En México la desigualdad se ha acentuado de manera significativa, pese a que este problema es compartido entre las distintas economías del mundo, el país ocupa los primeros lugares en los índices de desigualdad de los países que conforman la OCDE. En México, al igual que la mayoría de los países del mundo, los efectos del cambio climático se han manifestado e intensificado en las últimas décadas, sin embargo, los impactos ocasionados por los fenómenos climáticos se han marcado de manera diferenciada dadas las condiciones geográficas del país.

Según el Informe “México, propuestas de políticas públicas contra la desigualdad”, realizado por la agrupación Oxfam, el país forma parte del 25% de los países más desiguales del mundo. Según un estudio realizado por el proyecto “ND-Gain Country Index”, de la Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, México se ubica en el lugar 68 de los 181 países vulnerables al cambio climático.

El estudio “La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México”, realizado por Miguel Ángel del Castillo Negrete, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y publicado en 2017, revela que el 1% de la población, acumula una riqueza similar a la del 95% de los mexicanos y dos terceras partes de los bienes y propiedades del país – tierras, empresas, explotaciones mineras o activos financieros – se concentran en las manos del 10% de los habitantes. Los esfuerzos internacionales plasmados en el Acuerdo de Paris de 2015 tienen por objetivo reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para evitar alcanzar los 2 grados Celsius de incremento en la temperatura mundial, sin embargo, las estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierten de las implicaciones para el bienestar de la población que tendría un incremento del 1.5 grados Celsius, incluyendo variaciones en la precipitación, la temperatura y la humedad que incidirán sobre la producción de alimentos y las condiciones de salud, así como cambios en los océanos que afectarán el nivel del mar, la vida marina y las zonas costeras.

La exposición a fenómenos asociados al cambio climático es muy heterogénea en México. Esta asimetría en la exposición interactúa, además, con la variación en la disponibilidad de recursos que la población tiene para adaptarse y, en consecuencia, tiende a profundizar las desigualdades sociales preexistentes en el territorio, y entre hombres y mujeres.

De acuerdo con los planteamientos del “Informe de Desigualdades en México” presentado por el Colegio de México, A.C. en 2018, ambos temas han sido abordados y analizados extensamente de manera separada y sólo parcialmente de manera conjunta. Aunque parezcan temas independientes, dadas las características de los puntos que dan origen a ambos contextos, es fundamental partir desde una visión integral que articule la importancia de la reducción de la desigualdad social para reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

En promedio, en la OCDE, sólo con tres meses de activo financiero cuentan las familias para hacer frente a un fenómeno natural catastrófico. En México el 70% de las familias (según datos de la misma OCDE) no están preparadas para hacer frente a los efectos del cambio climático dadas las desventajas económicas, sociales e institucionales. El incremento en las desventajas sociales es proporcional al incremento en los riesgos que afrontan, ya que carecen de mecanismos de protección y adaptación, perdidas relativas mayores y efectos más duraderos.

La nueva concepción del Desarrollo Sostenible se originó por el consenso de la necesidad de articular políticas integrales que remarquen la importancia de cada uno de los temas para el cumplimiento de los demás. Por ello, la distribución de los recursos públicos y privados destinados a la adaptación, determinarán las desigualdades en el futuro. Hoy más que nunca en México, es imperativo aliviar la pobreza de las comunidades vulnerables al cambio climático y replantear una política social, no asistencialista, que se articule con medidas específicas para que los hogares puedan afrontar los riesgos ambientales en el corto y largo plazo.