forenses y el apoyo en la realización de investigaciones para recabar pruebas que permitan validar la existencia de violaciones a Derechos Humanos, denunciar patrones sistemáticos de violencia y asistir en crisis humanitarias, da cuenta de que es posible hablar de un campo provisto de lógicas, objetivos, funciones específicas y actores con autoridad[1].

Al enmarcarse en un punto intermedio entre la cooperación técnica y la cooperación en temas de justicia, seguridad y paz, la CIF por su especificidad ligada a la labor forense y las distintas perspectivas de ejercerla se distingue de otros tipos de cooperación y se muestra como un campo poco estudiado desde la CID.

Surgimiento del campo

Para comprender la formación del campo será conveniente intentar responder lo siguiente ¿Cómo se dio paso a la reiterada creación de proyectos internacionales en materia forense? Y ¿Qué procesos fomentaron el uso de técnicas forenses fuera de su ámbito tradicional en tribunales nacionales?

En sus inicios la práctica forense se encontraba confinada al espacio de las instituciones legales, es decir su ejercicio ocurría en tribunales, departamentos de criminalística y laboratorios de medicina legal. Con el paso del tiempo este campo se abrió para cuestionarse sobre lo ocurrido en escenarios de violencia masiva que supusieran muertos sin identificar (Huffschmid, 2015). Así a través de la materialización (recolección de evidencia) y demostración del uso desmedido de la violencia las disciplinas forenses dieron cuenta de violaciones a los Derechos Humanos más allá de los testimonios confinados al ámbito discursivo.

Hacia la segunda mitad del siglo XX, técnicas propias de las disciplinas forenses expandieron su ámbito de acción, tradicionalmente centrado en la recuperación e interpretación de evidencias para ser usadas en juicios nacionales, extendiendo su participación hacia el ámbito internacional. Esta ampliación fue particularmente observable en la antropología y arqueología forense, disciplinas científicas que se habían mantenido en el ámbito de lo paleo y lo biosocial (Buriano, 2017).

Respecto de la trascendencia del ámbito nacional y acerca del cruce entre la investigación en derechos humanos y las disciplinas forenses con fines de investigación existen dos perspectivas ampliamente reconocidas: la perspectiva judicial basada en el delito y la justicia y la aproximación humanitaria centrada en la dignidad humana y el derecho a la verdad.

En tanto que autores como Adam Rossenblatt (2015), Irineusz Kaminski (2015) y Roxanna Ferllini (2007) posicionan a las investigaciones realizadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial como el referente por excelencia de investigación forense para constatar abusos ocurridos en el curso de conflictos armados, otras interpretaciones consideran que fueron las investigaciones enmarcadas en los procesos latinoamericanos de justicia transicional y la investigación de lo ocurrido en regímenes dictatoriales las que dieron paso a este nuevo campo de cooperación[2] (Salama, 1994; Stover, E., & Shigekane, R., 2004; Zarankin, Andrés & A. Salerno, Melisa.  2008).

En el primer supuesto de acuerdo con Rosenblatt (2015)  y Kamiński (2015) uno de los primeros intentos de hacer uso de técnicas y metodologías propias de las ciencias forenses para dar cuenta de los abusos cometidos durante conflictos armados, sucedió en el marco de la investigación de la Masacre de Katyn[3]. La indagación de este evento supuso la intervención de expertos internacionales y se piensa como un antecedente que dio paso a investigaciones forenses en derechos humanos  y con fines humanitarios[4] por contar con las siguientes características: 1) participación de organismos autónomos en la investigación de crímenes de guerra; 2) reconstrucción de hechos en pro del conocimiento de la verdad; 3) reconocimiento internacional de la labor forense y 4) creación de paneles internacionales de observadores que evaluasen los resultados de la investigación (Rosenblatt, 2015)

La segunda perspectiva citada sugiere es posible explicar el cruce entre la investigación en Derechos Humanos (DDHH) y las ciencias forenses mediante el análisis de los contextos de justicia transicional en América Latina a partir de la década de los años ochenta, de manera específica dentro del replanteamiento la función de ciertas disciplinas. En aquella época desde la academia o desde la praxis en distintos países surgió el cuestionamiento acerca de ¿qué tipo de arqueología era necesaria para este siglo y los retos que el mismo presentaba? (Funari, 2006).

“La experiencia latinoamericana, propició una reconsideración del papel de las disciplinas antropología y arqueología forense para visibilizar la violencia ocurrida en América Latina en el periodo de las dictaduras del siglo XX. Dicha reconsideración se enmarcó en un escenario en el que familiares de desaparecidos se organizaron con el fin de conocer el paradero de sus seres queridos y exigir justicia.” (Ferreira, 2018, pág. 54).

Aun cuando algunos autores identifiquen el surgimiento de la relación aludida en el contexto de grandes comisiones de investigación de crímenes de guerra ( Rossenblatt 2015; Kaminski 2015; Ferllini 2007) y otros en el replanteamiento y extensión de las funciones asignadas a una disciplina (Funari y Vieira de Oliveira 2006; López Mazz 2006; Bellelli y Tobin 1985) existen puntos de coincidencia en considerar el caso argentino de búsqueda de desaparecidos post dictadura paradigmático, al ser un evento que marcó el surgimiento de un campo de investigación forense, pues fue en dicho contexto donde la antropología forense y la arqueología tradicional rompieron el cerco que les confinaba a una función asignada de recuperar osamentas antiguas y preservar sitios arqueológicos para incorporar en su labor las dimensiones de justicia y memoria  (Funari, 2006).

En el caso de Argentina encontramos como la principal diferencia frente a otros proyectos forenses que contaron con asistencia internacional, que sus investigaciones incluyeron las dimensiones justicia y memoria, con esto, la agencia forense extendía sus acciones tradicionalmente instaladas en el ámbito judicial, para incorporar  acciones pensadas desde lo humanitario y desde los  Derechos Humanos (Stover, E., & Shigekane, R., 2004).

En Argentina, la técnica posibilitó que los huesos aportaran sus testimonios sobre el terror vivido durante la dictadura, comprender la lógica de las políticas represivas y materializar  la violencia a la que fueron sometidos los cuerpos por parte del Estado (Huffschmid, 2015)  así, en dicho contexto se consolidaría la relación entre lo forense y los derechos humanos. Además, la labor de los implementadores de proyectos de CIF en el caso argentino construyó las condiciones para llevar a cabo investigaciones forenses de manera independiente que permitieron disputar el monopolio que ejercía el Estado para investigar y producir verdades sobre la historia reciente de represión.

La participación en contextos de violencia permitió a ciertos profesionales del área y equipos independientes de antropología forense adquirir amplia experiencia en técnicas de reconocimiento de restos humanos, identificación de lesiones y reconstrucción de mecánicas de violencia, además de contar con amplio reconocimiento por conducirse desde la neutralidad y la independencia en sus investigaciones. Lo anterior propició que se solicitaran sus servicios de forma reiterada en diversos países en las últimas 3 décadas.

Con el paso del tiempo algunas solicitudes de asistencia salían de los márgenes tradicionales de su trabajo y planteaban una extensión de la de la agencia forense hacia lo humanitario no estrictamente relacionado con los Derechos Humanos, por ejemplo, la asistencia en desastres naturales para el reconocimiento y manejo de cadáveres, así como la asistencia en conflictos con causas sistémicas, tal es el caso de la migración o el desplazamiento.

Aunado a lo anterior, a medida que se consolidó el campo y en respuesta a las solicitudes, algunos equipos forenses e instituciones experimentaron procesos de internacionalización y la experiencia internacional comenzó a funcionar entonces como capital dentro de la estructura del campo.  Entre 1990 y el año 2016 se crearon nuevos proyectos de cooperación internacional en ciencias forenses y sus acciones se extendieron a Chile, Guatemala, Bosnia, Indonesia, Ruanda, Congo, Iraq, Afganistán, Timor Leste, Chipre, Haití, Filipinas, Kosovo y México (Ferreira, 2018).

La CIF como campo

En conclusión, se sugiere que  es posible considerar a la CIF como un tipo de cooperación internacional para el desarrollo, pues al caracterizar las acciones y los proyectos forenses utilizando términos propios de la CID se constató que existen flujos de cooperación internacional orientados a la agencia forense, actores con funciones exclusivas, y aspiraciones específicas orientadas a la defensa de los derechos humanos, la justicia y la memoria, cuyo nacimiento se encuentra relacionado a la sistematización y compartimento de la experiencia que expertos forenses acumularon al investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras del cono sur americano.

El surgimiento de la Cooperación Internacional Forense fue posible debido a una constante demanda de apoyo, a causa del número creciente de conflictos armados y de la violencia política ejercida por el Estado en la segunda mitad del siglo XX. Este proceso estuvo marcado por el replanteamiento de disciplinas tales como la arqueología y antropología, respecto de su papel frente a las violencias vividas en el cono sur americano durante las dictaduras, así como la adhesión de las dimensiones derechos humanos, memoria y justicia como intereses inmanentes al campo de la CIF (Ferreira, 2018).

El nacimiento de este campo se inserta en un contexto internacional de renovado interés por cooperar en situaciones complejas de violencia, en donde ciertas perspectivas del desarrollo reconocen que los indicadores macroeconómicos favorables no eximen a los países de otros retos en la materia. En años más recientes la nueva perspectiva de desarrollo adoptada por organismos multilaterales considera dimensiones cualitativas del desarrollo, tales como la justicia y la paz, por ello ofrece posibilidades para acceder a fondos y proyectos de CID y financiamientos internacionales de distinta índole para apoyar la consolidación del campo de la CIF.

Bibliografía

Bellelli, C., & Tobin, J. (1985). Archaeology of the Desaparecidos. Society for American Archaeology Bulletin14(2), 6-7.

Dutrénit, S. (Coord.) (2017). Perforando la Impunidad. México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

Ferllini, R. (2007). Forensic archaelogy for human rights violations. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas.

Ferreira, J. (julio de 2018). Cooperación Internacional en Ciencias Forenses para la búsqueda de los desaparecidos en México 2006-2017. Ciudad de México: Instituto Mora: Tesis para obtener el grado de Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Fox, J. (2010). Katyn: Tragedy upon tragedy. History Today, 31-60.

Funari, P. P., & de Oliveira, N. V. (2006). Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina (1960-1980). Editorial Brujas.

Huffschmid, A. (2015). Huesos y humanidad. Antropología forense y su poder constituyente ante la desaparición forzada. . Athenea digital, 195-214.

Kamiński, I. C. (2015). The Katyń Massacres before the European Court of Human Rights: From Justice Delayed to Justice Permanently Denied. East European Politics and Societies, 29(4), 784-810.

López Mazz, J. (2006). Una mirada arqueológica a la Represión Política en Uruguay. Arqueología de la Represión y la Resistencia en América Latina: 1960-1980.

Rosenblatt, A. (2015). Digging for the disappeared: forensic science after atrocity. Stanford University Press.

Salama, M. C. (1994). Tumbas anónimas: Informe sobre la identificación de restos de desaparecidos en Argentina. Catálogos.

Stover, E., & Shigekane, R. (2004). Exhumation of mass graves: balancing legal and humanitarian needs. En E. &. Stover (Ed.), My neighbor, my enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity (págs. 85-104). Cambridge University Press.

Zarankin, A. (2008). Después de la tormenta. Arqueología de la represión en América Latina. Complutum, 21-32.

[1] El uso de término campo alude al sentido otorgado por Bourdieu, quién en  su libro Campo de poder, campo intelectual (1980) le otorga las siguientes características: Lucha constante para excluir a la competencia por parte de quien mantiene el monopolio del campo; en él se ponen en juego intereses específicos e irreductibles; para que funciones es necesario existan a reconocer, actuar y seguir las reglas del juego, la estructura del campo se define atendiendo a la distribución del capital específico que se ha acumulado a través de luchas,  la conservación y transformación del campo siempre está en juego, los participantes de  un campo tienen una cantidad de intereses fundamentales comunes, la gente comprometida con un campo y sus luchas contribuyen a reproducir el juego, los recién

[2] Algunos de los autores mencionados utilizan el concepto arqueología de la represión.

[3] En dicho evento alrededor de 22,000 oficiales del ejército polaco fueron ejecutados e inhumados extrajudicialmente durante el periodo de ocupación soviética en Polonia.  En respuesta la Cruz Roja estableció en 1943 a petición de Alemania la Comisión Katyn, cuyo objetivo era investigar la masacre y probar los abusos militares cometidos por las fuerzas de ocupación (Fox, 2010).

[4] La búsqueda con fines humanitarios hace referencia no a constatar el uso de la violencia y la falta a los Derechos Humanos de las víctimas, sino al trato digno de los restos humanos y el reconocimiento del derecho a saber la suerte de los fallecidos.

*Licenciada en Relaciones Internacionales por la FCPYS, UNAM. Maestra en Cooperación Internacional por el Instituto de Investigaciones Dr.   José   María   Luis   Mora, Estudiante del Programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo. Problemas y Perspectivas Latinoamericanas (DEDPPL).

 

 

Paper: CID en materia de seguridad alimentaria

“Cooperación Internacional para el Desarrollo en materia de seguridad alimentaria: El papel de la ONG ChildFund México”.

Por: Sandra Elena Silva Vázquez*

Resumen

Uno de los principales problemas de desarrollo, es el procurar la seguridad alimentaria para toda la población mundial. Algunas de las acciones para lograrlo son aquellas provenientes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo ejecutadas por las organizaciones no lucrativas (ONG/OSC). Sin embargo, en seguridad alimentaria, la CID más conocida es la denominada cooperación multilateral, emprendida por organismos multilaterales en especial la FAO. Sin embargo y debido a los cambios de paradigma y la incursión de nuevos actores en la CID, las ONG comienzan a tener gran protagonismo con sus acciones de cooperación internacional en favor del desarrollo y de la seguridad alimentaria.

Palabras clave:

Cooperación Internacional para el Desarrollo, seguridad alimentaria, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, huertos de traspatio, disponibilidad y acceso a alimentos, micro social, desarrollo humano, capacidades, autoconsumo.

Introducción

Existen alrededor de 815 millones de personas subalimentadas en el mundo, 42.5 millones de ellas, provienen de América Latina y el Caribe (FAO, 2017). Autores como Jean Ziegler aseguran que lo anterior se contradice al afirmar que, en el planeta, se produce suficiente comida para alimentar al doble de la población mundial, sin embargo, existe gran desigualdad en la distribución de la riqueza para la obtención alimentos (Ziegler, 2005).

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) confirma lo planteado anteriormente y argumenta que el problema recae principalmente en la distribución de estos, evidenciando la necesidad de ser más eficientes y sostenibles en las formas de producción y distribución (PMA, 2011).

De acuerdo con los dos planteamientos anteriores, se entiende que el problema que enfrentan las personas que sufren de inseguridad alimentaria se basa principalmente en el acceso económico y físico que se tenga a los alimentos y no en la cantidad de producción de estos, tomando en cuenta factores como la distribución. Los antes mencionados, son elementos que se muestran en el concepto actualmente utilizado de seguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria se enmarca en los objetivos de desarrollo planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Anteriormente, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en su primer meta establecían lo siguiente: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” (ONU, 2013). Más tarde se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuya meta número dos es la siguiente: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” (ONU, 2015).

La Agenda 2030 y la del milenio, no son las únicas acciones de CID a favor de la seguridad alimentaria, hay algunas otras emprendidas por otras organizaciones como aquellas que pertenecen al tercer sector.

Es el interés del presente trabajo conocer dichas acciones a través de una organización seleccionada como estudio de caso, por lo tanto, se hará mención de tres variables importantes: la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), la seguridad alimentaria y las organizaciones no gubernamentales (ONG) u organizaciones de la sociedad civil (OSC)[1].

Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) y las Organizaciones no lucrativas (ONG/OSC):

Desde su surgimiento al término de la segunda guerra mundial, la cooperación internacional se ha visto marcada por distintos cambios que han contribuido a la inclusión de los llamados actores no tradicionales (las ONG/OSC algunos de ellos).

La forma de cooperación tradicional, es decir la Norte-Sur buscaba generar desarrollo en los países que eran considerados subdesarrollados, es decir, aquellos provenientes del Sur. Al respecto, Duarte y González mencionan lo siguiente: “frente a este panorama impulsado por una especie de deuda histórica y moral que en términos más realistas buscaba no perder completamente la influencia sobre las excolonias…las antiguas potencias coloniales fueron las primeras en ensayar la cooperación internacional dirigida al denominado Tercer Mundo” (Duarte y González, 2014:124).

Este modelo de cooperación fue debilitándose sobre todo en los años noventa, para Dubois esta crisis responde a dos factores primordiales: primero, la deuda moral que muchos países tenían con sus antiguas colonias no era ya razón de peso para contemplar a la CID dentro de sus prioridades; el segundo factor, es el que denomina la fatiga de la cooperación, derivado de los resultados poco efectivos y eficientes hacia el impulso del desarrollo en los países del Sur (Dubois, 1995).

En esta misma época surgen nuevos paradigmas del desarrollo, como el de desarrollo humano, en gran parte gracias a las aportaciones de Amartya Sen sobre la ampliación de las capacidades de las personas como proceso de desarrollo (Griffin, 2001).

El PNUD aporta una definición de desarrollo humano que retoma el pensamiento de Sen: “El desarrollo humano comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses…implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore” (PNUD, 2018).

Es en la misma década de los noventa cuando existe un mayor surgimiento de las ONG y OSC en el terreno de la CID adquiriendo gran protagonismo. Bombarolo aporta algunas explicaciones sobre las posibles causas de este fenómeno: una de ellas es la crisis del Estado de bienestar, las demandas de la sociedad civil por ocupar espacios públicos y atender necesidades sociales surgidas muchas veces de los problemas sociales a enfrentarse (Bombarolo, 1995: sp).

Las ONG surgen de circuitos de cooperación oficial para apoyar proyectos sociales emprendiéndolos de manera micro social, teniendo relaciones internacionales y locales y sus programas de desarrollo se ajustan a ambos ámbitos (Becerra et al, 1997).

Dichas organizaciones son de carácter privado y son actores sociales con fines solidarios y altruistas (Jerez y Revilla, 2012). Tienen la característica también de tener voluntarios o voluntarias entre sus integrantes y ser organizaciones autónomas (Salamon, 2001).

En la actualidad, la mayoría de las ONG/OSC orientan sus actividades a tres principales esferas de participación: 1) el desarrollo (local o comunitario), 2) la lucha por la profundización de la democracia y 3) el enfoque de derechos. (Sánchez, 2012).

En la CID, las organizaciones no lucrativas han tenido participación internacional en diversos foros donde se enfatiza participación de la sociedad civil como actor primordial para el logro de objetivos del desarrollo como el Foro Internacional sobre Sociedad Civil y Eficacia de la ayuda de 2008, por poner un ejemplo.

Igualmente han tenido participación importante dentro de la FAO en temas de seguridad alimentaria, en 2012 el organismo cedió una oficina de enlace y espacio de trabajo a las organizaciones provenientes de la sociedad civil, entre muchas otras actividades de las cuales, las organizaciones han sido parte (FAO, 2013).

Seguridad alimentaria:

 El concepto de seguridad alimentaria se ha transformado desde su introducción en los años setenta. Su evolución ha sido parte de un continuo de sucesos y aportes que han permitido su definición actual. La más recurrida y en la que se basa este trabajo, es la introducida por la FAO.

El siguiente cuadro muestra la evolución en las definiciones de seguridad alimentaria. En los años setenta, el centro de estudio de la seguridad alimentaria era la disponibilidad, posteriormente, en los años ochenta se entiende que el principal problema era el acceso físico y económico a los alimentos ya sea de manera individual o familiar, y más tarde, en los años noventa, los componentes de inocuidad y utilización biológica complementan el concepto actualmente establecido:

CUADRO 1: Evolución del concepto de seguridad alimentaria

AÑO CONCEPTO
1974 “disponibilidad en todo momento en el mercado mundial de suministros de alimentos básicos para sostener el consumo creciente y contrarrestar las fluctuaciones en producción y precios” (FAO)
1983 “…asegurar que todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan” (FAO)
1986 “acceso a todas las personas, en todo tiempo, a cantidades de alimento suficientes para una vida activa y saludable” (BM)
1996 “existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”. Sus elementos son: la disponibilidad, el acceso físico y económico, la utilización de alimentos y la estabilidad en los tres componentes anteriores (FAO).

Fuente: Elaboración propia con información de FAO y BM

La mayoría de las personas subalimentadas en el mundo, se ubican en las zonas rurales donde la obtención directa de alimentos y de ingresos está basada en la agricultura y la ganadería. El desarrollo en el sector agrícola no es suficiente para fomentar la seguridad alimentaria de las comunidades, también es necesario incrementar el consumo de alimentos de las familias pobres y crear medios sostenibles para ello (FAO, 1992). Para la FAO, “el estado nutricional de la población debe considerarse como indicador fundamental de desarrollo” (FAO, 1992: sp).

Las familias que habitan en zonas rurales se alimentan principalmente de lo que obtienen para autoconsumo, sin embargo, su productividad muchas veces no es óptima por lo que algunas sufren de subconsumo de alimentos (Gasca, 2003).

Para poder obtener dichos alimentos, las familias rurales recurren a los huertos de traspatio o huertos familiares. El huerto “es considerado un agroecosistema y ha sido incluido en programas gubernamentales con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza” (González et al, 2013: 147)

Ahora bien, en párrafos anteriores se han mencionado las variables que son del interés de este trabajo. La ONG seleccionada fue ChildFund México, establecida hace más de 40 años en el país. Es una organización proveniente de Estados Unidos y cuyo objetivo es la defensoría de los derechos de la niñez y el desarrollo. Trabaja en los 7 estados más pobres de la República Mexicana, incluyendo Puebla y Chiapas donde se desarrollaron los proyectos de seguridad alimentaria que fueron analizados (ChildFund México, 2018).

Los dos proyectos analizados tienen similitudes y diferencias, sin embargo, el objetivo y las formas de trabajo fueron las mismas:

 CUADRO 2: Proyectos analizados

Proyecto Chiapas Proyecto Puebla
El proyecto de apoyo a comunidades de Tapachula nace en 2014 bajo una alianza entre grupo Herdez y ChildFund México.

Tenía como objetivo mejorar la nutrición de niños y niñas de 0 a 12 años y sus familias, promover el autoconsumo y producción de propios alimentos, con ello generar ahorro a las familias y posteriormente la posibilidad de vender sus productos (hortalizas, gallinas y huevo). Lo anterior mediante la construcción de huertos de traspatio y granjas, así como capacitación técnica.

El proyecto de desarrollo comunitario de Huehuetla inicia en 2011, gracias a una alianza entre Compartamos Banco y ChildFund México y ejecutado por la OSC “Niños Totonacos A. C.”

Bajo el mismo diseño, el proyecto buscaba atender a familias de 18 comunidades, instalando huertos de traspatio y granjas, capacitando a las familias en seguridad y soberanía alimentaria. la población objetivo eran familias con menores de 0 a 12 años. El proyecto ya no está vigente.

 Fuente: Elaboración propia con datos de ChildFund México 2011 y 2013

 

Para poder analizar ambos proyectos se recurrió a una matriz de fortalezas y debilidades y se mencionaron características identificadas tanto en los documentos compartidos como en las entrevistas semiestructuradas realizadas a los coordinadores y encargados, igualmente se identificaron puntos importantes sobre el trabajo de la ONG respecto a la seguridad alimentaria

A continuación, se presenta el resumen de las matrices de análisis construidas:

CUADRO 3: RESUMEN DE ANÁLISIS

ASPECTOS IDENTIFICADOS
Promueven el desarrollo de las comunidades a nivel micro social, si se considera que el concepto de desarrollo humano parte de que se debe crear un entorno para que las personas desarrollen su potencial y amplíen sus oportunidades.

-Confirman en cierta medida lo siguiente: “Un proyecto de cooperación al desarrollo, según el enfoque de Sen, debe expandir las capacidades y agencia de las personas. Es decir, se deben ampliar las opciones reales y valoradas por las personas a la vez que aumentar sus habilidades para ayudarse a sí mismas y que se conviertan en agentes de cambio” (Fernández, Hueso y Boni, 2012: 1544).

-Cumplen con el principio de apropiación. Las familias fueron capacitadas para obtener conocimientos que les permitirán aplicarlos incluso cuando la ONG finalizara su participación. En el caso de Puebla, el proyecto fue implementado primero por la OSC y en ambos casos, ejecutado por los mismos beneficiarios.

-La seguridad alimentaria en México, sobre todo en zonas rurales, es un problema principalmente de acceso ya sea físico o económico, por lo tanto, la efectividad de estos proyectos recae en que la producción de alimentos, por parte de la propia familia, generando canales productivos directos que permiten igualmente un acceso físico directo a alimentos. Lo anterior no responde a la necesidad de las familias a mejorar su poder adquisitivo, pero si promueve el ahorro, permitiendo que algo del dinero utilizado en alimentos y transporte para adquirirlos, sea utilizado en otros servicios. Es decir, se apoya el autoconsumo, que es una característica de la mayoría de las familias rurales.

-Los proyectos dependen de la participación de las familias lo que lo hace depender a su vez de la asistencia, interés y disponibilidad de las personas participante, implica una labor de convencimiento y trabajo constante para los colaboradores.

-Los proyectos tienen un alcance pequeño, lo cual en términos generales probablemente no tenga un impacto a nivel municipio en cuanto a promedios reales de medidas como seguridad alimentaria o desarrollo ya que es realizado en pequeñas comunidades y a un número reducido de personas.

-La organización interpreta a la seguridad alimentaria primeramente desde su disponibilidad y acceso físico por lo cual recurre a la construcción de huertos y granjas de traspatio, medida que también fue fomentada por el PESA en su momento, pero la organización lo realiza a nivel micro social y que es identificada como una de las estrategias para obtener alimentos por parte de las familias rurales.

-La organización concibe que la seguridad alimentaria es el eje central de promoción del desarrollo, partiendo de que el implementar proyectos de esta índole coadyuvará a la mejora en la economía de las personas y mejorará la nutrición de las familias, lo cual coincide con lo dicho por la FAO cuando argumenta que el estado nutricional de una población, debe ser un indicador de desarrollo.

Fuente: Elaboración propia

 

CUADRO 4: COMPONENTES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

COMPONENTE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
Disponibilidad La obtención de sus propios alimentos para autoconsumo (sin embargo, no supone la disponibilidad de todos los alimentos que conformarían la canasta básica y sólo aquellos que se plantan y producen como el huevo y la carne de pollo y las hortalizas producidas)
Acceso físico y económico  Los proyectos promueven la producción de alimentos, omitiendo los gastos de transporte para obtener comida y el de la compra. Los proyectos buscan el ahorro económico y promueven el acceso físico de los alimentos, no generan ingreso (la comercialización no ha sido bien establecida)
Utilización de alimentos La vigilancia nutricional, las asesorías nutricionales y los alimentos que se ha buscado plantar con el fin de obtener micronutrientes, pueden ser elementos que faciliten el cumplimiento de este aspecto, así como el tomar en cuenta los productos propios de la región y la dieta de las familias, para cultivar productos que fueran culturalmente aceptables
Estabilidad en los componentes

Por ser proyectos con ciertas características, dependerá de las condiciones en que la comunidad siga trabajando y la organización apoyando el mismo o bien evaluando su impacto.

 Fuente: Elaboración propia

 

 

Si bien el análisis de los proyectos fue basado principalmente en la seguridad alimentaria y el desarrollo humano, también existieron algunos cuestionamientos sobre la forma de trabajo de ChildFund México. Una observación fue la falta de interés por realizar evaluaciones de impacto que permitieran saber si efectivamente la vida de las familias beneficiarias mejoró, lo cual debería ser el principal objetivo de un proyecto de cooperación. O bien, hacer evaluaciones para conocer si el proyecto es sostenible. Otro cuestionamiento es el saber, si por la naturaleza de las organizaciones y su dependencia de recursos de los donadores, en cierta medida se conviertan en fábricas de proyectos, que buscan constantemente generarlos para obtener recursos y continuar vigentes y funcionando.

Algunas conclusiones surgidas del trabajo de investigación destacan la importancia de la seguridad alimentaria como indicador de desarrollo, los proyectos de cooperación sobre ese tema deben entonces estar ligados no sólo a promover una buena alimentación, sino que esta sea constante sin limitantes de acceso y disponibilidad de alimentos. Igualmente, cabe destacar que los proyectos presentados fueron ejecutados en áreas muy reducidas a un pequeño grupo de personas, y si bien por su naturaleza es posible replicarlos, es probable que no contribuyan a crear un gran impacto en los indicadores estatales de seguridad alimentaria.

Es también relevante recalcar que la seguridad alimentaria en un país tiene también relación con los ingresos de las personas, la distribución de alimentos sobre todo en aquellas zonas apartadas, el consumo y lo hábitos alimenticios (Torres, 2003)

Por último, cabe recalcar la importancia de las personas en los proyectos de cooperación como protagonistas de su propio desarrollo, independientemente de teorías o debates o incluso de estadísticas. El desarrollo humano en un proyecto resalta la necesidad de elevar las capacidades de las personas para que lo anterior pueda ser alcanzado.

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Becerra et al (1997) “Organismos no gubernamentales: Definición, presencia y perspectivas” (p. 117-131) Recuperado de http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/28/pr/pr35.pdf (24 septiembre 2017)

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[1] En el presente trabajo se utilizarán ambos términos, ONG y OSC. Recurriendo a Mochi y Girardo que enfatizan que las ONG son aquellas organizaciones que surgen del Norte mientras que las OSC son aquellas provenientes de los países del Sur, algunos autores no hacen esta diferenciación, sin embargo, para términos prácticos será usada en este texto. (Mochi y Girardo, 2012).


* Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora.

 

 

Paper: Experiencias de cooperación tras el sismo #7S

En búsqueda de experiencias de cooperación tras el sismo del 7 de septiembre de 2017: el proyecto Taishin

Por: Diana Karina Gómez Gaitán*

Resumen

El sismo del 7 de septiembre impactó fuertemente a Chiapas y Oaxaca dejando a un número importante de personas sin vivienda. Tras identificar los factores que contribuyeron al derrumbe o deterioro de las viviendas el gobierno mexicano examinó diferentes alternativas de reconstrucción. Este artículo retoma la experiencia del Proyecto Taishin en el cual se desarrollaron sistemas constructivos especializados para viviendas populares sismo-resistentes, mismos que podrían ser replicados en México para su reconstrucción.

Palabras clave: Cooperación, Sismo 7 Septiembre, Desarrollo, Proyecto Taishin.

Los sismos son uno de los fenómenos naturales que dependiendo de su magnitud y características conllevan diversas afectaciones desde económicas, políticas, sociales, hasta ambientales en las comunidades y territorios que impactan como lo son la pérdida de vidas, la pérdida de viviendas, escuelas, negocios, caminos, las afectaciones en la biodiversidad, etc. Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 han sido la experiencia devastadora más reciente que México ha vivido después del sismo de 8.1° en la escala de Richter registrado el 19 de septiembre de 1985. Con 8.2° de magnitud, Chiapas y Oaxaca fueron los principales estados afectados por el sismo del 7 de septiembre, mientras que un sismo de 7.1° afectó más directamente a la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Puebla y Guerrero el día 19 de ese mismo mes. En términos de afectaciones humanas, el gobierno de México registró 102 víctimas mortales en el primer sismo y 369 para el segundo.

Uno de los agravios más importantes para la calidad de vida de las personas afectadas por los sismos fue la pérdida total o parcial de sus viviendas. En el caso de Chiapas y Oaxaca –los estados más afectados en este rubro- el “Censo de viviendas y acciones para la reconstrucción: transparencia y rendición de cuentas” (2018) publicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) informó que hubo afectaciones totales o parciales en 58,366 viviendas en Chiapas y en 63,335 viviendas en Oaxaca. Por lo cual, una vez terminado el proceso de resguardo de la población y el registro de daños era necesario plantear un programa de reconstrucción adecuado para cada situación.

En el caso de Chiapas y Oaxaca la combinación de factores como la autoconstrucción, los materiales utilizados y la antigüedad fueron las causas principales del derrumbe o deterioro de las viviendas. En varios casos las viviendas construidas carecían de una planeación o proyecto arquitectónico y estructural. Con base en ese diagnóstico se consideró importante evaluar una de las experiencias de cooperación técnica en materia de construcción de viviendas sismo-resistentes en la que México participó junto con Japón en El Salvador a partir de los sismos de 2001. El proyecto fue nombrado “Mejoramiento de la Tecnología para la Construcción y Difusión de la Vivienda Popular Sismo-resistente”, mejor conocido como el proyecto Taishin.

En 2001 El Salvador fue severamente afectado por dos sismos, el primero de ellos ocurrió el 13 de enero, mientras que el segundo ocurrió exactamente un mes después. Durante el primer sismo, el mayor impacto fue en la zona central y costera del país; uno de los mayores desastres de ese sismo fue sin duda el alud de tierra en la colonia Las Colinas en Santa Tecla, el cual arrastró consigo alrededor de 200 viviendas y causó el 58% de las 944 muertes registradas. Para el segundo sismo -con epicentro en la zona paracentral del país, caracterizada por una mayor población rural- el mayor número de muertes fue causado por fallas estructurales en las viviendas construidas con adobe[1] y bahareque[2] (SNET, 2004). El saldo de ambos sismos ascendió a 1,259 víctimas mortales y 334,961 viviendas afectadas (MARN, 2013).

Las Colinas, Santa Tecla posterior al sismo del 13 de enero

 

Fuente: Prensa Libre, Hemeroteca PL.

Dentro del análisis realizado por el gobierno salvadoreño posterior a los sismos del 2001 se observó que el 31% del total de las viviendas en el país estaba construido con adobe y bahareque (SNET, 2004); porcentaje que se encontraba mayormente concentrado en la zona paracentral del país. La razón de ello consiste tanto en las características territoriales de las comunidades –son de muy difícil acceso-, la situación económica de la población, la escasa provisión de servicios públicos y la cuestión cultural.

La tierra, el bambú y la madera, al ser materiales de fácil acceso y bajo costo para las comunidades rurales, hacía que la autoconstrucción de viviendas con los mismos fuera y siga siendo una práctica común; por ende, el factor que determinaría la eliminación o reducción del riesgo en las viviendas construidas con esos materiales sería la capacitación técnica. A partir de ello, el gobierno salvadoreño se acercó al gobierno japonés y al mexicano para solicitar un estudio sobre las mejores técnicas de construcción de viviendas de adobe sismo- resistentes.

En el marco del Programa Conjunto de Cooperación México-Japón hacia El Salvador, en 2003 dio inicio la primera etapa del Proyecto Taishin (2003- 2008) con el propósito de “promover tecnologías sismo-resistentes y desarrollar, de forma progresiva, los elementos necesarios para la implementación de estas tecnologías en la construcción de viviendas más seguras, y que éstas puedan mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables afectadas constantemente por fenómenos naturales extremos, como los terremotos” (FUNDASAL, 2013, p. 3). Dentro del proyecto participaron investigadores y especialistas de la Universidad de El Salvador (UES), la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMDU) y la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL); por parte de Japón participó el Instituto de Investigación sobre construcción BRI del Japón; y por parte de México el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Dentro de la primera etapa del proyecto se estudiaron cuatro sistemas constructivos de vivienda popular: bloque panel, adobe, suelo cemento y bloque concreto. (FUNDASAL, 2013).

Pruebas de sismoresistencia en Universidad de El Salvador

Fuente: propia

Todos ellos se pusieron a prueba en el Laboratorio de Estructuras Grandes (LEG) ubicado en la UCA y en la mesa inclinable en las instalaciones de la UES, esto con el objetivo de medir el comportamiento sísmico de la vivienda bajo diferentes características y construida con diferentes materiales. Con base en los resultados encontrados en esa primera fase, en 2009 dio inicio a una segunda fase que tenía como uno de sus objetivos difundir las normas técnicas establecidas para la construcción de una vivienda de adobe reforzado capaz de resistir movimientos telúricos.

Con la participación y acreditación del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de El Salvador se construyeron casas modelo, se difundieron manuales de construcción y se realizaron talleres y seminarios para el sector técnico, académico y comunitario (FUNDASAL, 2013). Las imágenes a continuación muestran dos de los materiales a través de los cuales se difundió la información de la manera más gráfica y con lenguaje lo más sencillo posible.

Ficha técnica y Manual del Sistema Constructivo de adobe reforzado y sismo-resistente

FUNDASAL, que tiene como misión “Potenciar la producción social del hábitat sustentable, a través de la generación de procesos de participación protagónica y organizada de la población empobrecida, para el cumplimiento del derecho humano al hábitat” (2017), ha implementado y difundido este sistema constructivo en diversas comunidades rurales en El Salvador. Su modelo de enseñanza- aprendizaje garantiza la apropiación del proyecto por parte de las personas beneficiarias.

Hasta noviembre de 2017 FUNDASAL informó extraoficialmente haber construido más de 500 viviendas bajo ese sistema. El proceso de construcción de este tipo de vivienda en FUNDASAL se encuentra bajo el Programa Integral de Asentamientos Humanos en el cual no se trata únicamente de la construcción de la vivienda, sino también de la construcción de una comunidad más integral. Antes de iniciar el proyecto de construcción, FUNDASAL entra a la comunidad en donde se va a implementar el proyecto para conocer el entorno inmediato en el que se encuentra, los recursos que tienen a su disposición, las actividades económicas y culturales que se practican y la dinámica al interior de la comunidad. De modo que, al organizar la construcción de la vivienda se trabaja bajo el compromiso de la ayuda mutua, en donde una familia ayuda a construir la vivienda de otra familia y una vez que esa vivienda está terminada se apoya en la construcción de la vivienda de la otra. En la imagen mostrada a continuación se puede observar la construcción de una de esas viviendas detrás de la vivienda de adobe no reforzado.

Estas viviendas cuentan con un solo piso y con tres módulos en su interior (habitaciones). En promedio, una vivienda utiliza alrededor de 2,500 adobes; otro número importante de varas de castilla (bambú) que se utilizan para los refuerzos verticales y horizontales de los muros; piedra para la cimentación; y concreto en menor cantidad.

Cabe mencionar que la asesoría técnica está presente en todo momento hasta que se genera un mecanismo permanente de intervenciones conformado por los mismos miembros de la comunidad que han adquirido el conocimiento en su totalidad. Ello garantiza que el proyecto se pueda seguir replicando sin la necesidad de la presencia de FUNDASAL.

Dado que tanto Chiapas y Oaxaca, así como El Salvador se ubican en una importante región sísmica y buena parte de su población comparte similares técnicas en la autoconstrucción de sus viviendas, evaluar la posibilidad de replicar del proyecto Taishin en ambos estados mexicanos resulta inobjetable. Bajo esa lógica, una delegación mexicana compuesta por miembros de CENAPRED, AMEXCID, FONATUR y SECTUR viajó a El Salvador en noviembre de 2017 en busca de asesoría técnica para integrar una propuesta de diferentes sistemas constructivos de adobe que permitieran una reconstrucción de viviendas seguras para las poblaciones afectadas en el istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con lo anunciado por el gobierno mexicano, los propietarios de viviendas afectadas por los sismos recibirían un apoyo a fondo perdido por parte del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) de $15,000.00 MXN por daño parcial y de $120,000.00 MXN por daño total. En el caso del daño parcial se realizaría el pago en una sola exhibición, mientras que para las viviendas con daño total se realizaría el pago en cuatro exhibiciones de las cuales los montos se dividirían en pago en efectivo y pago en materiales de construcción. (Gobierno de la República, 2017) Sin adentrarse en el tema de la entrega de los recursos y el tipo de selección que se realizó para la entrega de los mismos, lo cierto es que la gente con o sin apoyo del gobierno tenderá a autoconstruir su propia vivienda, de manera que instituciones como la SEDATU deberán garantizar la oferta de asistencia técnica adecuada a las necesidades y posibilidades de la población para una reconstrucción segura de sus viviendas.

Bajo el desconocimiento del avance de esta iniciativa para los procesos de reconstrucción de viviendas en ambos estados, es importante rescatar las lecciones que la delegación mexicana aprendió sobre el desarrollo del proyecto Taishin en El Salvador:

  1. Existe la disposición por parte del gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Obras Publicas y el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, de ofrecer cooperación técnica a México para la reconstrucción de viviendas sismo-resistentes.
  2. Existen organizaciones como FUNDASAL que cuentan con el expertise en materia de viviendas construidas con materiales naturales.
  3. La construcción de viviendas con materiales como la tierra, el bambú y la paja, pueden ser sumamente resistentes y seguros si se utiliza la técnica adecuada para la producción de los adobes y la construcción de la vivienda.
  4. El proceso de reconstrucción de las viviendas puede generar un fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades.
  5. La construcción de viviendas con adobe reforzado mantiene las costumbres y tradiciones de la comunidad, a la vez que garantizan mayor seguridad.
  6. Este tipo de viviendas promueven la sustentabilidad medioambiental al utilizar recursos naturales al alcance de la población.
  7. Por último, pero no menos importante, existe una trasferencia de tecnología que genera capacidades propias de construcción garantizando la construcción de una vivienda adecuada a sus necesidades a la vez que evita la necesidad de contratar a una empresa privada.

 

Referencias:

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  7. SEDATU (2018), Censo de Viviendas Dañadas por los Sismos del Mes de Septiembre de 2017, recuperado de: http://transparencia.sedatu.gob.mx/
  8. SNET (2004), Sismos en El Salvador 1900-2001: contexto. Recuperado de: http://www.snet.gob.sv/Riesgo/analisis/SISMOSELSALVADORyCA.pdf, Servicio Nacional de Estudios Territoriales, El Salvador.

[1] Bloque sólido de tierra.

[2] Técnica mixta de madera- bambú- tierra.

*Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y especialista en Desarrollo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Líneas de investigación: desarrollo social y cooperación en la región mesoamericana.

Paper: La cooperación horizontal entre Argentina y Haití

La cooperación horizontal entre Argentina y Haití en materia de seguridad alimentaria: el caso del Programa de Autoproducción de Alimentos Frescos (ProHuerta) en Haití

Por: Michelle Ruiz Valdes*

Resumen

El objetivo de este artículo es brindar un marco analítico de la cooperación horizontal que observa la calidad de las relaciones y que da cuenta de su naturaleza intermitente y multinivel a partir de su aplicación a una acción de cooperación en particular. Para este caso, se estudia al Programa de Autoproducción de Alimentos Frescos (ProHuerta) en Haití.[1]

Palabras clave: Cooperación horizontal, Argentina, Haití, Seguridad Alimentaría, Prohuerta.

Una ruta analítica intermitente y multinivel de la cooperación horizontal   

En el marco de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) se han realizado esfuerzos, tanto académicos como institucionales, que se han centrado en el análisis de las modalidades de la cooperación, como la Cooperación Norte-Sur (CNS) y la Cooperación Sur-Sur (CSS), para distinguir sus principios orientadores. Mientras que la CNS se asocia con dinámicas verticales, en la CSS se sobreentiende que la horizontalidad es uno de sus principios rectores.

A pesar del sobreentendimiento de la horizontalidad en la CSS, es necesario cuestionar su validez en el mundo de las prácticas y más allá de los discursos, debido a que, también, se pueden presenciar dinámicas de subordinación en esta modalidad de la CID (Pereyra, 2016; Ruiz, 2018). Asimismo, vale la pena reflexionar sobre la manera en que la horizontalidad ha sido estudiada en los procesos de cooperación. En este sentido, la horizontalidad ha sido estudiada, principalmente, en los márgenes de la CSS, pero también se han desarrollado aportes que trascienden lo Sur-Sur. Estos últimos aportes se vinculan con el hecho de que la horizontalidad puede estar presente en otras modalidades de la cooperación, como la CNS (Ruiz, 2018).

La horizontalidad, en los márgenes de la CSS, ha sido entendida como aquellas “relaciones de cooperación que no son verticales, que se establecen voluntariamente y sin condicionalidades ni imposiciones de ningún tipo. Las decisiones se toman por consenso y los actores se articulan para llevar a cabo las actuaciones que son adaptadas a la realidad del socio receptor” (Aguilar, 2015, p. 6). Por su parte, la horizontalidad, en el marco de los abordajes que trascienden lo Sur-Sur, ha sido entendida como “toda relación en la que dos o más actores trabajan de manera conjunta para gestionar acciones que se adaptan a sus realidades y generan beneficios recíprocos” (Ruiz, 2018, p. 20).[2] A continuación se presenta un esquema que da cuenta de los elementos analíticos que forman parte de esta segunda aproximación.

                

Para este artículo, se retoma esta segunda aproximación, la cual fue presentada en la tesis de maestría titulada La cooperación entre Argentina y Haití en materia de seguridad alimentaria, ¿Una experiencia de cooperación horizontal?: El caso del Programa de Autoproducción de Alimentos Frescos (ProHuerta) en Haití (2018), ya que observa la acción conjunta a lo largo de las etapas del ciclo de proyecto (identificación, negociación y formulación, implementación y monitoreo, y evaluación y seguimiento) y, conserva la naturaleza bidireccional de la horizontalidad tanto en la adaptación de las acciones a las realidades de cada uno de los socios como en los resultados que se pueden obtener en términos de desarrollo, fortalecimiento de capacidades, posicionamiento internacional y/o alianzas internacionales.

De igual manera, este referente analítico ofrece la oportunidad de analizar la calidad de las interacciones entre diversos actores independientemente de su nivel de desarrollo o de la modalidad de cooperación. La calidad de las interacciones entre diversos actores, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, orienta el pensamiento hacia la mirada multinivel de la cooperación horizontal, debido a que las relaciones se pueden construir en un nivel multilateral, bilateral y/o triangular, así como en un nivel político, institucional-operacional, técnico-operacional y social.

Asimismo, esta aproximación analítica favorece el entendimiento de la cooperación como un proceso en continua construcción y en el que intervienen factores vinculados con lo que sucede al interior de las interacciones (disonancia de enfoques, disponibilidad de recursos y lógicas de actuación) y ligados con situaciones externas o del contexto (desastres naturales, períodos de inestabilidad política y alternancias políticas).

 

Los factores antes mencionados influyen en la continuidad y/o discontinuidad de las interacciones. La discontinuidad referida es observada a través de la intermitencia de la cooperación, la cual es entendida como “aquella cualidad de una relación que se caracteriza por períodos de no interrupción y por etapas que reflejan irregularidades e, inclusive, el cese de las interacciones entre dos o más actores” (Ruiz, 2018, p. 56).

Por último, este marco analítico no es inflexible, al contrario se busca su mejora a través de su aplicación y/o adaptación a otras experiencias de cooperación. Para este caso, la acción de cooperación que exploró su aplicación fue el programa entre Argentina y Haití en materia de seguridad alimentaria mejor conocido como ProHuerta. A continuación, se presentan los hallazgos identificados.

 

 

El Programa de Autoproducción de Alimentos Frescos (ProHuerta) en Haití desde un enfoque de cooperación horizontal  

Los lazos entre Argentina y Haití se caracterizan por sus vínculos no gubernamentales y gubernamentales. Mientras que en los vínculos no gubernamentales se destacan los diálogos entre movimientos populares e instituciones académicas para cuestionar el intervencionismo en Haití, en los segundos, se aprecia la participación de Argentina en la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH)[3] y la firma de convenios y acuerdos, tales como el Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica (1980) y el Acuerdo de Cooperación Comercial, Económica y Financiera (1984). Estos marcos han contribuido con los procesos de institucionalización de la cooperación bilateral, asimismo, han ofrecido pautas para entender las relaciones entre estos dos actores a través de la horizontalidad y de los beneficios recíprocos.

La participación de Argentina en la MINUSTAH (2004) dinamizó las relaciones de cooperación entre Argentina y Haití, las cuales se han desarrollado bajo esquemas de vinculación bilateral, pero también triangular y, se han enfocado en temas económicos, de fortalecimiento institucional, de derechos humanos y en materia de seguridad alimentaria. En este último, se ubica al ProHuerta, el cual se caracterizó por ser  una acción de larga duración (2005-2016), característica que no garantizó, en la práctica, la apropiación del programa por parte del gobierno y de las instituciones-operacionales de Haití. De acuerdo con el marco analítico propuesto de cooperación horizontal, el ProHuerta se insertó en un modelo de cooperación horizontal multinivel e intermitente a lo largo del ciclo de proyecto.

Fue multinivel por su composición actoral heterogénea. En la gestión del ProHuerta se involucraron, por etapas, a una diversidad de actores en un nivel político, institucional-operacional, técnico-operacional y social. De igual manera, las interacciones se desarrollaron de manera bilateral y triangular. El contacto con otros actores permitió obtener información de base, establecer comunicación con otras instituciones estratégicas con presencia en Haití y complementar recursos financieros, logísticos, humanos, materiales y técnicos. Esta complementariedad no siempre estuvo adaptada a las realidades del socio receptor (Haití), ya que el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR) llegó a asumir compromisos que no se adecuaban a sus capacidades financieras.

En este sentido, la complementariedad puede no ser una realidad cuando los actores han establecido objetivos ambiciosos o, bien, cuando se han comprometido con responsabilidades que no coinciden con sus capacidades reales en términos institucionales, financieros, humanos, materiales y logísticos.

A nivel bilateral, se distinguieron los actores siguientes para el caso de Argentina: Embajada de Argentina en Haití, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Ministerio de la Defensa y la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (FECOAGRO). Para el caso de Haití, se apreciaron los actores siguientes: MARNDR, Ministerio de Medio Ambiente (MDE), Direcciones Departamentales Agrícolas (DDAs, por sus siglas en francés), Oficinas Agrícolas Comunales (BACs, por sus siglas en francés),[4] Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSA), Servicio Nacional de Semillas (SNS), promotores, familias y organizaciones no gubernamentales, tales como, la Asociación de Productores de Hortalizas Orgánicas de Kenscoff (APLOK).

A  nivel triangular, se establecieron vínculos con países (España, Canadá y Japón), organizaciones no gubernamentales y organismos regionales e internacionales: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Instituto Nacional Democrático (NDI, por sus siglas en inglés), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Al estudiar al ProHuerta Haití a partir de sus modalidades triangulares, es posible detectar que esta iniciativa de cooperación no sólo se trató de una experiencia de cooperación, sino de varias. Cada una de ellas significó una oportunidad para fortalecer capacidades de cooperación a través de la vinculación con diferentes socios, pero al mismo tiempo, supuso complejidades que afectaron o, bien, interrumpieron su gestión e, inclusive, limitaron la participación rectora tanto del primer oferente (Argentina) como del socio receptor (Haití) y se llegaron a presenciar patrones unilaterales y condicionalidades al momento de utilizar determinados criterios para la realización de evaluaciones. A pesar de la participación de segundos oferentes, este estudio se concentró en aplicar el marco analítico al caso del primer oferente (Argentina) y del socio receptor (Haití). Lo anterior, da pautas para analizar en futuras investigaciones las experiencias ProHuertas en territorio haitiano; ello también, permitiría identificar aquellos factores que contribuyen o inhiben la gestión de la cooperación triangular en el mundo de las prácticas.

En lo que respecta a la cualidad intermitente, se observa que las dimensiones analíticas propuestas de la cooperación horizontal no se presentaron de manera continua en el ciclo del ProHuerta. Las irregularidades mantienen una relación con la estructura de gestión diseñada, con la disonancia de enfoques, las barreas lingüísticas y las alternancias institucionales, así como por factores externos, entre los que destacan las alternancias políticas y los desastres naturales. Es importante mencionar, que la intermitencia debe ser observada tomando en cuenta los niveles de interacción (político, institucional-operacional, técnico-operacional y social).

Para el caso de la primera dimensión (trabajo conjunto), se observó que la participación activa fue limitada tanto para Argentina como para Haití. La ausencia de un punto focal técnico permanente en la Embajada de Argentina en Haití y la traducción de documentos del francés al español dificultaban la toma de decisiones por consenso. El trabajo conjunto, además, se vio entorpecido por las alternancias institucionales argentinas, particularmente en el MDS, en el INTA y en su Embajada.[5]

En el caso de Haití, no existía un interés real por el enfoque del ProHuerta. Mientas que esta iniciativa de cooperación en materia de seguridad alimentaria promovía un enfoque agroecológico, en las instituciones haitianas e, inclusive, en el nivel social persistía un enfoque productivista y de uso de fertilizantes. La disonancia de enfoques y la diversidad de prioridades obstaculizaron la participación activa de las instituciones-operacionales haitianas. Esta participación discontinua, también, fue ocasionada por las lógicas de actuación de terceros actores, como el PNUD, quien operó bajo el criterio de proyectos de implementación directa, esto es, que el PNUD asumió la responsabilidad global de la ejecución (Duval y Berut, 2016).

En lo que respecta al reconocimiento de capacidades, se distinguió una apertura por parte de los técnicos argentinos para reconocer las capacidades y opiniones de sus contrapartes técnicas haitianas, estas opiniones fueron atendidas y evidenciadas al momento de adecuar, conjuntamente, el material didáctico a las realidades haitianas. La adaptación, igualmente, se dio en el sentido de los cursos que se organizaron en Argentina para la capacitación del personal técnico haitiano. Los cursos se llevaron cabo en Tucumán y Santiago del Estero, ambos lugares comparten similitudes con el contexto haitiano. A pesar de estos elementos positivos, se apreció que el ProHuerta no se adecuó, en su totalidad, a las realidades institucionales y humanas de Argentina, así como a las realidades institucionales, financieras, sociales y ambientales de Haití. Con respecto a la falta de una adecuación a las realidades ambientales, se observaron decisiones reactivas y no preventivas.

Finalmente, en términos de beneficios recíprocos, el ProHuerta sirvió como una plataforma para posicionar a la República de Argentina en temas de seguridad alimentaria a nivel internacional, por su parte, para Haití, no significó un cambio de paradigma en la manera de hacer cooperación, puesto que no contribuyó con un desarrollo autónomo.

Conclusiones:

El esquema analítico propuesto para el estudio de la cooperación horizontal “tiene el valor de poder ser trasladado, adaptado o mejorado a otros casos de estudio” (Ruiz, 2018, p. 231). Con respecto a las adecuaciones, valdría la pena cuestionar la pertinencia de abordar a la intermitencia y a la peculiaridad multinivel de la cooperación a través de un concepto que integre ambos fenómenos: la intermitencia multinivel.

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[1] Los hallazgos aquí presentados se desprenden de la tesis de maestría titulada (2018): La cooperación entre Argentina y Haití en materia de seguridad alimentaria, ¿Una experiencia de cooperación horizontal?: El caso del Programa de Autoproducción de Alimentos Frescos (ProHuerta) en Haití.

[2] Este entendimiento se construyó a partir de elementos de algunas teorías de las relaciones internacionales, como el constructivismo social y el neoliberalismo institucional, de la gobernanza, de la sociología y de la pedagogía crítica, esta última al considerar en su análisis al aprendizaje dialógico.

[3] Establecida por la Resolución 1542 (30 de abril de 2004) del CSNU.

[4] “Tanto las Direcciones Departamentales Agrícolas (DDAs) como las Oficinas Agrícolas Comunales (BACs) son estructuras administrativas y técnicas descentralizadas del Ministerio de Agricultura de Haití” (citado en Ruiz, 2018, p. 129).

[5] Las alternancias institucionales, igualmente, se presentaron para el caso de Haití y de algunos segundos oferentes.

Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora e internacionalista por la Universidad del Valle de México (UVM).

 

Paper: Acciones de la Estrategia de Resiliencia de la CDMX

Acciones de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México en materia de cooperación internacional y resiliencia urbana

Por: María Guadalupe Martínez Hernández*

Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México

Resumen

La cooperación internacional para el desarrollo se lleva a cabo en un contexto en el cual, los países desarrollados ofrecen cooperación técnica y científica a los países subdesarrollados. En los últimos 15 años dicha cooperación ha visto como prioritaria la planeación urbana, especialmente en temas vinculados al desarrollo sostenible y la resiliencia.

La Ciudad de México, al igual que otras ciudades en América Latina, se encuentra expuesta a diferentes tipos de riesgos: ambientales y antropogénicos. Derivado de lo anterior, en el presente texto se abordan algunas de las acciones realizadas a través de la cooperación internacional en materia de resiliencia urbana, enmarcadas en la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México; misma que sirve como un instrumento de política pública, ejecutadas por medio de la recién creada Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México.

En el documento se describen los Principios de Resiliencia como parte de la base teórica de la estrategia, para el desarrollo e implementación de proyectos que dan sustento a la política pública. Así como, se presentan tres acciones iniciadas de la Agencia de Resiliencia para mejorar las condiciones de la ciudad ante impactos como sismos y en promoción de la [1] comunitaria.

Palabras clave: Cooperación internacional para el desarrollo, desarrollo urbano, resiliencia urbana, Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, Principios de Resiliencia.

Introducción

Alrededor del mundo, la cooperación internacional para el desarrollo ha integrado organizaciones y organismos de la sociedad civil para desplegar acciones más amplias bajo manifestaciones de ayuda humanitaria, formación de recursos humanos, cooperación técnica y científica (Fischer, 2014, pág. 32). En el marco de la cooperación  internacional, es de gran importancia alcanzar metas de desarrollo ante los retos económicos, sociales y ambientales contemporáneos que se viven a nivel global (AGCID, 2018).

A principios del nuevo milenio la Organización de Naciones Unidas (ONU) efectuó algunos encuentros y estudios tendientes a generar debates y consensos en torno a nuevas directrices del desarrollo los cuales derivaron en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que cumplieron su periodo de realización al año 2015. Al finalizar dicho periodo se pone en marcha una nueva agenda  transformadora, la cual se denominó: Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible– Agenda 2030- (Prado, 2014). En México, la cooperación internacional para el desarrollo se gestiona a través de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) y la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México (CGAI).

En la actualidad, la construcción de resiliencia urbana en las ciudades es una de las directrices para el diseño de políticas públicas, ya que en las urbes se presentan diversos impactos y tensiones[1] que generan desequilibrios en los diferentes sistemas que confluyen dentro de esta. Por estas razones, la introducción de mejores prácticas que se llevan a cabo en otros países, funcionan como un mecanismo de cooperación técnica que influye de manera positiva para mejorar las condiciones de la población, medio ambiente, economía y como mecanismo de fortalecimiento institucional dentro las ciudades.

La Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo con diversos problemas de naturaleza hídrica y de planeación urbana, por lo cual su importancia a nivel nacional y mundial requiere de una constante renovación de sus programas y procedimientos para fomentar una mayor resiliencia urbana. En ese sentido, la Ciudad de México cuenta con la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México que fue elaborada con la colaboración de la organización 100 Ciudades Resilientes (100RC)[2].

A nivel operativo, es el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, la instancia encargada de ejecutar las acciones propuestas dentro de dicha estrategia. La agencia fue institucionalizada como parte del gobierno local el 11 de septiembre de 2017, y tiene como objetivo: coordinar la colaboración entre las dependencias, órganos desconcentrados, político-administrativos y entidades de la administración pública de la Ciudad de México que tengan a su cargo diseño, ejecución de políticas, programas y acciones que contribuyan a la construcción de resiliencia. Dentro de sus facultades se puede incorporar la cooperación de manera técnica y científica a partir de instituciones internacionales, universidades, gobiernos locales, etc.

A partir de estas ideas, este escrito expone la vinculación de la cooperación internacional y la resiliencia urbana en el mediano y largo plazo, desarrollados a través de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México.

Principios de resiliencia urbana y ejes prioritarios integrados en la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México

Los Principios de resiliencia urbana son siete cualidades basadas en el Marco Conceptual de Resiliencia Urbana, estos deben incluir a los grupos más vulnerables, integrarse con esfuerzos continuos, bajo enfoques cualitativos y cuantitativos innovadores y actualizados, con múltiples iniciativas y flexibilidad para adaptarse garantizar la capacidad para abordar distintas necesidades de resiliencia (SEDEMA, 100RC, & ORCDMX, 2016, págs. 45-47).

La resiliencia debe ser inclusiva al tener una colaboración colectiva y cocreativa que incluya a los grupos vulnerables. Al ser sólida tiene como finalidad integrar enfoques cuantitativos y cualitativos que son comúnmente aceptados. Debe ser también ingeniosa ya que requiere de innovación para superar la restricción de los recursos dentro de la ciudad. Le concierne contar con flexibilidad y tener compatibilidad para adaptarse a eventos y cambios imprevistos que puedan surgir, así como estar integrada para gestionar la relación e interdependencias entre iniciativas y en los riesgos a abordar. La redundancia consiste en contar con múltiples iniciativas para garantizar el abordaje de las diversas necesidades de resiliencia. También debe ser reflexiva al estar en constante evolución que permita a las ciudades tomar decisiones basadas en experiencias y en tiempo real (Ibídem, 2016).

Figura 1. Principios de Resiliencia. Elaborado con base en Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México (2016).

La Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México y la cooperación internacional

A raíz del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, el cual impactó de manera severa a los diferentes sistemas de la Ciudad de México, se decidió utilizar cooperación internacional con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias, además de conocer mejores prácticas, entre ciudades que han enfrentado eventos sísmicos similares. Lo anterior se llevó a cabo en colaboración con 100 Ciudades Resilientes y el Gobierno de la ciudad de México, a través la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México. En la actualidad, se tienen tres proyectos en los cuales hay una conjunta entre los entes antes mencionados que además incorporan a su vez a diferentes instituciones internacionales, sector privado, academia y de manera preferencial a la comunidad, lo anterior con la finalidad de fortalecer aspectos como la recuperación post-sismo en una escala barrial. A continuación, se explican de manera detallada dichos proyectos:

 

  • Seminario internacional: Construcción de resiliencia sísmica

En materia de intercambio de conocimiento, se realizó un seminario internacional del 12 al 15 de marzo de 2018 para conocer y explotar iniciativas de construcción de resiliencia sísmica en las ciudades y en los diferentes sistemas que la conforman, aplicando enfoques de mitigación, preparación, respuesta y reconstrucción. Las ciudades invitadas de la red de 100RC fueron: Cali, Christchurch, Colima, Kioto, Los Ángeles, Quito, San Francisco, Vancouver y Wellington, logrando también una colaboración con otros socios de la plataforma de 100RC, miembros del sector público, académico, así como organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. Como resultado de este intercambio se llegaron a acuerdos para el avance en tres temas críticos:

  1. Plan para la infraestructura hídrica ante riesgo sísmico
  2. Programa para la vivienda resiliente enfocado a comunidades vulnerables
  3. Protocolos y estrategias para fomentar la participación de la respuesta ciudadana organizada (SEDEMA, ARCDMX, & 100RC, 2018, págs. 44-47).

 

  • Ciudadanía preparada: Intercambios entre CDMX y San Francisco, California

A partir del Seminario Construyendo Resiliencia Sísmica, se firmó el Acuerdo para Fomento de Resiliencia en comunidades entre San Francisco, Los Ángeles y la Ciudad de México. En tal acuerdo, los gobiernos locales se comprometen a desarrollar un programa de formación y capacitación en el campo de resiliencia a nivel comunitario. Dentro del programa se pretende abordar los temas de organización, respuesta ciudadana y colaboración entre el gobierno y la sociedad civil. La metodología utilizada fue la impartición de talleres a colonias de las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tláhuac para dar a conocer experiencias, acciones y principios básicos utilizados en las experiencias de las ciudades de San Francisco y los Ángeles en relación con la construcción de resiliencia sísmica comunitaria.  Los resultados esperados para dicho proyecto consisten en fortalecer las capacidades de resiliencia en las comunidades seleccionadas: Tlapechico en la Alcaldía Álvaro Obregón, Doctores en Cuauhtémoc, Del Mar en Tláhuac y la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza en Iztapalapa[3] (Ibídem, 2018, págs. 48-49)

  • Cooperación México-Chile en gestión de riesgo en laderas

El Acuerdo de asociación estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile se acordó la creación de un Fondo de Cooperación para financiar la ejecución de proyectos y acciones bilaterales para el desarrollo, motivo por el cual, se aprobó el proyecto “Hacia una comunidad resiliente: Estrategias de gestión de riesgos y vulnerabilidades urbanas en laderas en la Ciudad de México y Santiago”. Dicho proyecto busca fortalecer la resiliencia en las comunidades de ambas ciudades que se encuentran en riesgo por el deslizamiento de laderas, aluviones y desprendimientos. El propósito es reducir el impacto sobre las comunidades y la ciudad, ya que estos repercuten en la pérdida de viviendas, equipamiento urbano y afectación de infraestructuras. Para este proyecto se tiene previsto desarrollo de material cartográfico, geoespacial y análisis catastral del Peñón del Marqués, así como la elaboración de una cartera de acciones que incluya propuestas y alternativas de intervenciones urbanas y de paisaje (Ibídem, 2018, págs. 50-51).

Conclusiones

Las ciudades son núcleos territoriales de gran importancia a nivel mundial los cuáles necesitan de planeación e implementación de acciones que mejoren su crecimiento y desarrollo en diferentes ámbitos. En la actualidad, el tópico resiliencia urbana goza de relevancia al ser un tema innovador que busca generar capacidades adaptativas tanto en la población como en los diferentes sistemas que son parte de una ciudad.  Dado que las ciudades en el mundo tienen diversas asimetrías relacionadas con su historia, cultura, política, economía, etc., estas pueden realizar intercambios con otras ciudades para compartir políticas que han tenido un impacto positivo en los países a los que pertenecen y que por lo tanto podrían funcionar en otras ciudades.

Con base en lo anterior, la cooperación internacional juega un papel muy importante para mejorar las condiciones de las ciudades, ya que la fraternidad y disposición de compartir mejores prácticas fomenta la prosperidad de estas especialmente ante eventos de alto impacto como los desastres naturales. Por estas razones, la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México ha establecido lazos importantes a nivel internacional con diferentes organizaciones públicas y privadas, así como los gobiernos estatales y municipales, en especial de Estados Unidos, con el objetivo de promover avances en el contexto de ciudad resiliente, especialmente en la coyuntura post-sismo que vive la Ciudad de México. A partir de estas relaciones se encuentran en curso tres proyectos para mejorar la resiliencia a nivel comunitario ya que esta escala es necesaria la intervención de políticas públicas. El desarrollo de estas acciones de resiliencia se ha llevado a cabo durante el transcurso del presente año y los resultados podrán visualizarse en el mediano y largo plazo, una vez que se evalúen.

Referencias

AGCID. (20 de Agosto de 2018). Obtenido de Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo: https://www.agci.cl/index.php/glosario/171-c/256-cooperacion-bilateral-y-bimultilateral

AGCID. (20 de Agosto de 2018). Obtenido de Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo: https://www.agci.cl/index.php/que-es-la-cooperacion

AMEXCID. (20 de Agosto de 2018). Obtenido de Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo: https://www.gob.mx/amexcid/que-hacemos

Diccionario de Cooperación Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. (21 de Agosto de 2018). Obtenido de http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/41

Fischer, B. F. (2014). Breve Historia de la Cooperación Internacional en México (1900-2000). Revista Mexicana de Política Exterior, 52.

Naciones Unidas. (20 de Agosto de 2018). Obtenido de http://www.un.org/es/about-un/

Naciones Unidas. (21 de Agosto de 2018). Obtenido de http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html

Naciones Unidas. (21 de Agosto de 2018). Obtenido de http://www.un.org/es/millenniumgoals/

Prado, J. P. (2014). México y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Acciones, contribuciones y propuestas. Puebla: Piso 15 Editores.

SEDEMA, & 100RC, O. (2016). Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México. México.

 

SEDEMA, ARCDMX, & 100RC. (2018). Aprender del sismo para ser más resilientes. Colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Programa 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller. México.

[1] De acuerdo con 100 Ciudades Resilientes (100RC) resiliencia se refiere a la capacidad de supervivencia, adaptación y crecimiento de los individuos, comunidades, empresas y sistemas que interactúan dentro de una ciudad sin importar el tipo de tensiones crónica e impactos agudos que estos experimenten” (100 Ciudades Resilientes).

 

[2] Ver en línea: https://www.resiliencia.cdmx.gob.mx/estrategia-de-resiliencia-cdmx

[3] Las comunidades antes mencionadas fueron seleccionadas ya que se encuentran expuestas a diferentes riesgos como sismos, deslaves e inundaciones.

* Jefatura de Unidad Departamental de Investigación. Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México.

 

Paper: La CID con enfoque psicosocial.

La cooperación internacional para el desarrollo con enfoque psicosocial. El caso de familiares de migrantes desaparecidos y migrantes retornados con discapacidad física en Honduras.

Por: Paola Andrea Acosta Hernández*

Resumen
La complejidad del mundo actual junto a las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales adversas que se presentan día con día han fomentado el incremento de la migración de las personas. La migración trae muchas consecuencias no sólo para quienes la ejercen sino también para la comunidad receptora, para la familia del migrante, para las autoridades y para otros muchos actores de lo internacional que cada vez buscan incidir positivamente ante un fenómeno que no se puede controlar para así, garantizar la integridad en todo sentido de quienes tienen necesidad de abandonar su lugar de origen. Este artículo se enfoca a la asociación Médicos del Mundo y su actuar mediante la cooperación internacional para asistir a los migrantes en su camino hacia una vida mejor.

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https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/el-aporte-de-plan-ceibal-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible