Migraciones y procesos de codesarrollo

Migraciones y procesos de codesarrollo.  Primeros avances, aproximación al trabajo de campo y continuos replanteamientos[1]

Alba Vallés Marugán*

 

Resumen: Con esta investigación se pretende avanzar en el estudio del codesarrollo, entendido como vínculo entre fenómeno migratorio y cooperación al desarrollo, a partir del caso concreto de la migración senegalesa en Granada, España, y mediante la aplicación de una doble metodología: análisis documental de la política española de cooperación para el desarrollo, y entrevistas semi-estructuradas con diferentes agentes, sobresaliendo el papel de los/as migrantes como protagonistas de estos procesos.

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Introducción

En este trabajo se exponen los principales avances de la investigación de tesis doctoral de la autora, la cual se centra en el estudio del codesarrollo, entendido como una forma de vincular el fenómeno migratorio y el desarrollo. Asimismo, entendiendo el codesarrollo como un vínculo transnacional entre sociedad de origen y receptora, se torna preciso trabajar en ambos lados, analizando las diferentes prácticas transnacionales llevadas a cabo por los y las migrantes, actores fundamentales, que también plasmen el vínculo existente entre el desarrollo y el fenómeno migratorio.

Varios son los motivos que, consideramos, tornan el codesarrollo en una temática de gran interés y relevancia, no solo en el ámbito académico, sino también a nivel práctico, por sus enormes implicaciones sociopolíticas, tanto en materia de convivencia y relaciones con las personas migrantes, como en el ámbito de las políticas migratorias y de cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido, pese a los diferentes trabajos de investigación llevados a cabo en los últimos 20 años en materia de codesarrollo, tanto a nivel internacional como en España, éste constituye todavía un concepto complejo y, sobre todo, ambiguo y polisémico, carente de una definición clara y unitaria. Con esta investigación, pretendemos seguir concretando esta noción, aportando un nuevo enfoque y explorando los distintos significados que otorgan al codesarrollo los diferentes actores implicados en el contexto específico de la migración senegalesa en España.

Así, tras plantear los objetivos perseguidos con esta investigación, en primer lugar, se realizará una breve aproximación teórica al concepto de codesarrollo. Seguidamente, se expondrán los avances alcanzados con base en la implementación del análisis documental de los principales documentos de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Finalmente, se trazarán algunas pinceladas de las que están siendo las primeras discusiones o reflexiones con base en los aprendizajes vividos a lo largo de este proceso que es el construir una tesis doctoral.

Con todo ello, se pretende seguir avanzando en el estudio del codesarrollo, entendiéndolo como un vínculo entre fenómeno migratorio y cooperación al desarrollo, plasmado en acciones concretas tanto en las sociedades emisoras como en las receptoras, en las cuales los/as migrantes se erigen como principales protagonistas y agentes de desarrollo.

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Objetivos de investigación

Desde el inicio del proceso investigador, éste fue planteado de modo en que se fuera construyendo de forma continua y diacrónica, según los descubrimientos y aprendizajes adquiridos. Sin embargo, con tal de no desviarse de los intereses centrales de la investigación, y tras varias reflexiones y planteamientos, la gran pregunta planteada como eje vertebrador quedaría concretada de la siguiente forma: ¿de qué forma se combinan (sea en contraposición o complementariedad) el discurso institucional oficial y las prácticas concretas de los y las migrantes para configurar el concepto de codesarrollo en el contexto concreto de la migración senegalesa en Granada? Así, pretendemos analizar el concepto de codesarrollo en su articulación como vínculo entre migraciones y desarrollo, y entre origen y destino, en el contexto concreto de la migración senegalesa en Granada. Para ello, analizamos las prácticas de codesarrollo llevadas a cabo por los migrantes senegaleses y por otros agentes implicados, y comparamos los resultados con el discurso institucional del codesarrollo.

Con todo ello, se han planteado tres grandes objetivos generales (en adelante OG): el OG1 se centra en comparar el discurso institucional del codesarrollo con los discursos, prácticas y percepciones de las personas migrantes. El OG2, en analizar el papel y las aportaciones de los distintos agentes implicados, teniendo especial relevancia en este caso las entidades del Tercer Sector vinculadas de algún modo a la presencia de personas de origen senegalés en la ciudad de Granada. Por último, el OG3 se centra en documentar la noción de codesarrollo a partir de las diferentes aportaciones teóricas y prácticas, con tal de construir una nueva definición y vislumbrar los elementos clave de su futuro.

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Breve aproximación teórica

Como se anunciaba, se pretende seguir cuestionando la noción de codesarrollo, entendida, a grandes rasgos como la forma en que se vincula fenómeno migratorio y desarrollo, ocupando por tanto un lugar esencial la cooperación internacional para el desarrollo (Lacomba, 2012). Asimismo, el codesarrollo también constituye un vínculo entre la sociedad de origen y la sociedad receptora de los flujos migratorios, abogando por una relación entre Estados más basada en la horizontalidad, bidireccionalidad y beneficio mutuo (Giménez et al., 2006), teniendo en todo esto un papel esencial los y las migrantes, considerados agentes de desarrollo.

El concepto de codesarrollo se popularizó a finales de los años noventa, a partir de su planteamiento político en Francia, y en España tuvo su momento de auge en la primera década de los 2000, en que proliferaron tanto estudios, tesis e investigaciones, como multitud de proyectos y prácticas, tanto de cooperación como vinculados a la política migratoria y/o de integración (Lacomba, 2010). Sin embargo, dado que el codesarrollo engloba acciones que van desde el envío de remesas, hasta el retorno y la inversión en origen, muchas de las prácticas que son implementadas por los y las migrantes pueden ser consideradas ‘de codesarrollo’ desde antes de que fueran etiquetadas como tales (Aboussi, 2015).

Sin embargo, uno de los problemas del codesarrollo es que constituye un concepto que abarca multitud de prácticas, acciones y planteamientos diferentes, y que pese al tiempo transcurrido no ha acabado de concretarse (Garreta y Guillem, 2010). Lo que, es más, tras ese auge, en los últimos años ha sido casi descartado de las políticas de cooperación y ya no proliferan tantas investigaciones ni proyectos de codesarrollo. Y, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué ya no interesa el codesarrollo? Puede que, por la caída del interés por la propia cooperación, a la vez que se ha modificado la consideración social respecto al fenómeno migratorio y el beneficio que puedan aportar estas personas, sobre todo tras la crisis económica y estructural vivida en los últimos años. Además, ¿por qué sigue siendo un concepto ambiguo? ¿No interesa tener una definición cerrada, de modo que pueda abarcar cualquier acción o discurso que vincule migraciones y desarrollo? O, simplemente, ¿ya no interesa el codesarrollo?

Por otra parte, el codesarrollo se vincula con la transnacionalidad (Aboussi, 2012), al fomentar vínculos que rebasan las fronteras nacionales, en una supuesta relación horizontal y de ayuda mutua, siendo los migrantes, de nuevo, los actores clave. En este sentido, en el codesarrollo, los y las migrantes se hallan polisituados, y se erigen como agentes plurales y transnacionales, por quienes pasa el vínculo entre sociedad de origen y sociedad receptora. Además, tanto el transnacionalismo como el codesarrollo y el vínculo migraciones-desarrollo constituyen procesos dinámicos que se hayan estrechamente conectados (Gatugu, 2008). La perspectiva transnacional nos aporta una nueva forma de comprender las migraciones internacionales, y en concreto, el ‘transnacionalismo desde abajo’ (Al-Ali y Koser, 2002), centrado en las relaciones entre Estados donde tienen lugar las vidas cotidianas de las personas, por lo que parece relevante tener en cuenta la propuesta de Glick-Schiller y Faist (2010) de entender el vínculo entre migraciones y desarrollo atravesado por los procesos transnacionales.

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Primeros resultados de investigación: análisis documental

Con el objetivo de analizar el discurso institucional del codesarrollo, una de las metodologías empleadas ha sido el análisis documental de los principales documentos de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Para ello nos hemos fijado en cómo se abordan el fenómeno migratorio, por un lado, y el codesarrollo, por el otro, en los documentos recogidos en el siguiente cuadro:

DOCUMENTO

AÑOS

Ley 23/ 1998 de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo

1998

Planes Directores de la Cooperación Española (PD)

I (2001-2004), II (2005-2008), III (2009-2012), IV (2013-2016), V (2018-2021)

Planes Anuales de Cooperación Internacional (PACI)

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Comunicaciones anuales

2013, 2014, 2015, 2019

CUADRO 1. Documentos analizados. Elaboración propia

Es pertinente destacar algunos aspectos: primero, que en la Ley de cooperación no se hace mención alguna ni al fenómeno migratorio y su posible vínculo con el desarrollo, ni a la noción de codesarrollo. Segundo, los PD son cuatrienales y marcan las pautas a seguir por los PACI. Como podemos ver, el último y actual PD ha sido publicado con dos años de demora, y en cuanto a los PACI, solo hemos podido acceder a los planes completos hasta el del año 2012, pudiendo acceder en años posteriores únicamente a sus comunicaciones. Además, no ha habido PACI en los años 2016, 2017 y 2018. Todos los documentos están disponibles en la página web de la AECID[2].

Tras un primer análisis de estos documentos, podemos comprobar que el discurso institucional sobre el codesarrollo, así como la percepción sobre el fenómeno migratorio, han ido evolucionando a lo largo de los años, en consonancia con los cambios políticos, económicos y sociales de la sociedad española. La migración suele ser presentada como una problemática o incluso un desafío social que es posible abordar desde la cooperación al desarrollo, basándose en la premisa de que el desarrollo económico y social de los lugares de origen frenará la necesidad o la voluntad de emigrar de estas personas.

En un primer momento, se prioriza la gestión migratoria y la ayuda es condicionada a la misma a partir de un discurso preventivo de las migraciones. Posteriormente, se defiende la riqueza que puede conllevar la presencia de personas migrantes, tanto para las propias sociedades de origen como para la sociedad española, lo que viene acompañado, en el campo del codesarrollo, de una consideración de los migrantes como agentes transnacionales de desarrollo. Las personas migrantes resultaban esenciales no solo para promover el desarrollo en origen (aunque los planes suelen centrarse en este aspecto), sino para favorecer la integración en destino, fomentando la creación de sociedades interculturales.

Sin embargo, el discurso vuelve a sus orígenes, poniendo de relieve el papel de las remesas y el retorno, y buscando fomentar, mediante la cooperación, la migración legal, segura y ordenada, tal como se dicta desde orientaciones internacionales. Además, el codesarrollo no siempre ha estado presente en estos documentos, sino en un periodo concreto en que la propia cooperación vivió un gran auge, y en que la migración era considerada una fuente de riqueza y beneficio mutuo.

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A modo conclusión

Hasta el momento actual, solo ha sido posible aproximarse al análisis del discurso institucional del codesarrollo tal y como este aparece en la política española de cooperación internacional para el desarrollo. Sin embargo, de cara a comparar dicho discurso con la realidad práctica y las percepciones de las personas migrantes, esta metodología debe ser combinada con la realización de entrevistas semi-estructuradas, encuentros y observación participante con diferentes agentes asociados a estos procesos. De todos modos, podemos sacar a relucir las primeras reflexiones surgidas a partir del trabajo realizado.

Primero, en el análisis del discurso institucional del codesarrollo tal y como se presenta en las políticas migratorias y las políticas de cooperación en España (así como el vínculo entre ambas), se debe tener en cuenta que España se erige como sociedad receptora de flujos provenientes del Sur Global a la vez que como Estado donante de ayudas al desarrollo, lo que marcará la forma en que se conciba, defina y aplique el codesarrollo.

Segundo, resulta esencial conocer las prácticas concretas de las personas migrantes que podemos catalogar como ‘de codesarrollo’, tanto aquí como allí, y ver cómo las entienden ellos y ellas. Además, ver qué tipo de acciones llevan a cabo en Granada y si las mismas pueden relacionarse con el fomento de la convivencia y la inclusión y la participación en diferentes acciones colectivas. Al comparar estas acciones prácticas y los discursos cotidianos de las personas migrantes, pareciera que el discurso institucional se centra más en la gestión migratoria, mientras que las prácticas de los y las migrantes buscan dar respuesta a las necesidades de sus familias, grupos y comunidad de origen.

Tercero, y en estrecha relación, conocer sus percepciones del codesarrollo y las ideas que puedan tener del cambio, tanto respecto al ‘desarrollo’ de sus lugares de origen como a su propia integración y vida en Granada. Resulta interesante ver así, qué ocurre con las diferentes nociones y términos que vinculan migraciones y desarrollo. ¿Quién usa estos términos? ¿De dónde surgen? ¿Se adaptan a lo que hacen finalmente las personas?

Todo ello nos va a permitir obtener y comparar varios discursos sobre el codesarrollo, con tal de dilucidar sus elementos centrales y aportar un grano de arena a la clarificación del término, intentando favorecer su utilidad en las acciones concretas de los y las migrantes, tanto respecto a sus lugares de origen, como en su vida cotidiana en la sociedad en la que viven.

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Referencias bibliográficas

Aboussi, M. (2012). El codesarrollo ante los retos actuales del transnacionalismo, gobernanza y ciudadanía: aplicaciones al cao Hispano-Marroquí. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Granada.

Aboussi, M. (2015). “Codesarrollo institucional versus codesarrollo académico: enfoques preventivos, politizados e idealistas de una idea con potenciales de desarrollo compartido” en García, F.J; Megías, A. y Ortega, F. (Eds.) Actas del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España (Granada, 16-18 de septiembre de 2015). (pp. S28/3–S28/10). Granada: Instituto de Migraciones.

Al-Ali, N. y Koser, K. (2002) “Transnationalism, international migration and home” en Al-Ali, N. y Koser, K. (ed.) New Approaches to Migration? Transnational communities and the transformation of home (pp. 1-14). London: Routledge.

Garreta J. y Guillem, X. (2010). “Introducción. Migraciones y codesarrollo” en Solé, C. (coord.) Migraciones y desarrollo. El codesarrollo: del discurso a la práctica. (pp. 9-19). Barcelona: Anthropos.

Gatugu, J. (2008) “Migrations, transfers et co-développement: les Africains d’Europe” en Manço, A. (ed.) Valorisation des compétences et co-développement (pp. 145-169). Africain(e)s qualifié(e)s en immigration. Paris: L’Harmattan.

Giménez, C., Martínez, J.L., Fernández, M. y Cortés, A. (2006). El codesarrollo en España. Protagonistas, discursos y experiencias. Madrid: La Catarata.

Glick-Schiller, N. y Faist, T. (2010). “Introduction: Migration, Development and Social Transformation” en Glick Schiller, Nina y Faist, Thomas (eds.) Migration, Development and Transnationalization (pp. 1-21). EEUU: Berghahn Books.

Lacomba, J. (2010) “El codesarrollo: debilidades y fortalezas de una idea y su práctica” en Solé, C. (coord.) Migraciones y desarrollo. El codesarrollo: del discurso a la práctica. (pp. 37-57). Barcelona: Anthropos.

Lacomba, J. (2012) “El codesarrollo visto desde el Mediterráneo. Lecciones a partir del caso marroquí” en Aboussi, M. (coord.) El codesarrollo a debate. (pp. 27-33). Granada: Editorial Comares.

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[1] Este paper ha sido elaborado a partir de la comunicación presentada en el IV Seminario Doctoral de Investigación en Estudios Migratorios (24 al 26 de junio de 2019, Granada).

[2] Disponible en http://www.aecid.es/ES [último acceso junio de 2019].

*Investigadora predoctoral del Instituto de Migraciones (UGR) con contrato FPU (16/03409) del MECD (Gobierno de España), en el Departamento de Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras (UGR). Graduada en Antropología Social y Cultural (UCV) con Máster en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGs (UGR). Investigación doctoral en curso en el Programa de Estudios Migratorios (UGR), sobre procesos de codesarrollo, migraciones africanas y cooperación para el desarrollo. Contacto: albavalles@ugr.es

Nueva Zelandia y las energías renovables

Nueva Zelandia y la Iniciativa Regional sobre energías renovables en Oceanía: Logros y retos para 2020.

Francisco Javier Leyva Ortiz*

 

Resumen

En el presente trabajo, se describe cómo ha sido la cooperación neozelandesa en las islas del Pacífico Sur a lo largo de la historia y cómo se empieza a apostar por una Iniciativa Regional, en específico, en energías renovables, a partir de la Cumbre del Pacífico sobre Energía en 2013. Se analizan sus resultados en el primer trienio (2016) y cuáles son los motivos de dicho país para apostarle a este programa, tanto en desarrollo sostenible, como de inversión, en miras de que en 2020 se cumple su segunda etapa.

Palabras clave: Nueva Zelandia; Regional; Energías renovables; cooperación; desarrollo sostenible; Agenda 2030, ODS.

 

Introducción

Una de las principales y más recientes estrategias que ha usado Nueva Zelandia en la cooperación internacional para el desarrollo (CID) de Oceanía, es la instalación de tecnología productora de energías renovables. En 2013, se organizó en Vancouver, Canadá, the Pacific Energy Summit (por su traducción, Cumbre del Pacífico sobre Energía) y a partir de este momento, crea una Iniciativa Regional cuya finalidad es convertir al continente en la zona con menos combustibles fósiles en el mundo. Sin embargo, ¿realmente esto es con fines de alcanzar el desarrollo sostenible y mitigar los efectos del cambio climático en la zona?

 

Nueva Zelandia y la CID

Si bien podría parecer que por su situación geográfica, aislada del mundo, tendría un papel similar en la política internacional, cada década, su rol aumenta y se diversifica en todo el mundo. Según Wayne Mapp (2014) “durante sus primeros años de asuntos exteriores de Nueva Zelandia se extendieron a los asuntos exteriores del Reino Unido, pero después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría” (P. 5). Sin embargo, hoy en día, los intereses de la nación kiwi son más independientes y con mayor peso político, especialmente en el Pacífico Sur.

Desde que Nueva Zelanda obtuvo su independencia, ha brindado cooperación internacional para el desarrollo (CID) a los países y territorios de Oceanía, comenzando con sus propios Estados autónomos y territorios (Islas Cook, Niue y Tokelau) y más tarde, la extendió sobre todo el continente. Si bien es cierto que su CID se ha expandido a lo largo y ancho del mundo, dicha región sigue siendo la prioritaria y al mismo tiempo, la de mayor desafío, especialmente ahora, en la lucha contra los efectos del cambio climático.

Las prioridades regionales de la ayuda de Nueva Zelanda se encuentran en el sitio web oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, en su Plan Estratégico del Programa de Ayuda (Aid Program) (2015):

Las asociaciones con países donde tenemos nuestros programas de ayuda más amplios se ven reforzadas por Compromisos Conjuntos para el Desarrollo o documentos equivalentes. Estos compromisos de alto nivel ofrecen una visión integrada de las inversiones en ayuda de Nueva Zelanda, resumen el proceso de diálogo sobre políticas y establecen responsabilidades y resultados mutuos. Nueva Zelanda tiene actualmente esta forma de asociación con las Islas Cook, Indonesia, Kiribati, Niue, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Timor Oriental, Tonga, Tokelau, Tuvalu y Vanuatu. Anticipamos un enfoque similar con Fiji y Myanmar. En Afganistán, Camboya, Laos, Filipinas, Nauru y Vietnam, mantenemos una cartera de ayuda de países específicos. En países de África, América Latina y el Caribe invertimos en iniciativas individuales. En el Pacífico Norte, apoyamos pequeños proyectos. (P. 6).

Ya desde 1947, su primer año como país independiente, apostaba por la cooperación multilateral para brindar apoyo a la zona. Se unió a Australia, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos para formar la Comisión del Pacífico Sur (SPC, por sus siglas en inglés), un organismo regional para promover el desarrollo de la zona. Ahora, en el siglo XXI, el tema de desarrollo en Oceanía ha estado muy vinculado al tema del cambio climático. Según la página oficial de dicho organismo (2019).

SPC se compromete a reforzar la asistencia técnica y la coordinación estratégica para diseñar e implementar proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático en nuestra región en asociación con nuestros miembros y donantes con su Nuestro Programa de Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental (CCES, por sus siglas en inglés).

Para ello, habrá que analizar el tipo de actividades y temas que aborda. El MFAT define doce prioridades de inversión, donde se muestra que “la agricultura y la energía renovable son las prioridades en los próximos años” (MFAT, 2019) así como la promoción de una mejor coordinación entre los donantes en el Pacífico para maximizar el impacto de la ayuda en los próximos años. Pero ¿Por qué esas áreas? Kelly (2011) menciona que:

Muchos años antes de que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se convirtiera en un importante motor para el desarrollo de energía renovable, Nueva Zelanda adoptó tempranamente varias tecnologías de energía alternativa, en particular la hidroelectricidad y la energía geotérmica. Ha alcanzado un nivel del 60% de la generación eléctrica total a partir de dichas fuentes, y ahora persigue un objetivo del 95% de la generación eléctrica a partir de energía renovable, que se alcanzará en quince años. En los últimos años, sin embargo, el desarrollo de las energías renovables se ha retrasado en comparación con otros países, particularmente en campos como la energía eólica. (P. 2501).

En este sentido, cuando se realizó la Cumbre del Pacífico sobre Energía en 2013, el país tomó un importante papel como líder, tanto en la materia, como en la región del Pacífico Sur.

 

Los efectos de la Cumbre del Pacífico sobre Energía

El propósito de dicha Cumbre, según la página oficial, es “forjar la cooperación transpacífica para una nueva era energética” (Pacific Energy Summit, 2019). En la página oficial, se describen los objetivos que surgieron a raíz del evento (2019):

  • Ayudar a los países insulares del Pacífico a avanzar hacia sus objetivos de energía renovable.Ayudar a los países insulares del Pacífico a avanzar hacia sus objetivos de energía renovable.
  • Proporcionar un foro para que los países insulares del Pacífico presenten sus planes y objetivos energéticos para atraer la inversión y la experiencia de los donantes y del sector privado para avanzar en esos planes.
  • Reunir a los donantes bilaterales y multilaterales y al sector privado en un evento que inspira y facilita la inversión en energía renovable en el Pacífico.
  • Mostrar proyectos, servicios y tecnologías de energía renovable del sector público y privado.
  • Generar resultados tangibles con nuevas relaciones establecidas, proyectos y tratos negociados.

No se menciona en ningún momento el concepto de cooperación internacional para el desarrollo (CID), por lo que se puede interpretar que como tal, era más un escenario para tratar temas de inversión, que de una Cooperación Norte – Sur. Tampoco se hace mención del concepto desarrollo sostenible, a pesar de que la temática gira en torno a energías renovables. Se usa la palabra donantes en varios puntos, pero también hablan sobre inversión y tratos.

En este sentido, hay mucho que se puede cuestionar a este foro. A pesar de ello, la idea de reunir a los sectores público y privado y a los países más vulnerables de la región para que busquen su crecimiento económico, no deja de ser un área de oportunidad. Según la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelandia (MFAT) (2019):

En la Cumbre, los países del Pacífico presentaron 79 proyectos de energía con los socios e inversores interesados en el desarrollo. Se llevaron a cabo alrededor de 850 reuniones de empresa a empresa que brindaron a los donantes y al sector privado oportunidades para identificar proyectos de asociación y colaboración. La Cumbre superó las expectativas: los socios y los donantes respondieron con un sobre de financiamiento de NZ $635 millones (USD500 millones). Esto incluye NZ  $255 millones en subvenciones y NZ  $380 millones en préstamos en condiciones favorables suficientes para respaldar más de 40 de los proyectos propuestos en los próximos tres años.

Tanto interés tuvo Nueva Zelandia en el avance de este programa, que Auckland se convirtió en la sede de la Segunda Conferencia de Energía del Pacífico, en 2016 y decantaría en la creación de su Iniciativa Regional sobre Energías Renovables. Según el MFAT (2019):

Los compromisos de financiamiento de más de $635 millones para una gama de proyectos innovadores de energía renovable mostraron que los donantes y el sector privado estaban preparados para respaldar la ambición y el liderazgo demostrado por los gobiernos del Pacífico. […] Tres años después, se ve un cambio marcado en la región. Los atolones completos ahora son 100% renovables, muchas más personas tienen acceso a energía limpia y confiable, la cantidad de diésel importado para la generación de electricidad ha disminuido drásticamente y los países del Pacífico ahora pueden gestionar mejor los impactos del cambio climático.

En este sentido, el MFAT realizó en 2016 un documento (Pacific Energy Country Profiles) describiendo la situación de los Estados que fueron beneficiados a partir de 2013, por el proyecto y cuáles son las metas a cumplir para 2019. Si se toman los documentos de ese archivo y se vacían en un mismo recuadro (Figura 1) se puede percibir la etapa inicial del programa para 2013, cuánto se logró cumplir para 2016 y cuál es la meta para 2020.

Se percibe que la mayoría de los países ni siquiera contaban con energía eléctrica propia. Sólo siete países se acercan o superan el 98%. Por lo tanto, el principal objetivo no es remplazar el uso de energía fósil, a diferencia de otros países del mundo, sino que el programa está encaminado a construir, desde cero, plantas que proporcionen energía a ciertos archipiélagos donde no existen las condiciones básicas para la vida de los habitantes. De aquí parte la inversión neozelandesa en la región.

Por otro lado, sólo tres países contaban mínimo con el 50% de energías renovables y para 2016 ningún otro país alcanzó, salvo Tuvalu que se acercó con un 43% y es el país con el territorio más pequeño de la región, con sólo “26 kilómetros cuadrados” (Almanaque Mundial, 2013). El resto de los países, si bien es cierto que algunos duplicaron su producción (como Tonga y Vanuatu) o hasta la quintuplicaron (en el caso de las Islas Cook, que es dependencia neozelandesa) están muy por debajo de las metas fijadas para 2020.

Hay casos, como el de Tokelau, un territorio perteneciente a Nueva Zelandia, que desde 2012 “se convirtió en el primer país en generar el 100% de su electricidad con energía renovable” (La Vanguardia, 8 de noviembre de 2012; Párr. 1). Es decir, antes de la Iniciativa Regional, ya existían estos proyectos de política interna neozelandesa, tal como se describe al inicio, pero que difícilmente se ha podido replicar un caso de tal éxito con los mismos resultados en el resto de los países.

 

Conclusiones

Originalmente, este tipo de proyectos energéticos que hacía Nueva Zelandia, eran bilaterales, sin embargo es novedoso el enfoque que le ha dado, destacando el multilateralismo como una herramienta vigente y como estrategia para alcanzar de manera transversal y generalizada el desarrollo sostenible.

Dicha Iniciativa Regional precede al establecimiento de la Agenda 2030 y se observa que ya contemplaba en ella varios de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) e incluso, ambiciosamente, buscaba alcanzar el 100\% de energía limpia y asequible en el continente para 2020, es decir, 10 años antes de lo propuesto por Naciones Unidas.

Sin embargo, no deja de ser un programa creado en un foro cuyos objetivos centrales están muy vinculados con la inversión y Nueva Zelanda ve en la energía renovable, además de la sostenibilidad, una buena oportunidad de negocio, especialmente en países donde ni siquiera contaban con energía eléctrica propia para todos sus territorios.

Si bien los resultados de 2016 se ven muy alejados de las metas para 2020, se debe esperar el informe correspondiente y analizar si es que se da una renovación del programa para 2023 o 2024 y si se incluye explícitamente las metas de los ODS, para combinar rentabilidad y sostenibilidad, especialmente por tratarse de una de las regiones del mundo más vulnerables a los efectos del cambio climático.

 

Referencias

Almanaque Mundial. (2013). Tuvalu. (79). Ciudad de México: Editorial Televisa.

Barnett, J. (2001). Adapting to climate change in Pacific Island countries: the problem of uncertainty. World Development29(6), 977-993.

New Zealand Aid Programme Stategic Plan (2015). MFAT. Recuperado de: https://www.mfat.govt.nz/assets/Aid-Prog-docs/ASEAN/New-Zealand-Aid-Programme-Strategic-Plan-2015-19.pdf

Kelly, G. (2011). History and potential of renewable energy development in New Zealand. Renewable and Sustainable Energy Reviews15(5), 2501-2509.

Las islas Tokelau, primer territorio sólo con energía solar. (8 de noviembre de 2012). La Vanguardia. Sección Medio Ambiente. Recuperado de: http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20121108/54354959216/islas-tokelau-energia-solar.html

Mapp, W. (Mayo 2014). The New Zealand Paradox. Centre for Strategic & International Studies. Washington, D.C.: Estados Unidos. Recuperado de: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/140425_Mapp_NewZealandParadox_Web.pdf

Pacific Community. (2019). Climate Change and Environmental Sustainability. Recuperado de: https://www.spc.int/cces

Pacific Energy Country Profiles. (2016). New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade.  https://www.mfat.govt.nz/assets/Aid-Prog-docs/Renewable-Energy/Country-Energy-Profiles-FINAL-web-version.pdf

Power, M. (2002). The regional scale of ocean governance regional cooperation in the Pacific Islands. Ocean & coastal management45(11-12), 873-884.

 

*Licenciado en relaciones internacionales por la Universidad del Valle de Atemajac. Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cooperación técnica y científica para El Salvador y Panamá, dentro de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de 2016 a 2017. Miembro de New Zealand Studies Association (NZSA). Actualmente, estudiante de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación en la Universidad de Guadalajara.

Ação internacional dos governos subnacionais

Ação internacional dos governos subnacionais: o caso do “Congreso de Intendentes” do Uruguai no período 2016-2017*

 

Geovana Gabriela Bardesio**

 

Resumo

Este trabalho se desenvolveu com o objetivo de analisar as ações internacionais desenvolvidas pelo Congresso de Intendentes do Uruguai no período de gestão de 2016-2017. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa-descritiva (Gil, 2008), que consistiu num estudo de caso que utilizou-se da técnica documental como fonte de coleta de dados (Yin, 2010). Os resultados da análise para o período proposto indicam que as ações internacionais desenvolvidas pelo Congresso de Intendentes envolveram estratégias que congregam diversos atores e a conformação de redes, tendo como consequência uma atuação internacional destacada que se reflete diretamente no esfera local promovendo o desenvolvimento e impactando diretamente na qualidade de vida da população.

Palavras-chave: cooperação internacional descentralizada; congresso de intendente; Uruguai.

 

  1. Introdução

O mundo pós guerra fria se caracteriza por uma série de amplas e profundas mudanças no cenário internacional. As mais evidentes são de caráter político e econômico, também as mais estudadas. Entretanto, este rearranjo não impactou somente a postura internacional dos Estados nacionais, conduziu os governos subnacionais a buscarem inserção internacional. Para isso, as ações voltadas a cooperação internacional têm sido uma ferramenta utilizada e aprimorada ao longo do tempo deixando de ser uma prática dos Estados nacionais e passando a fazer parte das ações dos governos subnacionais. Mancini e Giacobbi (2014) assinalam que conceitos como os de paradiplomacia, cooperação descentralizada, ação exterior de autoridades locais, internacionalização de territórios são conceitos que apontam para uma crise no paradigma das Relações Internacionais e da cooperação internacional.

Neste contexto é criado, no Uruguai, o Congresso de intendentes (CI), formalmente constituído em 1996 e que se torna objeto de estudo desta pesquisa. Assim, o que se busca compreender é: como se desenvolveram as ações internacionais do CI no período 2016-17? A hipótese de trabalho se volta para a tese de que a implementação de ações internacionais, principalmente cooperação descentralizada, contribuíram para o desenvolvimento local e para a inserção internacional dos governos subnacionais que compõem o CI. Nesse sentido, analisar às ações internacionais, conhecer as ferramentas utilizadas e os resultados alcançados pelo CI, neste período, contribuirão para o estudo das ações internacionais dos governos subnacionais e para a compreensão da internacionalização dos governos locais.

 

 

  1. Metodologia

Este trabalho se caracteriza como qualitativo – descritivo (Gil, 2008; Triviños,1987), pois, busca compreender a ação exterior dos governos subnacionais através das decisões, metodologias e resultados alcançados pelo CI, portanto, considerando fatores subjetivos que aportam a compreensão do fenômeno. Trata-se de um estudo de caso (Yin, 2010) uma vez que se busca compreender o fenómeno da ação exterior dentro de um objeto em específico, sendo ele o CI do Uruguai.  Para isso, a técnica utilizada para a coleta de dados é a documental (Gil, 2008) uma vez que prevalece a análise de materiais normativos e relatórios de atividades gerados pela instituição, especialmente, a análise do anuário de gestão 2016-2017.

2.1 Objeto de estudo: Congreso de Intendentes

O CI é um organismo público que visa coordenar as políticas dos governos departamentais (subnacionais), que tem a autonomia de celebrar convênios com o poder executivo e demais poderes do Estado, e entes autônomos nacionais e internacionais. Além disso a instituição também visa a coordenação da prestação de serviços e atividades próprias ou comuns do seu funcionamento nos respectivos territórios de forma regional ou interdepartamental. Este foi criado pelo artigo 272 da Constituição uruguaia de 1996 e conta com uma institucionalidade definida, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: organograma do CI

Fonte: Congreso de Intendentes

 

Para fins deste trabalho, a URRICI – Unidade de Relações Internacionais e Cooperação Internacional, recebe especial atenção. Esta tem sua função voltada a internacionalização da instituição é as suas ações serão analisadas no presente trabalho.

  1. Discussão teórica

A cooperação descentralizada, de acordo com Faruya e Oddone (2014) nasce de forma espontânea com intercâmbios educacionais, culturais e esportivos após a II Guerra Mundial com a intenção de fomentar a paz e a reconciliação na Europa. Surgem assim, os primeiros acordos de hermanamentos  entre municípios franceses e alemães. Ainda conforme estes autores, a prática se institucionaliza paralelamente a reconstrução europeia e se estende até 1970 com projetos de solidariedade e cooperação técnica entre coletividades da Europa e África, Ásia e América Latina (Faruya e Oddone, 2014).

Para autores como de la Varga (2014) o conceito de cooperação descentralizada sofreu modificações ao longo do tempo sofrendo um processo pendular de compreensão ao longo dos últimos 20 anos. Conforme o autor, inicialmente o conceito pautava-se de forma ampla em contemplar todo tipo de cooperação que não se caracterizasse como cooperação estatal nem de grandes agencias. Após, ocorreu uma tendência a retrair o conceito restringindo-o ao entendimento da cooperação impulsada ou gerida exclusivamente por governos locais ou em concertação com outros atores subestatais. Na atualidade, o conceito se centra no papel que os governos locais desempenham tanto como lideranças ativas no processo como sua participação no que tange própria articulação da estratégia de desenvolvimento nas diferentes esferas, como explica de la Varga:

 

actualmente un concepto en constante evolución que se define no tanto por sus actores como por el ámbito en el que se incide y se impulsa el desarrollo del territorio; y en el que los gobiernos locales participantes asumen un liderazgo y un rol articulador de la estrategia de desarrollo y de los demás actores participantes de rango local, estatal o internacional (de la VARGA, 2014, p.11).

Para autores como Dubois (2005) a cooperação descentralizada tem dois sentidos, um mais amplo e outro mais restrito, sendo o mais amplo considerado um novo enfoque da cooperação, o qual se caracteriza pela descentralização das iniciativas e pela relação com o sul, assim como pela incorporação de uma ampla gama de novos atores ao processo. Enquanto que a mais restrita está centrada no papel que desempenham as instituições locais, autônomas ou regionais na cooperação (DUBOIS, 2005).

A cooperação descentralizada é definida por Faruya e Oddone (2014, p.3) como “el conjunto de acciones protagonizadas por los gobiernos no centrales cuya finalidad principal es la promoción del desarrollo local en un sentido amplio”. Este tipo de cooperação pretende estabelecer novas formas de inter-relações, por meio das quais os setores público e privado, assim como os agentes políticos, econômicos e sociais possam estabelecer sinergias e coordenar esforços em prol de um desenvolvimento mais equitativo (Dubois, 2005).

  1. Resultados finais ou parciais

O anuário analisado corresponde ao período de gestão – julho de 2016 a julho, no qual, Daniel Martinez (Intendente de Montevidéu) assume como presidente e Carlos Enciso (Intendente de Florida) e Marne Osorio (Intendente de Rivera) como vicepresidentes. Pode-se constatar uma ação exterior ativa, com o estabelecimento de relações políticas e econômicas com variados atores de diversas origens geográficas.

Neste período o C.I além buscar estreitas laços com os países vizinhos, Argentina, principalmente através da atuação no Comité de Hidrovía do Rio Uruguai, e com Brasil, ratificando as políticas de integração fronteiriça, especialmente em matéria de turismo, participou de atividades em redes. No período, participou do Encontro de Associação de Governos Intermediários dos Países Sul-americanos, e da Assembleia Mundial de Governos Locais e Regionais (Congreso, 2017, p.12; p.18). Organizou o Seminário de Gestão Pública e Participação Cidadã em conjunto com a Federação de Municípios da Argentina (Congreso, 2017, p.27) e a Jornada de Intercambio da Cooperação Internacional (Congreso, 2017, p.48). É interessante notar que, neste último evento, o CI reuniu representantes de instituições internacionais com sede no país, tais como AECID, BID, CAF, JICA, SEGIB, UE, SNU, juntamente com a presença de representações nacionais do âmbito da cooperação internacional como AUCI e MRREE.

Foram assinados convênios com representações institucionais de diversos países, tal como assinala o Presidente do CI, Daniel Martinez:

 

   En el contexto de las Relaciones Internacionales firmamos acuerdos con Asociaciones hermanas de Ecuador, México, Brasil, con la Gobernación de Entre Ríos y la Provincia de Extremadura (España) estando previstos acuerdos con Provincias del R:D: del Congo, Provincia de Anhui (China) FAM Bolivia, Federación Argentina de Municipios y nuestros Cros Vicepresidentes participaron de reuniones de la Unasur y del FCCR Mercosur (CONGRESO, 2017, p.3).

 

Especialmente nas participações que o CI realizou nas reuniões da Unasur e do FCCR do Mercosul apresentou protagonismo na reivindicação de maior espaço nesses foros para os governos subnacionais.  Já no que se refere aos acordos assinados, estes se pautam na cooperação técnica, troca de experiências e orientação a capacitação com orientação ao desenvolvimento econômico e social local.

O CI garantiu através de uma convocatória de subvenção de projetos da União Europeia, um financiamento de 1.650.000 euros para desenvolver projeto voltado ao fortalecimento da descentralização e da capacidade institucional dos governos locais na promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo com equidade territorial (Congreso, 2017, p.19). O financiamento internacional foi utilizado em 23 projetos que envolveram 59 municípios em todo o país (Congreso, 2017, p.45). Além disso, o CI recebeu 75 milhões de dólares do BID, que firmou contrato de empréstimo com o governo central do Uruguai. Este crédito foi repassado ao CI para a execução de obras de melhoria logística para a zona rural e incentivo ao aumento da produtividade (Congreso, 2017, p.46-47).

 

  1. Considerações finais

 

Foi possível perceber que no período de apenas 1 ano, o CI desenvolveu uma atuação internacional bastante significativa, pautando-se no conceito de cooperação descentralizada estabeleceu relações e convênios com diferentes atores, desde associações municipais até organismos internacionais. A inserção internacional proporciona aumento da visibilidade da instituição e dos seus integrantes, auxilia no estabelecimento de redes políticas e econômicas. A utilização de diferentes estratégias de atuação, consolidam a atuação internacional dos governos subnacionais que fazem parte do CI e como resultado do trabalho institucional no plano internacional se observam resultados importantes que impactam diretamente nos municípios e seus habitantes.

 

  1. Referências

 

CONGRESO de Intendentes. (2017). Gestión Julio 2016 – Julio 2017. Anuario, p.52.

De la VARGA, M.O.  (2014). ¿Definición de la cooperación descentralizada?: orígenes, aproximaciones y rectos para el futuro. Trabajos de Investigación en Paradiplomacia, Año 3, Número especial: “Savoir-Faire. La cooperación descentralizada entre Francia y América Latina”. Santiago, Chile y Buenos Aires, Argentina., Diciembre. ISSN: 1853-9939

 

DUBOIS, A.(2005) Cooperación descentralizada. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Universidad del País Vasco/ /Euskal Herriko Unibertsitatea. Disponible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/42 . Consultado en 08/09/2018.

 

FARUYA, E; ODDONE, N. (2014). Cooperación descentralizada: ¿importan más las definiciones o las acciones?  Trabajos de Investigación en Paradiplomacia, Año 3, Número especial: “Savoir-Faire. La cooperación descentralizada entre Francia y América Latina”. Santiago, Chile y Buenos Aires, Argentina. 2014, Diciembre. ISSN: 1853-9939

 

GIL, A.C.. Métodos e técnicas de pesquisa social. (2008).  6 ed, São Paulo: Editora Atlas.

 

MANCINI, N; GIACOBBI, M.  (2014).Número especial cooperación descentralizada Francia América Latina. Trabajos de Investigación en Paradiplomacia, Año 3, Número especial: “Savoir-Faire. La cooperación descentralizada entre Francia y América Latina”. Santiago, Chile y Buenos Aires, Argentina., Diciembre. ISSN: 1853-9939

 

TRIVIÑOS, A. (1987). Introdução à pesquisa em ciências sociais: A pesquisa qualitativa em Educação. São Paulo, Editora Atlas.

YIN, R. K.  (2010). Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman.

*Este trabalho representa os primeiros resultados da pesquisa, pois objetiva-se aprofundar a análise da atuação do CI a partir da sua constituição até o momento.

** Bacharela em Administração (UNIPAMPA); Diplomada em Governança da cooperação internacional e transfronteiriça para o desenvolvimento local (EL COLEF e CGCID); Graduanda em Relações Internacionais (UNIPAMPA), e, Pós-graduanda no curso de Especialização em Relações Internacionais Contemporâneas (UNIPAMPA). Contato: bardesio.g@outlook.com Twitter: @gbardesio

Documento de trabajo “RESULTADOS DEL BAPA + 40”

RESULTADOS DEL BAPA + 40: Segunda conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur Sur y Triangular y desafíos desde México

Ciudad de México, 9 de Mayo 2019

Laura Becerra Pozos

DECA, Equipo Pueblo, AC

Alianza de OSC para la Efectividad del Desarrollo (AOED)[1]

 

PRESENTACIÓN

La intervención en esta Mesa de Diálogo parte en buena medida de nuestra participación en el Observatorio Regional de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Efectividad del Desarrollo (AOED), de la que Equipo Pueblo es Punto Focal y parte de la coordinación regional de ALyC (Subregión Centroamérica y México). Desde el Observatorio se han sistematizado las experiencias de la OSC de la región en torno a la Cooperación Sur Sur (CSS) y la implementación de los ODS de la Agenda 2030. En particular se reflexionó sobre las tendencias de la CSS en los últimos cinco años, con base en documentos oficiales y consultas a OSC dedicadas al tema, en seis países, entre ellos México. (Los otros cinco países participantes en este ejercicio del Observatorio Regional fueron: Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela)

El Observatorio Regional de la AOED pretende funcionar como un mecanismo de integración y construcción de alianzas entre organizaciones para fortalecer su rol, acción e incidencia, como al desarrollo y la democracia.[2]

PREGUNTAS GUÍA DE LA MESA DE DIÁLOGO

  1. Realizada la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur ¿Cuáles fueron los principales resultados- hallazgos encontrados dentro de dicha conferencia, (positivos y negativos)?

No hay suficientes elementos-hechos aun para explicitar y valorar los resultados y/o hallazgos de la Segunda Conferencia, pero considerando el Declaración Final signada por los países participantes, vemos notables avances particularmente por enmarcarla en la Agenda 2030 y otros instrumentos o procesos internacionales a los que se han comprometido los gobiernos en este mundo globalizado, como el Acuerdo de París, Addis Abeba, Sendai, entre otros. Destaca por reiterar el carácter complementario de la CSS y reconocer las otras modalidades de cooperación para alcanzar la eficacia del desarrollo.

Por ello, se recupera aquí lo que las OSC –de la AOED- declaramos ante BAPA+ 40 como actoras del desarrollo por derecho propio, reconocido desde Busan (2011).

MANIFIESTO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA UNA COOPERACIÓN EFICAZ PARA EL DESARROLLO[3] Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (12, Febrero, 2019)

Sobre la cooperación Sur-Sur

Petición clave

 

Defender los principios de la cooperación para el desarrollo horizontal, incluidos la solidaridad, la reciprocidad, los derechos humanos, el respeto a la soberanía y la no condicionalidad, particularmente con respecto a las condiciones desiguales de asociación que a menudo prevalecen incluso entre los países cooperantes de las regiones Sur-Sur.
Sub 1 Defender los principios de la CED para reforzar la rendición de cuentas y evaluar los impactos en el desarrollo de la cooperación Sur-Sur (CSS).
Sub 2 Promover la adherencia a las leyes y estándares internacionales sobre el medio ambiente y los DH según se apliquen a los programas y proyectos en los países socios de acuerdo con Bandung,[4] donde se afirma que los principios fundamentales de los derechos humanos son un logro común para todos los pueblos.
Sub 3 Fortalecer la apropiación democrática nacional de la CSS e institucionalizar el apoyo a la cooperación entre personas para que las propias necesidades y prioridades de los países receptores impulsen la alianza para el desarrollo y que dichas prioridades y políticas estén arraigadas en la participación y la rendición de cuentas de las partes interesadas.
Sub 4 Establecer mecanismos formales y permanentes de apoyo —en particular de apoyo financiero y acceso a la información— para la participación de las OSC del Sur en la CSS; una participación en la que los diálogos entre OSC y los garantes de derechos sean posibles; en la que se traten las preocupaciones de la sociedad y las comunidades afectadas relativas a la cooperación Sur-Sur para el desarrollo (CSSD).

 

  1. A partir de la segunda mitad del siglo XX existen diversos progresos logrados por la comunidad internacional, en la promoción de nuevas modalidades de cooperación, entre ellas la CCS y triangular, en ese sentido ¿cuáles se presentan como las oportunidades, desafíos, en el impulso de la cooperación sur- sur, en especial dentro de la región de América Latina luego de realizado el PABA +40?

En primer lugar reiteramos que el estatus que se fue generalizando para la mayor parte de los países de América Latina de renta media o media alta es un inconveniente para el flujo de la CED, por ser un indicador inoperante que no considera las brechas de desigualdad que prevalecen en la región y suelen soslayar que países tan ricos en territorio y recursos naturales como Brasil y México son los más desiguales. Detrás de este “criterio” (PIB) está una equivocada conceptualización del desarrollo que se equipara con el crecimiento económico, pero no implica la distribución de la riqueza, ni una ruta viable hacia la equidad. Si bien la CSS se ha ido extendiendo por toda la región, aun no es considerada la fundamental para el desarrollo sostenible que se prevé en la Agenda 2030.

Aun con el notable aumento de las actividades de la CSS, además de los llamados a la adopción de medidas y las reivindicaciones para contribuir al Programa 2030, hace falta una definición consensuada que aclare si estamos hablando de cooperación económica o de cooperación para el desarrollo.

Por ello pedimos que se ratifique que la cooperación Sur-Sur y sus diversas formas y modalidades, incluida la cooperación triangular, tienen por objeto contribuir a la realización de los ODS y a un verdadero desarrollo humano y a la reducción de las desigualdades entre los países y dentro de ellos, y no al mero crecimiento económico.[5]

En el Tercer Foro de los países de ALyC sobre el Desarrollo Sostenible 2019 (23-26 de Abril, Santiago, Chile) Alicia Bárcena destacó que nos encontramos en medio de un creciente debilitamiento de la cooperación internacional; provocado por políticas defensivas en respuesta a los impactos negativos de la hiperglobalización. Por tanto se hizo un llamado –al que nos sumamos- para fortalecer el multilateralismo, la democracia y la cooperación regional.

  1. A pocos meses de haberse iniciado un nuevo periodo político en México ¿Cuál es, desde su punto de vista, el papel de México en materia de cooperación, en especial, dentro de la cooperación sur-sur y triangular?

Sobre la Cooperación Internacional al Desarrollo, en el caso de México, aun siendo un país con estatus de renta media-alta e integrante de la OCDE (desde 1994), no debería solo  privilegiar la cooperación sur –sur y triangular, ofreciendo apoyo técnico-científico a un conjunto de países de ALyC, lo que sin duda es muy valioso y ha sido reconocida como una buena práctica, pero hemos insistido en que México requiere de seguir recibiendo apoyo de los países más ricos-desarrollados, de la cooperación al desarrollo para acelerar el  cumplimiento de la Agenda 2030. En el mencionado Foro de CEPAL se colocaron escenarios no deseados de  no cumplimento del conjunto de los 17 ODS para el 2030 en nuestros países, por el reducido crecimiento económico que se prevé para los siguientes años, en el marco de la economía global.

En un estudio integrado y compartido por la AGCED (Alianza Global de la Cooperación Eficaz para el Desarrollo) a finales del 2018, se destaca que: “México es un país de renta media-alta que desempeña un doble papel en la cooperación al desarrollo, como receptor y como proveedor. Si bien en México se ha avanzado en el establecimiento de una sólida arquitectura institucional para gestionar la cooperación para el desarrollo tanto entrante como saliente, hay margen para seguir mejorando los sistemas de gestión de la información del país y crear capacidad para utilizar los datos de la cooperación para el desarrollo a fin de orientar el diálogo y la toma de decisiones.”

Por lo tanto, nuestro punto de vista como OSC de la AOED es que hoy la Agencia Mexicana de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXICD), sin soslayar sus aportes y prácticas ejemplares, tiene el reto de elevar sus atribuciones, de mejorar su transparencia y rendición de cuentas, de ser más activa en la búsqueda de financiamiento para el desarrollo y en particular para adelantar el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país, así como de mejorar la calidad y resultados de los espacios de consulta que se ha dado (Consejos Técnicos). Debería estar más activa y propositiva en el debate internacional de la Financiación al Desarrollo.[6]

 

  1. La Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur tuvo como nombre: El rol de la Cooperación Sur-Sur y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: desafíos y oportunidades”. En ese sentido, ¿de qué forma contribuye la cooperación sur-sur al cumplimiento de la Agenda 2030?

Desde la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) se reconoció como factor central los denominados “medios de implementación” y se hacia la distinción entre los financieros y los no financieros. Los financieros implican los recursos públicos nacionales, los provenientes del sector o empresas privadas, de las alianzas o pactos público-privados, de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) –en creciente detrimento-; particularmente de la Cooperación Eficaz para el Desarrollo (CED), así como de la CSS, pero igual de otras modalidades que han surgido o sugerido, que merecen un análisis de sus impactos.

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y el Acuerdo de París, entre otros, constituyen compromisos cuyo objetivo es la transformación profunda de las economías y son referente obligado en el cumplimiento de los ODS y sus Metas.

 

El progreso de la Agenda 2030 –afirma la CEPAL- requiere una gran movilización de recursos internos y externos y el trabajo coordinado de los gobiernos, el sector privado, y la sociedad civil en general. Cuantificar los recursos financieros necesarios para implementar estas agendas no es tarea fácil, y las estimaciones globales varían ampliamente.[7]

 

Las estimaciones del citado Informe de Avance Cuatrienal sobre el progreso y los desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, apuntan a la necesidad de aumentar significativamente la movilización de recursos externos y nacionales para cumplir los objetivos de la nueva agenda para el desarrollo. Los valores necesarios son muy superiores a los de los flujos de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) (142.000 millones de dólares en 2016) y a los recursos que movilizan las Naciones Unidas, que equivalen solo al 1% de los recursos que hacen falta para financiar esta agenda (PNUD, 2018).[8]

  1. Por último, la Agenda 2030 confiere la integración de todos los sectores para el cumplimiento de los 17 ODS, por ello ¿de qué forma actores como Sociedad Civil y Empresa Privada pueden integrarse en acciones de cooperación sur-sur, en función del cumplimiento de los ODS?

Busan-2011 significó un gran avance en el reconocimiento de la relación entre normas establecidas en los acuerdos internacionales de DH y las condiciones que permiten a las OSC maximizar su contribución al desarrollo. Además del reconocimiento del Marco internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC, reafirmándolas como actoras independientes del desarrollo por derecho propio y en consecuencia en el proceso de implementación de la Agenda 2030.

 

En el ámbito del financiamiento externo, es necesario tener en cuenta los cambios relacionados con la importancia -cada vez mayor- de los nuevos actores y fuentes de financiamiento para el desarrollo, entre los que figuran: Donantes que no son países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD); organizaciones no gubernamentales (ONG); fondos para el clima; mecanismos de financiamiento innovadores e iniciativas de cooperación Sur-Sur.

 

Asimismo, el capital privado se ha erigido en una importante fuente de financiamiento, con un conjunto diversificado de instrumentos, entre los que se incluyen acciones, bonos, títulos de deuda, préstamos concesionarios e instrumentos de mitigación del riesgo (incluidas las garantías), junto con remesas de trabajadores y contribuciones voluntarias privadas (CEPAL, 2015a).

 

La contrapartida de la caída relativa de la AOD es la creciente importancia del financiamiento privado (cerca de 263.400 millones de dólares en términos netos, el 95% de los flujos financieros totales). El principal componente es la inversión extranjera directa (IED), que representó en 2015 un 2.1% del PIB regional y está directamente relacionada con los patrones de especialización comercial y las ventajas comparativas de la región. [9]

Un segundo componente de los flujos privados son las remesas de los migrantes, que representan cerca del 25% de los flujos financieros netos. Por su parte, los flujos de cartera constituyen el tercer componente de los flujos financieros, aunque, por su finalidad y volatilidad, no se consideran una fuente de financiamiento para el desarrollo (CEPAL, 2018e).

 

El propio Informe de CEPAL citado, señala que la importancia cada vez mayor de los flujos privados plantea un nuevo reto en el marco de la Agenda 2030 ya que están motivados principalmente por el beneficio económico, por lo que la inversión puede ser insuficiente en aéreas cruciales para el desarrollo sostenible, si el rendimiento esperado es insatisfactorio en comparación con oportunidades alternativas de inversión.

 

Compartimos las consideraciones de JENS MARTENS Y KAROLIN SEITZ: La transformación de nuestro mundo, tal como lo indica el título de la Agenda 2030, requiere cambios fundamentales en la manera en que nuestras sociedades producen y consumen bienes y servicios. El sector privado tiene un rol particular en este contexto. Sin embargo, con mucha frecuencia existe una brecha considerable entre los compromisos sociales y ambientales que las empresas asumen y los efectos reales de sus actividades en las personas y el ambiente.

En el ámbito internacional, los instrumentos para responsabilizar a las empresas por abusos de los derechos humanos y la violación de normas sociales y ambientales son débiles. Incluso en la Agenda 2030, los gobiernos no solo deben “alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sustentabilidad en su ciclo de presentación de informes” (meta 12.6 de los ODS). Frente a la deficiencia de los instrumentos actuales, son cada vez más los gobiernos, las ONG, los académicos e, incluso, los representantes de empresas que solicitan normas jurídicamente vinculantes sobre las empresas y los derechos humanos.

Las OSC, reconocidas como actoras corresponsables del desarrollo,  enfrentan el desafío de contar con recursos para un  seguimiento de la Agenda 2030, sistemático y con mecanismos formalizados. Considerando que tienen sus propios proyectos o procesos, se recomienda que no caigan en la tentación o riesgo de suponer que su trabajo territorial, temático, etc., por sí mismo contribuye o está contribuyendo a alguno(s) de los ODS, sin haber hecho una revisión de sus modelos o formas de atención y enfoques. Las OSC deben actuar en consecuencia y diseñar sus planes, proyectos y acciones, en el marco o con el horizonte de la Agenda, tomando las Metas de cada Objetivo como el estándar mínimo y no suponer que cualquier actividad es un aporte. La Agenda también es hoy o debe ser para las OSC el paradigma para contribuir al desarrollo sostenible.

Sin duda, las OSC requieren de un ambiente habilitante o entorno propicio para poder desarrollar sus actividades, tanto internas como de cooperación internacional, especialmente para las de la modalidad de la CSS. En la dimensión de acceso a los recursos, se percibe una mayor limitación porque podrían jugar un rol en la cooperación triangular, pero hay trabas jurídicas para la contratación.

ANEXOS

  1. PERSPECTIVA DE LAS OSC RESPECTO DE LA COOPERACIÓN SUR – SUR[10]

La CSS se ha incrementado y tiene mayor y mejor registro, pero sigue teniendo un rol secundario en los países de la región. Representa una excelente oportunidad para las OSC si se logra transformarla en un ejercicio de aprendizaje Sur-Sur y en una herramienta para generar un cambio en las políticas e instituciones.

Ante las nuevas orientaciones y situación de la Cooperación Internacional y el riesgo de sustentabilidad de las OSC, las organizaciones están buscando permanentemente nuevas alternativas para mantener su rol en la sociedad, la CSS se visualiza en ese sentido.

La cooperación sur-sur es una forma de aumentar la propia eficacia y de transferir conocimiento de forma democrática. Los donantes tendrían que aprovechar las capacidades instaladas de las organizaciones y utilizarlas en un modelo justo y equitativo. Lograr que las acciones, proyectos y programas tengan un componente de fortalecimiento institucional y de capacitación.

A la luz de las fallas reportadas en algunos de los proyectos ejecutados con cooperación financiera reembolsable, se recomienda que los estándares normativos nacionales y aquellos exigidos por las propias agencias cooperantes sean aplicados a cabalidad. Los principales problemas que involucran a esos proyectos se relacionan con la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a la inobservancia sobre la normativa ambiental y el incumplimiento de los derechos laborales. Tanto el Estado como los cooperantes, deben garantizar el cumplimiento de estas normas, imponiendo mayores controles y sanciones, además de exigir transparencia a las empresas ejecutoras, sean públicas o privadas.

Las asociaciones nacionales de ONG en la región trabajan articuladamente para los procesos de rendición de cuentas y ello es fundamental para lograr mayor aceptación y para promover su propia oferta de valor.

Para una CSS más efectiva en cuanto a su impacto positivo en las problemáticas sociales de la región, se requiere un mayor enfoque de DDHH con el que se equilibre la balanza de los enfoques de poder que hasta ahora han prelado en este tipo de cooperación.

Existen en la región sistematizaciones de las prácticas exitosas en los distintos países que puedan significar “capacidades instaladas” para su transferencia en modelos de comunicación sur-sur. El conocimiento producido con estos procesos de reflexión, son importantes para la acción. Las OSC debemos socializar dicho conocimiento y avanzar en prácticas de transferencia y de rendición de cuentas, y en estudios de cómo incorporamos al mercado sin perder la misión ni la visión de las organizaciones y valores mecanismos alternativos de financiamiento.

B. PARTICIPACIÓN Y VISIÓN DE LAS OSC EN LA COOPERACIÓN SUR – SUR[11]

Desde la perspectiva de la sociedad civil de los países que participaron en este estudio, la cooperación sur-sur no es un tema nuevo, ha estado presente en forma de integración económica, intercambios culturales y cooperación técnica. Se caracteriza por el intercambio equitativo entre pares provenientes de países en desarrollo con similitudes políticas y económicas, se rige por principios de equidad, solidaridad y horizontalidad, respeto por la diversidad e independencia, transparencia y rendición de cuentas; y se aboca, fundamentalmente, a cooperación técnica y de carácter intergubernamental.

En este –como en otros temas– se adolece de información detallada o datos precisos de la participación de las OSC en los programas de CSS que posibiliten una evaluación más profunda de sus impactos en los países. Si se encuentra información de los programas implementados, algunas cifras invertidas de la experiencia de la CSS entre países latinoamericanos, lo que permite a la OSC perfilar una noción sobre sus alcances. Se trata de cooperación para el desarrollo consistente en el traspaso de conocimientos respecto a experiencias propias (programas o proyectos) en ámbitos de mutuo interés; el fortalecimiento de las capacidades institucionales (organización y financiamiento de talleres, seminarios, etc.); la capacitación a través de programas de intercambio, como ser becas universitarias o de recepción de expertos, pasantías o asistencia técnica; traspaso e intercambio de tecnología, entre las más saltantes y recurrentes.

 

[1] La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo –AOED (CPDE por sus siglas en inglés) es una plataforma abierta que reúne a OSC de todo el mundo en torno al tema de la Eficacia del Desarrollo y la Cooperación internacional en particular en el contexto de la Alianza de Busan para el Desarrollo y de la AGCED.

[2] Cooperación Sur – Sur; Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo, Observatorio Regional, Marzo de 2019

[3]El Manifiesto de la Sociedad Civil para una cooperación eficaz para el desarrollo, también denominado Manifiesto de la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED), es un documento general que abarca las peticiones y exigencias clave de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en materia de cooperación eficaz para el desarrollo (CED). Asimismo, este documento orienta el trabajo político y de incidencia de la plataforma y sus estrategias de participación en distintas esferas, tales como la Alianza Global para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo (AGCED), el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los procesos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

[4] Los Principios de Bandung, fueron aprobados en la reunión en Indonesia, en 1955; en la que participaron naciones asiáticas y africanas; es  el antecedente del Movimiento de los Países No Alineados. Supuso un momento clave en el proceso de descolonización y en el intento de emancipación del Tercer Mundo.

[5] Manifiesto de la Alianza de las OSC, op cit

[6] Observatorio Regional… AOED; p 15 aportes de Laura Becerra como Punto Focal de la AOED

[7] Informe Cuatrienal sobre el progreso y los desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; Foro de Países  de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo Sostenible; CEPAL, 2019 p 212

[8] Idem p 212

[9] Idem

[10] Tomado textualmente de: Cooperación Sur – Sur; Observatorio Regional de la Alianza de OSC para la Efectividad del Desarrollo, Marzo, 2019. Los seis países participantes en este ejercicio del Observatorio Regional fueron: Argentina, Colombia México, Perú, Uruguay y Venezuela, p 23 y 24

[11] Idem p 18

Paper: Una etnografía de la diplomacia indígena en conflicto

Para una etnografía de la diplomacia indígena en conflicto. Mi experiencia como observador participante en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Por: Roque Urbieta Hernández *

Resumen

Este artículo reflexiona la experiencia antropológica y etnográfica desde una perspectiva globalizada sobre la organización y la participación de las mujeres indígenas y las mujeres no indígenas en la formación de autonomías indígenas en Oaxaca. Contextualizo los problemas que enfrentó como politólogo, antropólogo y feminista en el momento histórico de recopilar información en contextos de violencia política en tanto que becario de la AECID.  Finalmente, sitúa su voz subalterna en conflicto cuando toma una posición política en tanto que diplomático indígena durante el proceso de tejer diálogos interculturales entre el discurso internacional de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres indígenas como derechos humanos. (more…)

Paper: Efectividad de las OSCs en la AGCED 2014

La Efectividad de la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) en la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED)* 2014

Por: Valeria González Rangel**

Introducción

La participación de las (OSCs) en espacios internacionales como la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) se origina con la intervención de las mismas en el Sistema de Naciones Unidas, y su reconocimiento en estos espacios ha sido una larga trayectoria partiendo de un modelo estatocéntrico a uno en el cual ahora las OSCs participan junto a otros actores.

Participar proviene del latín participare (tomar parte de algo), proveniente de pars partis (parte) y del verbo capere (tomar o agarrar) (RAE, 2018). Por lo tanto, la participación puede ser un término muy amplio que podría referirse casi a cualquier cosa. Una de las principales contribuciones de la presente investigación es delimitar desde la perspectiva de las OSCs a que nos referimos por participación efectiva. En ese sentido, se realizaron 11 entrevistas semiestructuradas[1] tanto a OSCs en México como a funcionarios del gobierno mexicano pertenecientes a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y a la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores (DGVOSC-SRE). Lo anterior, es relevante para generar un contraste entre las dos visiones sobre que se considera una participación efectiva.

El tema de investigación es de gran interés político-social para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a la importancia creciente de las OSCs en las decisiones de políticas públicas.

La investigación comienza con la descripción de la metodología utilizada para la sistematización de las entrevistas, en las cuales se busca no sólo transcribir la información, sino que también evitar darle mayor peso a una de las perspectivas de un participante sobre otro.

Posteriormente, se muestra cuáles fueron las condiciones establecidas por las OSCs para determinar que significa participación efectiva. Seguido, se detallan aquellas condiciones que permiten analizar si en el caso de su participación en la AGCED en 2014, la Alianza Global otorgó incentivos para una participación efectiva. Finalmente, se emiten recomendaciones para propiciar una participación efectiva de las OSCs ante la Alianza Global.

Condiciones de análisis identificadas para la efectividad de la participación

 El primer paso fue adentrase en el análisis de la participación y su definición por parte de las OSCs, y cuáles condiciones consideraron éstas como necesarias para una participación efectiva. Las respuestas se cotejaron con lo señalado como efectividad de la participación por autores como Cunill (1997), Hevia (2011), y Ziccardi (2004) entre otros. Asimismo, se realizó una comparación de estos criterios con los lineamientos de participación de la DGVOSC, con el objetivo de analizar más a profundidad qué prescribe el Gobierno Mexicano por participación, contrastándolo con la visión de las organizaciones, evidenciando convergencias y divergencias.

Estas condiciones identificadas coadyuvaron a elaborar la pregunta de investigación: ¿En qué medida la Alianza Global ha promovido espacios de participación efectiva para las OSC, desde la perspectiva de las OSCs?

Para responder a la misma se analizó la motivación de las OSCs para participar en la AGCED, y verificar si se evidenció algún incentivo proporcionado por la Alianza Global. La motivación responde al por qué las organizaciones decidieron participar en la Alianza Global, su experiencia de participación y niveles. Adicionalmente, por resultados nos referimos a qué obtuvieron las OSCs a partir de su participación en este espacio. Por lo tanto, se analizó si en la Alianza Global las organizaciones lograron sus objetivos y metas programadas de participación. Finalmente, en las recomendaciones de las OSCs ante la AGCED, se destacan áreas de oportunidad para la AGCED y las OSCs para hacer la participación más efectiva en la Cooperación Internacional.

Recopilación de distintas condiciones que hacen que la participación sea efectiva desde la perspectiva de las OSCs mexicanas

En torno a este planteamiento, las organizaciones[2] consideran que una participación es efectiva cuando se cumplen las siguientes condiciones:

1) Acceso a la información

Al respecto las organizaciones Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, IDEMO, A.C., (IDEMO) y The Hunger Proyect México (THP), enfatizan la necesidad de información para lograr una participación efectiva, y Ana Lucia Márquez de THP expresa que “una participación eficaz, requiere tener información suficiente para poder opinar y generar retroalimentación[3]”. Por su parte María Eugenia Mata de IDEMO, enfatiza que se presenta una carga de información muy pesada que podría ser presentada de una manera más amigable para facilitar la participación de las organizaciones[4]. Otras organizaciones consideraron este aspecto como un componente para la participación efectiva, y una condición previa necesaria para que exista participación. Sin embargo, podría argumentarse, que para que una participación sea de calidad, esta debe ser informada y que el gobierno ofrecer la información de manera oportuna a las OSCs.

Otro planteamiento refiere que, en los años 2017 y 2018, el portal en línea de la AGCED, no ofreció información actualizada sobre las iniciativas de las OSCs, por cual se acudió a la AMEXCID para solicitar información sobre los planteamientos de la Alianza Global.

2) Mecanismos y Espacios de Diálogo Institucionalizados

En palabras de Carlos Zarco, para que la participación sea efectiva

…tienen que existir los canales de interlocución necesaria con los gobiernos respectivos para ver qué posición construyen los gobiernos nacionales”[5].  La participación “no es efectiva si las OSCs trabajan por un lado y el gobierno por otro…debe haber canales de diálogo y construcción conjunta reconociendo los roles de cada uno.[6]

Se podría argumentar que la creación del espacio en sí mismo no genera una participación efectiva. Inclusive, existen diversas organizaciones que realizan acciones de incidencia en espacios no institucionalizados por medio de protestas, que podrían llegar a ser altamente efectivos en el cumplimiento de sus objetivos de incidencia. Aún dentro de los espacios institucionalizados, la efectividad de la participación de las OSCs también podría depender de reglas claras y compartidas.

3) Financiamiento

Según Carlos Zarco, se debe “favorecer la participación directa con apoyos económicos”[7]. Adicionalmente, Ana Lucía gerente de THP, también destacó la importancia de obtener financiamiento para que las OSCs obtengan una participación presencial en foros internacionales de cooperación. En este caso la entrevistada reafirma: “es fundamental el financiamiento y el fortalecimiento de las OSCs para que la participación sea eficaz”[8].

También se puede argüir que, aunque los recursos sean un componente importante para participar, tampoco son imprescindibles para llevar a cabo la participación en foros nacionales e internacionales, ya que es posible enviar planteamientos sobre un determinado tema vía electrónica reduciendo costos. De acuerdo con María Eugenia Mata de IDEMO[9], las estrategias de participación e incidencia dependen de cada foro y de lo que se requiera en cada momento.

4)Entorno Propicio para las OSCs

Retomando el Diagnóstico sobre el Entorno en que se Desarrollan las OSCs publicado en 2018, se tiene que las dimensiones para un entorno propicio son: la jurídica, la económica, la política y la socio-cultural (Sánchez, Cabrera y Diez, 2017).

El ámbito sociocultural se relaciona con la falta de voluntad política en México, que organizaciones como Altepetl[10] y THP[11], refieren a que funcionarios públicos aún no cuentan con una cultura sobre de la participación ciudadana y de las OSCs en un sistema democrático, por lo que no encuentran mucho sentido a la participación de las organizaciones en espacios de política pública.

Inclusive algunas organizaciones fueron críticas sobre el tema de la participación de OSCs en espacios gubernamentales, debido a la percepción de que en ellos se lleva a cabo más una simulación que una participación efectiva. En ese sentido, Carolina Maldonado afirma que “las OSCs deben ser verdaderamente tomadas en cuenta, no sólo para validar decisiones previamente establecidas”[12], sino que las organizaciones tendrían que participar  en diferentes segmentos del ciclo de las políticas públicas y no solamente  como receptoras de información de las decisiones gubernamentales.

Con respecto a la Alianza Global, Mariana Mancilla[13], enfatizó el intento de la Alianza Global por reconocer las aportaciones de la sociedad civil al debate de la eficacia al desarrollo. Lo anterior contrasta con la visión de Ixanar Uriza de Corporativa de Fundaciones[14], quien considera que, tanto en la Alianza como en otros espacios de participación, existe una marcada diferencia entre la presencia que se les da a la participación de otros actores como los Estados y el sector privado frente a las OSCs.

5)  Oportunidades de Incidencia

Con respecto a la incidencia, diversos autores como Cunill (1997), Hevia (2011), y Becerra (2005), y organizaciones como ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción), Corporativa de Fundaciones y Equipo Pueblo, relacionan directamente la efectividad de la participación con la incidencia en temas internacionales y de desarrollo, aun cuando sean dos conceptos distintos. Retomando la definición de Becerra (2005 p: 4) se entiende por incidencia “la capacidad de influir, modificar, cambiar, impulsar o anular políticas públicas en los distintos niveles, desde el local, hasta el internacional.” Por lo tanto, la incidencia marca la diferencia entre escuchar a las OSCs,  a modificar procesos y decisiones de política pública que pueden o no ilustrarse mediante cambios en las declaraciones finales o en los posicionamientos de determinados actores. Para Norma Castañeda de ALOP[15], la incidencia implica realizar transformaciones de fondo en el debate del modelo de desarrollo. Este es un aspecto destacado de las organizaciones para generar una participación efectiva. No obstante, en ocasiones es difícil medir los resultados de la incidencia y establecer una relación causa efecto entre las peticiones y objetivos.

6)Retroalimentación del Proceso

Tanto THP[16] como IDEMO,[17] coinciden en el hecho que una participación efectiva, demanda de las OSCs una retroalimentación de parte de los organismos gubernamentales. THP expresa que participación efectiva “es asegurar que haya una retroalimentación de parte de las autoridades sobre porque se incluyen o no los argumentos de sociedad civil.[18]”  Las organizaciones proponen que la transparencia y la rendición de cuentas sea una constante en el diálogo entre OSCs y gobierno. En palabras de Carlos Zarco, la rendición de cuentas implica “que los gobiernos informen que acuerdos se generaron[19].” De acuerdo con Mariana Mancilla, participación efectiva “es que pueda haber un diálogo y una comunicación asertiva entre quienes gobiernan y la sociedad civil, que haya honestidad, trasparencia y rendición de cuentas y que se trabaje por posicionar los argumentos de sociedad civil[20]”.

De  ahí que, para una efectividad en la participación de las OSC, según Carolina Maldonado[21], es necesario que las organizaciones aporten a la discusión temas orientados hacia el largo plazo. Por lo tanto, se puede explanar que una influencia real demanda que las organizaciones participen en temas transcendentes de la agenda.

7) Seguimiento y sostenibilidad

De acuerdo con Brisa Ceccon, un aspecto para la efectividad de la participación es “que esta sea sostenible, que tenga impacto y que no sea sólo circunstancial”.[22] La mayor parte de las organizaciones entrevistadas que habían participado en la primera Reunión de Alto Nivel (RAN 1) no le dieron seguimiento a la reunión de Nairobi. Si bien van surgiendo temas de coyuntura a los cuales las organizaciones responden, se podría argumentar que es posible darle continuidad a la agenda como sería el caso del tema de la eficacia al desarrollo en la Agenda 2030.  Las reuniones de alto nivel en el contexto de la Alianza Global, constituyen reuniones en las que se toman acuerdos importantes entre los diferentes representantes de cada país sobre como hacer la cooperación para el desarrollo más eficaz. En ellas se trabajan diferentes temas vinculados con la eficacia de la cooperación, por lo que el seguimiento debe realizarse también por los diferentes actores que componen la Alianza con el fin de cumplir el objetivo de hacer la cooperación más eficaz.

8) Corresponsabilidad

Otro término que se mencionó en relación con la efectividad de la participación es el de generar una corresponsabilidad. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2018), la corresponsabilidad significa una responsabilidad compartida. Este término es muy polémico sobre todo si se contextualiza en una alianza multiactor como la Alianza Global. Corresponsabilidad implica una horizontalidad entre la participación de actores, pero también va más allá de la efectividad de la participación, si se busca una responsabilidad compartida en la gestión de recursos.

9) Implementación de acciones de la CID en la práctica

Otro componente para que la participación de las OSCs sea efectiva en la Alianza Global, es la implementación de acciones de Cooperación Internacional para el desarrollo que involucren la participación de OSCs. En palabras de Carlos Zarco “efectividad quiere decir que las OSCs no sólo estén en estas conferencias, sino que las OSCs lleven a cabo acciones de Cooperación Internacional para el desarrollo en la práctica[23].”

Lo anterior quiere explicitar que los compromisos obtenidos en el ámbito de la Alianza Global deben aterrizarse en iniciativas concretas.  Las Iniciativas Voluntarias denominadas en inglés Global Partner Initiatives (GPI), de la AGCED ambicionan generar sinergias entre los diferentes actores participantes en la Alianza Global e implementar iniciativas voluntarias internacionalmente. No obstante, en la práctica este tipo de iniciativas han perdido interés de parte de los diferentes actores, debido a que en 2018 no se presentará una reunión de alto nivel de seguimiento, reduciendo la importancia de la Alianza Global en el escenario internacional. Por otro lado, en la práctica en México, las instituciones como la AMEXCID, no han generado iniciativas de Proyectos conjuntos con OSCs en materia de cooperación.

10) Evaluación

El último punto vinculado a la efectividad de la participación de las OSCs es participar en la evaluación de las políticas. Esto último está relacionado con generar una participación en el ciclo completo de una iniciativa o política. Asimismo, las evaluaciones permiten que exista un criterio para continuar o no con una determinada política o proyecto.

Finalmente, después de haber respondido cuales son las condiciones que las OSCs consideran relevantes para que la participación sea efectiva, se analizará si dentro de sus motivaciones para participar en la Alianza Global se identifican algunos incentivos generados por la AGCED.

Análisis sobre la motivación a participar en la Alianza Global

Las OSCs pueden participar directamente en la Alianza Global por medio de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo (AOED) como es el caso de ALOP, y acudiendo a talleres y eventos en las reuniones de alto nivel. En cuanto a las razones para participar en la Alianza Global, THP y Red Balance destacaron la importancia de representar las comunidades en los debates a nivel internacional sobre la eficacia del desarrollo y de la cooperación. Ana Lucia Márquez, expresó que “es importante definir qué es la Cooperación Internacional desde lo local y dar una mayor visibilización de las OSCs en la Cooperación Internacional[24].”

Ixanar Uriza, ,[25] destacó durante la entrevista el compromiso que las organizaciones tienen con las personas y la forma en que pueden representarlas en estos foros. También resaltó los riesgos de que al no participar se van cerrando espacios. Lo cual está documentado en el Informe de Monitoreo Global de la AGCED de 2016 y es un riesgo ya que disminuye la posibilidad de que estos actores sean tomados en cuenta en la toma de decisiones.

Adicionalmente, la motivación de algunas organizaciones como Oxfam México[26] recayó en que, por su amplia trayectoria sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo, podían conducir a otras e impulsarlas para incorporarse en otros procesos. Por otro lado, Altepetl[27], destacó la necesidad de incrementar sus capacidades de incidencia a nivel internacional. Por lo tanto, las principales motivaciones para participar en la AGCED son la “vinculación estratégica”, el “crecimiento como organización” y la “comunicación” con otras OSCs. Así como también son los beneficios que trae consigo la Cooperación en Red y la creación de procesos de colaboración entre OSCs internacionales.

De acuerdo con Brisa Ceccon[28],  el trabajo en red refleja la disposición de las organizaciones para colaborar entre ellas y generar procesos de participación, así como posicionamientos conjuntos que van más allá de su posición como organización, incrementando la posibilidad de tener impacto en la toma de decisiones. Las organizaciones entrevistadas al comprender el impacto de estas estrategias y la importancia de participar en foros internacionales, se plantean como objetivo estratégico participar en la Alianza Global.

Por otro lado, las organizaciones participan en espacios como la AGCED para posicionar su agenda en otros niveles y porque su posicionamiento puede coincidir con los del país en el cual operan, como el caso de las Vecinas Feministas por la Justicia. En México, falta transitar a una institucionalización en los procesos más allá de la presencia y liderazgo de las instituciones.

Finalmente, la motivación de algunas organizaciones como IDEMO, creen que para que exista una participación en foros como la Alianza Global, es necesario “estar en espacios de igual alcance que los gobiernos”[29]. El discurso sobre la horizontalidad de actores con que se presenta la Alianza puede ser un incentivo para la participación de OSCs. En esta última respuesta se ve que la Alianza Global ofrece un incentivo para la participación efectiva de las OSCs, proporcionando un espacio, donde las organizaciones estén al mismo nivel que los Estados en cuanto a la toma de decisiones. Sin embargo, para algunas de las organizaciones entrevistadas, sus motivaciones son ajenas a los incentivos generados por la Alianza Global.

Análisis de los resultados de la participación de OSCs en la Alianza Global

Uno de los resultados más destacados para la ALOP y las organizaciones pertenecientes a la Coalición Acción Internacional para el Desarrollo México (CAIDMEX), fue el incorporar el debate sobre la eficacia del desarrollo en la agenda de organizaciones locales y su papel en la Cooperación Internacional.  En el caso de ALOP, Norma Castañeda[30] comentó que existían diversas organizaciones locales peruanas parte de la ALOP que cuestionaban los beneficios de la participación en la AGCED, considerando que sería imposible plantear un cambio en el paradigma de desarrollo al interior de este foro. No obstante, a pesar de estos cuestionamientos, Jorge Balbis logró impulsar los beneficios que tendría la participación de ALOP al interior de la Alianza Global.

Por otro lado, en el caso de las organizaciones que posteriormente conformaron la Red CAIDMEX, lograron este resultado al coordinarse entre sí para proponer ante el gobierno mexicano, la AMEXCID y la DGVOSC, la creación de talleres que la participación de las OSCs en México ante la AGCED. Por lo tanto, se cumplió con uno de los principales objetivos de los talleres preparativos en México, que era transmitir a las organizaciones qué es la Cooperación Internacional para el desarrollo en las OSCs. En palabras de Ana Lucía Márquez: se avanzó en “articular y fortalecer a las organizaciones en temas de incidencia y cooperación[31]”. María Eugenia Mata, de IDEMO[32], destacó que un buen resultado fue el tener herramientas de análisis para ver la realidad en campo y ampliar el lenguaje técnico de la organización.

De acuerdo con Laura Becerra, el objetivo sobre “definir y transmitir conocimiento sobre las realidades de la Cooperación Internacional a nivel local hacia la Alianza Global”[33] se cumplió parcialmente, debido al alto nivel de burocratización en la estructura de la Alianza que no permite un espacio de participación amplio para mostrar las realidades de las decisiones locales. Lo anterior, se refiere a que el espacio de participación para todas las OSCs es muy reducido en cuanto a tiempo y que la estructura de las jerarquías al interior de la AOED de la Alianza Global es muy complicada de entender.

Otro resultado procedente del proceso de participación de OSCs en la Alianza Global, es el fortalecimiento de la Cooperación en Red entre organizaciones de distintos países. La creación de CAIDMEX es un resultado de cómo las organizaciones han iniciado un proceso de coordinación, más allá de su propio nombre, para tener un mayor impacto en estos foros. Tal es el caso de Corporativa de Fundaciones[34], esta red permitió ampliar su esfera de influencia a la Ciudad de México y organizaciones nacionales como Altépetl[35] alcanzaron una dimensión internacional en su ámbito de incidencia.

De acuerdo con THP[36], las redes de OSCs y los espacios como la Alianza Global permiten el intercambio de información entre las organizaciones y generan un mayor conocimiento con otros actores pertenecientes a dicho espacio. Trabajar en redes como CAIDMEX, permitiría potenciar el uso del valor agregado de cada una de las organizaciones participantes para generar estrategias de participación. Sin embargo, en ocasiones es difícil llegar a un consenso dado que existen diferentes posturas entre las organizaciones. Lo anterior, podría llevar a la Cooperación en Red a emitir posicionamientos conjuntos muy generales en temas polarizantes. aunque aún es muy pronto para medir los resultados de una red como CAIDMEX, las organizaciones ven como algo valioso el esfuerzo del diálogo y coordinación.

Algunas organizaciones como Oxfam México[37] y THP[38] destacaron como resultado positivo, el haber incrementado los nexos entre las OSCs y la AMEXCID. Adicionalmente, tanto IDEMO[39] como Red Balance[40] destacaron haber sido escuchadas por los gobiernos de diversos países, lo cual les permitió posicionar sus agendas más allá del ámbito local. Finalmente, entonces podría argumentarse que la Alianza va por buen camino en garantizar una participación efectiva de las OSCs.

Efectividad de la participación de las OSCs en la Alianza Global

Por otro lado, se preguntó directamente a las organizaciones si consideraban que su participación en la Alianza Global había sido efectiva. La mayor parte de las organizaciones respondieron afirmativamente, y   acentuando un interés genuino porque continúe la apertura de espacios similares. No obstante, algunas respondieron que el proceso de participación había sido parcial, debido a que no le habían dado seguimiento ni a la Declaración de Nairobi ni al tema sobre la eficacia de la cooperación y el desarrollo.

En este contexto de efectividad, se destaca  la crítica que expuso Laura Becerra, exponiendo que “la inclusión y la representatividad de aquellos actores u organizaciones importantes para un tema pero que no cuentan con los recursos para poder realizar incidencia a nivel internacional” (Becerra, 2005 p :4), evidenciándose también una excesiva burocratización que puede entorpecer los procesos de diálogo y comunicación de abajo hacia arriba”[41]. Una de las razones por las que no se considera la Alianza Global como un espacio de participación efectiva, es la dificultad de entender su funcionamiento por la alta burocratización y el reducido espacio para la participación de los actores a nivel regional.

Por último, otros autores como Martens (2007), también han argumentado que este tipo de mecanismos tienden a favorecer sólo la opinión de expertos que quizá no representen la totalidad de las organizaciones.

Propuestas y recomendaciones de las OSCs ante la Alianza Global

Una de las principales propuestas de las organizaciones como Altepetl[42] está encaminada a crear plataformas virtuales de fácil acceso, para integrar a las OSCs con el objetivo de facilitar el seguimiento a estos temas y compartir información sobre experiencias exitosas de Cooperación Internacional para el desarrollo que se lleven a cabo entre países. De acuerdo con Brisa Ceccon, es necesario “reactivar la agenda[43]” de la eficacia de la cooperación y transversalizarla con la de la Agenda 2030. Al respecto, Carlos Zarco, dice que es necesario “continuar con la articulación entre la agenda de la eficacia y la Agenda 2030[44]”. Brisa Ceccon, sugiere renovar el impulso político de la AGCED, siendo la eficacia de la cooperación, un tema pensado como un eje en otras agendas; mientras que, Carlos Zarco se enfoca en definir cuál será el papel  que va a tener la AGCED al interior de la Agenda 2030.

Dada la rotación de personal tanto en las organizaciones como en la Alianza Global y en la AMEXCID, Iniciativa Ciudadana y Oxfam México, enfatizaron la necesidad de contar con una metodología de participación clara que facilite la comprensión de las reglas del juego entre actores y el seguimiento institucional de los acuerdos[45]. Ante la burocratización de la Alianza Global, Laura Becerra sugirió “simplificar los procesos y hacer una estructura de participación clara y entendible para todos”[46]. María Eugenia Mata, reiteró la necesidad de dar más cabida en la práctica a las “diferencias regionales y locales en cuanto a visiones del desarrollo”[47].

Al respecto, Carolina Maldonado hizo hincapié en la necesidad de que los esfuerzos para el fortalecimiento de capacidades y lograr la participación de las OSCs en la Alianza Global, provengan de ellas misma y destacó que las OSCs deben verse entre sí como aliadas, haciendo alusión a la diferencia de posicionamientos entre Carlos Zarco y Jorge Balbis[48]. Por un lado, Carlos Zarco lideraba el proceso de participación de OSCs a nivel nacional vía AMEXCID y la DGVOSC, y Jorge Balbis el proceso de representación de las OSCs en México y Latinoamérica en la AOED.

Por su parte, Mariana Mancilla, sugirió que “los recursos de operación para el seguimiento de los acuerdos de la Alianza podrían provenir de los países participantes en la Alianza y de las Agencias de Cooperación participantes”[49]. Por último, Ana Lucia Márquez, destacó la necesidad que tiene la Alianza Global de “fortalecer la construcción de indicadores en el Marco de Monitoreo Global sobre la participación de OSCs para que reflejen la realidad local de México y otros países de manera comparable y con ello continuar con la visibilización del trabajo de las OSCs en la cooperación”[50].

Finalmente, las propuestas de las organizaciones evidencian que falta trabajo por hacer, tanto por parte de la Alianza Global para la participación efectiva de las organizaciones.

Lineamientos de Participación para las OSCs en la DGVOSC en México, el Contraste con las Condiciones sobre la Participación Efectiva de las OSCs

El propósito del siguiente apartado fue examinar los lineamientos para la participación de OSCs publicados en marzo de 2018, para identificar el enfoque que maneja el gobierno como participación y contrastarlo la perspectiva que poseen las OSCs.

PRIMERO: De acuerdo con los lineamientos para la participación de OSCs en temas de política exterior publicados en 2018, los posicionamientos de la sociedad civil serían asimilados y tomados en cuenta cuando proceda.

SEGUNDO: El diálogo se constituye como una función básica y esencial para conocer y asimilar, cuando proceda, la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, para formar criterios de acción que servirán para ponderar y orientar las posiciones de gobierno que asuma la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por lo tanto, si bien Carlos Zarco[51], coincide en que no necesariamente todos los posicionamientos de las OSCs deben ser tomados en cuenta por la Cancillería, sólo porque las organizaciones así lo requieran, algunas de las organizaciones hicieron énfasis en que para que la participación sea efectiva, la cancillería debe rendir cuentas sobre sus posicionamientos y el impacto en los planteamientos finales.

Por otro lado, el hecho de asimilar la opinión de las OSCs, por un lado, muestra voluntad del gobierno en incorporar la perspectiva de estas a los posicionamientos oficiales, pero por otro esta visión de las OSCs niega la diversidad existente entre ellas y la posibilidad de una participación a aquellas organizaciones que disienten con los posicionamientos oficiales del gobierno, generando una lógica de cooptación de intereses. De esta forma, este tipo de espacios recibirá a aquellas organizaciones cuya estrategia de incidencia involucre un diálogo con el gobierno.

Adicionalmente, es importante delimitar en cuáles temas procede la participación de las OSC, y cuál es el argumento presentado. Asimismo, los lineamientos presentados en 2018, nos permiten identificar cuáles son las expectativas de la SRE sobre la participación de las OSCs.

TERCERO: Para maximizar los beneficios y hacer más eficiente el proceso de diálogo y participación entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, éste deberá ser propositivo, responsable y de buena fe. Por lo tanto, se espera que las organizaciones sean propositivas, aludiendo a la responsabilidad que enfrentan las organizaciones para realmente lograr una participación efectiva.

CUARTO: Para el diálogo y consultas con las organizaciones de la sociedad civil la Secretaría de Relaciones Exteriores se compromete a:

I. Informar y mantener actualizada a la sociedad civil sobre las reuniones internacionales de carácter multilateral en las que participen las organizaciones de la sociedad civil, como parte de la delegación oficial;

II. Promover una mayor participación y compromiso de la sociedad civil en la reflexión para el diseño y presentación de propuestas en materia de política exterior;

III. Propiciar una relación y coordinación de mayor calidad entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y los actores sociales, y

IV. Estimular la transparencia y construcción de consensos en las propuestas y diseño de políticas públicas.

La Cancillería, por ende, aceptó el compromiso de mantener informada a la sociedad civil y sobre los posicionamientos del gobierno a través de su página web. Esto último está relacionado con la trasparencia y la rendición de cuentas del gobierno, no obstante, según las condiciones que algunas organizaciones consideran importantes para la efectividad de la participación, como en el caso de María Eugenia Mata[52], la información proporcionada debe ser de manera clara, al igual que se les debe dar oportunidad a las organizaciones para familiarizarse con la terminología técnica.  Por lo tanto, es parte de la responsabilidad de las organizaciones tener personal con la capacidad técnica para contribuir con la elaboración de propuestas en materia de política exterior y participar activamente para generarlas.  También se hace referencia a incrementar la calidad en la coordinación entre las OSCs y gobierno, sin embargo, la SRE desvinculó la participación de las OSCs de la asignación de recursos económicos.

SÉPTIMO: La participación de las organizaciones de la sociedad civil, será a título gratuito y no generará ningún vínculo laboral ni económico con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

DÉCIMO TERCERO BIS: La Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, podrá excepcionalmente con cargo a su presupuesto autorizado, apoyar a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que participen en las delegaciones oficiales, esto en términos de lo señalado en los Artículos 5, 6 fracción V y 7 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Lo anterior constituye un contraste con las expectativas que tienen las OSC en torno a una participación efectiva. En diferentes foros se estableció que el financiamiento es una condición de mucha utilidad para lograr la participación presencial de las organizaciones mexicanas en diversos foros internacionales. Así mismo, esta decisión podría generar una división entre aquellas organizaciones con recursos que pueden acudir a este tipo de foros y aquellas que no cuentan con los recursos para hacerlo.

OCTAVO: La información y participación estará abierta para todas las organizaciones de la sociedad civil. La participación se dará con base en los siguientes criterios:

I. Sean agrupaciones civiles legalmente constituidas en las que participan personas o grupos sociales con incidencia en la agenda multilateral;

II. La organización, asociación o red debe contar con conocimientos y habilidades derivados de su práctica social, laboral o profesional en la agenda multilateral;

III. La organización, asociación o rede debe contar con reconocida experiencia en los temas de la agenda multilateral, y

IV. Las demás que determine la dependencia o entidad que asuma la titularidad de Jefe de Delegación mexicana.

Podría argumentarse, que únicamente participarían, en este espacio algunas organizaciones con características muy particulares, por lo que el espacio dejaría de recibir a aquellas organizaciones que no cumplan con los criterios en los lineamientos. El segundo punto, destaca que las organizaciones deben contar con conocimientos y habilidades derivados de su práctica profesional en la agenda multilateral. Por lo tanto, la DGVOSC apela únicamente a aquellas organizaciones con las que se ha trabajado previamente, limitando las posibilidades de incrementar las habilidades de otras organizaciones que no tienen la experiencia requerida.

Una de las reflexiones más importantes, gira en torno a la necesidad de generar mecanismos de participación incluyentes y a una omisión importante tanto de las OSCs como de la DGVOSC, como lo es la falta de realización de un diagnóstico, que identifique cuales son los actores que deberían estar involucrados en un proceso de participación dependiendo del tema. Generar un diagnóstico y procesos de participación más incluyentes, podría ser una propuesta para acrecentar la efectividad de la participación de las OSCs. Lo anterior, podría ser de ayuda para extender el número de organizaciones participantes en estos espacios y evitar la conformación de élites. Por otro lado, los lineamientos limitan el número de organizaciones que podrán ser parte de la delegación mexicana a 5 y específica que las organizaciones serán quienes designen quien participará.

DÉCIMO PRIMERO: La decisión de quiénes participarán por parte de las organizaciones de la sociedad civil, corresponderá a las propias interesadas mediante una toma de decisiones transparente.

Según Luz Elena Baños, la participación efectiva es:

La parte informativa, y que haya un diálogo constante sobre que está sucediendo, cual es la posición de México, porque se construye de esa manera…lo que es más importante es que las sugerencias y los posicionamientos de sociedad civil sean integrados a los posicionamientos oficiales. En las negociaciones, poder presentar una posición enriquecida con los posicionamientos de sociedad civil, no solamente escucharla e incorporar sus solicitudes y sus puntos de vista en los posicionamientos y documentos oficiales de México…el que ellas formen parte de la delegación oficial mexicana.[53]

En contraste con la posición de la DGVOSC tanto THP[54] como IDEMO[55], expusieron al respecto que debe haber una retroalimentación sobre qué aspectos propuestos por las OSCs se incluyen en los posicionamientos oficiales. El análisis es congruente con la opinión favorable que manifestaron las OSCs hacia la DGVOSC (Alejo, 2014).

La perspectiva de Miguel Díaz es necesaria para comprender que el camino hacia la participación efectiva de las OSCs tanto en temas internacionales como de Cooperación Internacional para el Desarrollo, fue un proceso que abarcó puntos a lo largo del tiempo.

En este contexto, la participación de las OSCs en el G20 en 2012 por medio del C20[56] y su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16) de Cancún en 2010, constituyen un antecedente importante para la forma en que las OSCs participaron en la Alianza Global. En particular se destacó que la COP 16 fue importante porque en ella, el gobierno logró hacer un mapeo de los actores de la sociedad civil. En palabras de Miguel Díaz:

La participación efectiva es una participación real, en la que se abren espacios de negociación con los tomadores de decisiones de los gobiernos y no caer en la simulación …es una incidencia real a partir de las propuestas de sociedad civil, … que la sociedad civil tenga claridad técnica de sus posicionamientos y con ello una mayor incidencia[57].

Se evidencia coincidencia con otras organizaciones de la sociedad civil como Altepetl, quien hizo un llamado para evitar la simulación en este tipo de espacios públicos. Es importante agregar que las OSCs en México y en otros países conforman un mosaico plural de opiniones, por lo que es importante innovar en la forma en la que se incluyen las OSCs en distintos procesos, dado que no siempre será posible generar un posicionamiento consensuado.

Según Miguel Díaz, no se utiliza un modelo específico para garantizar la efectividad de la participación de las OSCs en la DGVOSC, quien ha tomado como referencia la experiencia en otros espacios de gobierno en los cuales previamente el gobierno era el encargado de seleccionar a las OSC para generar una dinámica de “autoselección”[58], de las OSCs en las que son ellas quienes deciden qué organización las representará en un determinado foro como parte de la delegación mexicana. En conclusión, Miguel Díaz, expone que “la participación de las OSCs en el gobierno genera confianza porque es viable y necesaria, se gana incorporando posicionamientos de las OSCs”.[59]

La percepción de la AMEXCID sobre la efectividad de la participación de las OSCs

La AMEXCID es la institución que coordinó diversos procesos para realizar la RAN 1 en México durante la copresidencia mexicana en 2014. Actualmente, la AMEXCID ha sido la institución responsable de darle seguimiento en el país a la agenda de la efectividad de la Cooperación y la Alianza Global y continúan siendo relevantes para ella, dado que la Alianza está reconocida “como medio de implementación de la Agenda 2030[60]” y de la Conferencia de financiamiento de Addis Abeba en 2015.

En palabras del Mtro. Daniel Gamboa, la efectividad de la participación de las OSCs en la Alianza y en la Cooperación Internacional se refiere a que la AMEXCID:

Busca la participación de las OSCs en los foros multilaterales como la Alianza Global, y otros procesos globales y multilaterales. Se busca, incluir el punto de vista de las OSCs en el posicionamiento mexicano y que haya representantes de la sociedad civil en la delegación mexicana. Las OSCs toman la decisión de quien va. El reto es que haya continuidad en los distintos momentos de cada agenda. Para la RAN 2, se hizo un foro de consulta con OSCs…entre México y Nairobi, era como casi volver a empezar la agenda.[61].

La perspectiva de este planteamiento de la AMEXCID, aporta elementos sobre la continuidad de la participación y la implementación de los compromisos acordados en Nairobi. Finalmente, el concepto coimplementación reitera la noción de las OSCs como socios de la cooperación y que estas pueden ser sujetos de la cooperación.

Inclusive, una de las principales críticas de Mariana Mancilla[62], fue que se trabajaba mucho en el contexto de las reuniones de alto nivel, pero que después “se perdía el hilo” y no había un seguimiento adecuado de los acuerdos para aterrizarlos en iniciativas de cooperación. La idea es lograr trascender el hecho de que sólo no se trabaje como preparación para las reuniones de alto nivel. A pesar que uno de los resultados más destacados por las OSCs de su participación en la RAN 1, fue lograr un conocimiento sobre qué es la AMEXCID y una mayor vinculación con los funcionarios públicos, actualmente es reducido el número de proyectos que tienen con las OSCs.

Finalmente, la AGCED plantea generar una plataforma que sea consultada por los miembros de una determinada iniciativa, lo cual se ve afectado por los procesos al interior de la Alianza. Lo anterior deja muy poco espacio para que en un término de dos años se puedan evaluar las iniciativas. Es necesario que exista una clara comunicación entre la AMEXCID, la AGCED y las OSCs en cuanto a los cambios de puntos focales y de personas que le dan seguimiento.

Conclusiones

Una de las conclusiones más importantes de esta investigación, es que aún existen disparidades muy grandes entre lo que las instancias de gobierno responsables de la participación de OSCs como la DGVOSC consideran como participación y lo que las OSCs consideran como efectividad en la participación. Desde el punto de vista de las organizaciones entrevistadas, no es suficiente sólo hablar de participación, sino que es necesario que ésta sea efectiva.

La efectividad de la participación recae tanto en los incentivos generados por el gobierno mexicano y la Alianza Global en este caso, como en las estrategias y acciones que emprenden las organizaciones, entre ellas adoptar la incidencia al interior de sus esquemas de trabajo.

Adicionalmente, la participación y la participación efectiva dependen tanto de las acciones de gobierno u organismos internacionales como de las acciones de las OSCs. Desde la perspectiva de las OSCs la participación efectiva va más allá de la recepción de información, de las consultas y de acudir a mesas de análisis, implica un seguimiento, una incidencia, un impacto en la agenda de largo plazo, una retroalimentación y una rendición de cuentas mutua, en la que las organizaciones no son únicamente medios para validar las decisiones y posicionamientos de gobierno, sino que estos se construyen de la manera más conjunta posible.

Aunque la presente investigación basa su análisis en los resultados obtenidos de la subjetividad de la percepción de las organizaciones y no en indicadores numéricos, es importante señalar que la investigación cualitativa basada en los diferentes puntos de vista de las OSCs entrevistadas, proporciona información sobre los avances de los procesos de participación y sobre resultados que muchas veces no son medibles o difíciles de cuantificar.

Aunque, ALOP, Oxfam México y Equipo Pueblo son organizaciones que cuentan con una amplia experiencia tanto en temas de cooperación internacional como en temas de incidencia internacional, es importante destacar que en ocasiones su liderazgo también esta personalizado en sus dirigentes. Lo anterior, podría reflejar que en México ha costado mucho trabajo en todos los sectores pasar de trabajar con personas a trabajar con instituciones.

Una parte interesante del análisis a reflexionar consiste  en el hecho de que la horizontalidad en si misma tanto de la cooperación en red presente de las OSCs ante la Alianza, como la horizontalidad entre actores al interior de la misma, no genera en sí misma una mayor eficacia de la cooperación.

Finalmente, el análisis también buscó identificar qué tanto permeó el proceso de participación de las OSCs en México en la Alianza Global en la memoria institucional de los funcionarios de Relaciones Exteriores. Lo anterior es relevante, dado que estos procesos de participación en la cooperación internacional deben ir más allá de lo coyuntural y se debe dar seguimiento a la agenda tanto del lado del gobierno mexicano como de las organizaciones.

 

Anexo 1 Organizaciones y funcionarios entrevistados

Organizaciones entrevistadas: 

Funcionarios entrevistados:

Anexo 2 Listado de organizaciones participantes en la RAN 1

 

Referencias 

 Alejo, A. (2014). Reporte: Proceso de preparación de las Organizaciones de la Sociedad Civil Mexicana para la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación al Desarrollo Eficaz. Ciudad de México: Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).

Becerra, L. (2005). Participación e incidencia política de las OSC en América Latina Definiciones, Recomendaciones y Retos. Ciudad de México: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción ALOP.

Cunill, N., & Bresser, L. (1998).: Lo público no estatal en la reforma del Estado. Buenos Aires, Argentina: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)-Paidós.

Gutiérrez, G., Cabrera, R & Diez de Sollano, C. (2017). (en prensa) Entorno en el que se desarrollan las OSCs en México, Diagnóstico. Ciudad de México.

Hevia, F. (2011). ¿Cómo medir la participación? Creación, validación y aplicación del cuestionario de conductas de participación. Ciudad de México: CIESAS-INDESOL.

Martens, J. (2007). Multistakeholder Partnerships –Future Models of Multilateralism? Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.

Real Academia Española (RAE) (2018). Diccionario de la Lengua Española. Recuperado de http://dle.rae.es/?w=diccionario.

Sánchez, G., Cabrera, R., & Diez de Sollano, C. (2017). Entorno en el que se Desarrollan las Osc en México, Diagnóstico. Ciudad de México: Instituto Mora.

Ziccardi, A. (2004). Introducción: Claves para el análisis de la participación ciudadana y las políticas sociales del espacio local. In Participación Ciudadana y Políticas Sociales del Ámbito Local.

[*] Este escrito es un resumen de la Tesis presentada como recurso para graduarse como Maestra de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2016-2018. La cual, puede revisar completamente en el repositorio del Instituto Mora.

[**]Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM, una especialidad en Desarrollo Social en a UNAM y finalmente la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto Mora, generación 2016-2018. Asimismo, ha sido contratada en diversas ocasiones como consultora en el PNUD y en diversos proyectos electorales. Ha si mismo, a trabajado en diversas dependencias y organizaciones en temas de cooperación internacional para el desarrollo, tales como la Secretaría de Economía, la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y Oxfam México.

[1] El criterio para seleccionar a los participantes en las entrevistas, está vinculado entre otras cosas con la relevancia de su participación en la reunión de alto nivel de la AGCED que se llevó acabo en México en 2014. Asimismo, para seleccionar a las OSCs se tomó en consideración su trayectoria en diferentes espacios de incidencia para el desarrollo y temas internacionales. Los criterios para seleccionar a los participantes se profundizarán en el anexo metodológico.

[2] El término organizaciones se emplea como un sinónimo de las OSCs en este texto.  En específico, se realizaron 13 entrevistas semiestructuradas, tanto a representantes del gobierno mexicano que estuvieron involucrados en el proceso, como a los representantes de las OSCs que también lo estuvieron en el periodo de estudio que se centra especialmente en México 2014 y en Nairobi, Kenia 2016 El Anexo 1 muestra las organizaciones y funcionarios entrevistados y el Anexo 2 muestra un listado de las organizaciones que participaron en la primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global.

[3] Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018

[4] Entrevista con María Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018

[5] Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director ejecutivo de Oxfam México el 6 de marzo de 2018.

[6] IDEM

[7] Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director de Oxfam México, realizada el 6 de marzo de 2018

[8] Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018

[9] Entrevista con María Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.

[10] Entrevista con Oscar Rey, director ejecutivo de Altepetl, realizada el 5 de marzo de 2018

[11] Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018.

[12] Entrevista con Carolina Maldonado, coordinadora de iniciativas internacionales en Oxfam México, realizada el 9 de marzo de 2018

[13] Entrevista realizada con Mariana Mancilla, antigua coordinadora en Red Balance, realizada el 9 de abril de 2018

[14] Entrevista con Ixanar Uriza, directora operativa de Corporativa de Fundaciones, realizada el 20 de febrero de 2018

[15] Entrevista con Norma Castañeda, antigua asistente de la secretaria ejecutiva de ALOP, el 2 de marzo de 2018

[16] Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018

[17] Entrevista con María Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018

[18] Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018

[19] Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director de Oxfam México, realizada el 6 de marzo de 2018

[20] Entrevista realizada con Mariana Mancilla, antigua coordinadora en Red Balance, realizada el 9 de abril de 2018

[21] Entrevista con Carolina Maldonado, coordinadora de iniciativas internacionales en Oxfam México, realizada el 9 de marzo de 2018

[22] Entrevista con Brisa Ceccon, antigua colaboradora de Iniciativa Ciudadana, realizada el 20 de febrero de 2018

[23] Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director de Oxfam México, realizada el 6 de marzo de 2018

[24] Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018

[25] Entrevista con Ixanar Uriza, directora operativa de Corporativa de Fundaciones, realizada el 20 de febrero de 2018

[26] Entrevista con Carolina Maldonado, coordinadora de iniciativas internacionales en Oxfam México, realizada el 9 de marzo de 2018

[27] Entrevista con Oscar Rey, director ejecutivo de Altepetl, el  5 de marzo de 2018

[28] Entrevista con Brisa Ceccon, antigua colaboradora de Iniciativa Ciudadana, realizada el 20 de febrero de 2018

[29] Entrevista con María Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.

[30] Entrevista con Norma Castañeda, antigua asistente de la secretaria ejecutiva de ALOP, el 2 de marzo de 2018

[31] Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018

[32] Entrevista con María Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.

[33] Entrevista a Laura Becerra Pozos, directora   ejecutiva de Equipo Pueblo, realizada el 11 de enero de 2018

[34] Entrevista con Ixanar Uriza, directora operativa de Corporativa de Fundaciones, realizada el 20 de febrero de 2018

[35] Entrevista con Oscar Rey, director ejecutivo de Altepetl, el  5 de marzo de 2018

[36] Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018

[37] Entrevista con Carolina Maldonado, coordinadora de iniciativas internacionales en Oxfam México, realizada el 9 de marzo de 2018

[38] Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018

[39] Entrevista con María Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.

[40] Entrevista realizada con Mariana Mancilla, antigua coordinadora en Red Balance, realizada el 9 de abril de 2018

[41] Entrevista a Laura Becerra Pozos, directora ejecutiva de Equipo Pueblo, realizada el 11 de enero de 2018.

[42] Entrevista con Oscar Rey, director ejecutivo de Altepetl, el 5 de marzo de 2018

[43] Entrevista con Brisa Ceccon, antigua colaboradora de Iniciativa Ciudadana, realizada el 20 de febrero de 2018

[44] Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director de Oxfam México, realizada el 6 de marzo de 2018

[45] Entrevista con Brisa Ceccon, antigua colaboradora de Iniciativa Ciudadana, realizada el 20 de febrero de 2018

[46] Entrevista a Laura Becerra Pozos, directora   ejecutiva de Equipo Pueblo, realizada el 11 de enero de 2018

[47] Entrevista con María Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.

[48] Entrevista con Carolina Maldonado, coordinadora de iniciativas internacionales en Oxfam México, realizada el 9 de marzo de 2018

[49] Entrevista realizada con Mariana Mancilla, antigua coordinadora en Red Balance, realizada el 9 de abril de 2018

[50] Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018

[51] Entrevista realizada a Carlos Zarco, antiguo director de Oxfam México, realizada el 6 de marzo de 2018

[52] Entrevista con María Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.

[53] Entrevista con la ministra Luz Elena Baños, actual titular de la DGVOSC, realizada el 6 de febrero de 2018.

[54] Entrevista con Ana Lucia Márquez, Gerente de THP, realizada el 27 de marzo de 2018

[55] Entrevista con María Eugenia Mata, directora y fundadora de IDEMO, realizada el 13 de abril de 2018.

[56] El C20 fue un foro creado específicamente para facilitar la participación de OSCs en el G20

[57] Entrevista con el embajador Miguel Diaz, antiguo titular de la DGVOSC, realizada el 16 de enero de 2018.

[58] Entrevista con el embajador Miguel Diaz, antiguo titular de la DGVOSC, realizada el 16 de enero de 2018.

[59] Entrevista con el embajador Miguel Díaz, antiguo titular de la DGVOSC, realizada el 16 de enero de 2018.

[60] Entrevista con el Mtro. Daniel Gamboa, Subdirector de Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la AMEXCID, realizada el 16 de abril de 2018.

[61] Entrevista con el Mtro. Daniel Gamboa, Subdirector de Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la AMEXCID, realizada el 16 de abril de 2018.

[62] Entrevista realizada con Mariana Mancilla, antigua coordinadora en Red Balance, realizada el 9 de abril de 2018.

Paper: Guyana´s Road to First Oil

Guyana´s Road to First Oil: The Quest for Technical Cooperation and Economic Diplomacy

Embajador Iván Roberto Sierra Medel *

Resumen: 

El presente ensayo describe la situación actual de la economía de Guyana, ofreciendo una perspectiva de las situaciones que podrían presentarse a medida que la explotación comercial de los campos petrolíferos en alta mar despliegue su enorme potencial. Dentro del texto, el autor señala que la industria de petróleo y gas en Guyana, es posible con un enfoque equilibrado, teniendo en cuenta tanto la producción de energía como la protección ambiental. El texto destaca también la necesidad de que el país aproveche la nueva fuente de riqueza con las fortalezas tradicionales de la agricultura. Por último, se ofrece un panorama de las experiencias recientes en la relación bilateral con México, en materia de cooperación técnica y diplomacia económica, así como lecciones aprendidas, sumandos así a los esfuerzos de ambos países en favor de una amplia transformación económica en las siguientes décadas.

As countries around the world, and especially those with the most challenging gaps to bridge, engage in multi-actor strategies aimed at achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) within the 2030 Agenda for Sustainable Development, the need for adequate levels of financing is a pressing concern. Although there is near-consensus on the nature of the 17 global SDGs as cross-border partnerships that should elicit efforts from developing countries and industrial economies, the mainstay of resources that will fund investments in social development and productive transformation ultimately depends on sustained economic growth.

Thus, some may argue that development cooperation practitioners witness a Catch-22 situation: the one realistic shot of developing countries that lag behind significantly in terms of income and lack of domestic capacities to sustain GDP growth in order to build stronger economic foundations and social progress requires them to achieve economic growth basically as a prerequisite (although SDG 8 sees growth as a goal on its own merits). The growth paradox calls for a closer analysis from the point of view of economics and political science in order to devise creative and practicable solutions.

However, if the case can be made that anaemic GDP growth is effectively a burden that imperils sustainable development, that argument should not suggest that accelerated economic expansion provides all solutions by itself. Indeed, as the Cooperative Republic of Guyana, the country with the second-lowest per capita income in the Western Hemisphere, braces itself for an unprecedented 29% rise in GDP during 2019, the country seeks to cement existing development partnerships and to bring together stakeholders from all productive sectors in the endeavour to obtain the maximum benefits from its emerging oil and gas industry. The present essay will discuss the current situation of the Guyanese economy and the trends that could be expected as commercial exploitation of offshore oilfields unfolds its vast potential. The author will make the argument for a balanced approach in building Guyana´s oil and gas industry taking into account both energy production and environmental protection, and will highlight the need for the country to leverage the new source of wealth with traditional strengths in agriculture. Recent experiences in the bilateral relationship with Mexico concerning technical cooperation and economic diplomacy provide the empirical lessons learned regarding joint efforts to make a contribution to the present needs and to effect the broad economic transformation that Guyana will have the coveted opportunity for put in place in the next decade.

 

A land where vast opportunity coexists with limited economic progress.

 

Among English- and Dutch-speaking countries in the Greater Caribbean, Guyana ranks first in terms of landmass, third in terms of population, and has the sixth largest economy in terms of nominal GDP, but the country has been stuck for decades at the very bottom of that group of nations in terms of Per Capita Income. As of 2018, the only country in the Americas that lags behind Guyana in terms of Per Capita Income is poverty-ridden Haiti.

The undeniable disparity between the significant potential for development in Guyana on the basis of the country´s natural resources and the actual performance of the economy along many decades has widened the gap in terms of income and standards of living between Guyana and its better-off neighbours in the Caribbean.

The trifecta of a commodities boom, international tourism, and renewed dynamism of financial activities that lasted from 2002 until 2015 greatly propelled economic growth across the Greater Caribbean. The best performers, such as Barbados and Trinidad and Tobago, saw unprecedented growth of GDP (according to estimates by the World Bank, Per Capita Income in Barbados reached USD 16,129 in 2015, while the sustained spike of oil prices led to the trebling of Trinidad and Tobago´s Per Capita Income, as it went from USD 7,049 in 2002 to USD 20,081 in 2014)[1].

 

Table 1. An economic picture of the pre-oil era in Guyana.

Guyana only marginally benefited from the bout of regional prosperity, achieving a Per Capita Income of USD 4,030 in 2014. However, as the Guyanese economy relies on a relatively diversified portfolio of sources of hard currency (mining, agriculture, remittances, and fisheries), the country has sustained less damage than other Caribbean nations from the Perfect Storm (the confluence of tighter international restrictions to financial services, lower prices for commodities, tourism markets volatility, and large foreign currency-denominated debt) that has been pounding the region since 2014[2].

While the loss of economic momentum across the Greater Caribbean since 2015 has prompted a number of countries to enact economic reforms and to secure the help from the International Monetary Fund (Barbados, Jamaica, and Suriname are cases in point[3]), Guyana has been facing the need to better adapt to shifting economic prospects not because of a deterioration, but rather in view of new avenues of development made possible by the first oil discovery announced in May 2015 and the subsequent offshore finds that point to large recoverable reserves of oil and gas.

 

Guyana´s oil and gas game changer.

 

In May 2015, an international joint venture led by ExxonMobil announced that a test well in deep waters offshore Guyana had reached a vast reservoir of commercially recoverable oil.

The initial projections put estimated projections close to 120,000 barrels per day at the Liza-1 oil rig located within the Stabroek block. By itself, the news pointed to an inflexion point to hitherto energy-starved Guyana, whose needs are served by the import of 15,000 barrels of oil products per day[4]. The mere prospects of a steady domestic supply of fuel for power generation heralds new times for the country with the highest electricity prices in the region.

From 2015 to 2018, new developments have piled-up and first oil is on its way to becoming a game changer for Guyana. A first highly favourable factor is the rapid maturity of the Liza-1 production site, which is expected to begin delivering oil and gas production as soon as the first quarter of 2020[5].

A second relevant feature of the first find has to do with the high quality of Guyanese oil, which thus can find its way to lucrative markets. But perhaps it is the third factor in the roadmap toward first oil in Guyana that augurs sustained prosperity in the industry: the vast magnitude of recoverable reserves. Since 2015, ExxonMobil has made a total of ten discoveries: the Liza-1, Liza-2 (Liza Deep), Payara, Snoek, Turbot, Ranger, Pacora, Longtail, Hemmerhead and Pluma test wells. Current estimates put potential reserves above 5 billion barrels of oil for the Stabroek block alone, which makes Guyana one of the top five oil powerhouses in the Western Hemisphere and could lead to a production of 750,000 barrels per day[6].

Table 2. The emerging oil and gas sector in Guyana.

The succession of lucrative finds in several areas of the Stabroek block prompted oil companies with concessions in the adjacent Orinduik block to scale-up exploration activities. As a result, in September 2018, it was announced that commercially recoverable oil reserves in the Orinduik block may be close to 2.9 billion barrels of oil[7].

While the concession over the Stabroek block that is expected to deliver first oil in Guyana was allocated to the consortium led by ExxonMobil, many international companies in the energy sector are showing interest in Guyana.

As of 2018, the list of major oil companies that hold rights to develop oil resources of maritime blocks includes Total, Tullow Oil, and EcoAtlantic (Orinduik block); Repsol and Tullow Oil (Kanuku block); Anadarko (Roraima block); Ratio Oil (Kaieteur block); Esso, MidAtlantic and JHI (Canje block); and CGX (Demerara and Corentyne blocks)[8].

Knowledge-sharing between Mexico and Guyana in engineering expertise and environmental enforcement in the oil and gas industry.

 

International experiences suggest that, for Guyana to be able to secure the maximum benefits from its newly discovered energy resources, the country needs to bridge a significant gap in terms of national institutions, domestic capacities and human capital. On the road towards first oil, is the activation of bilateral and multilateral partnerships in order to foster knowledge-sharing and capacity-building in strategic areas concerning oil and gas.

Mexico’s background as a leading producer of oil and gas encompassing more than a century of both inland and offshore oil exploitation makes the country a potential development partner for Guyana[9]. Willing to address the opportunities of demand-driven and results-oriented technical cooperation, the Mexican Agency for International Development Cooperation (AMEXCID) facilitated the institutional dialogue that made it possible for the Mexican Institute for Petroleum (IMP) to become the first international partner to sign a Memorandum of Understanding with the Government of Guyana[10]. In March 2017, the IMP and the Ministry of Natural Resources started the execution of an MOU focused on three white papers: an energy production/energy consumption matrix; a catalogue of international best practices in oil and gas regulation: and a human resources strategy[11].

Since the IMP broke new ground to enter an MOU with Guyana, two other international partners have formalised MOUs with the country: Trinidad and Tobago in September 2018[12], and the Canadian province of Newfoundland and Labrador in October 2018[13].

While the collaboration with the IMP is aimed at fostering engineering capacities, the holistic enhancement of Guyanese institutions requires a parallel pillar of technical cooperation to address environmental enforcement and regulation of the oil and gas industry. In October 2018, the Mexican Agency for Safety, Energy, and the Environment (ASEA) conducted a first training workshop with the participation of more than a dozen agencies of the Guyanese government[14]. The Environmental Protection Agency (EPA) has taken the lead in the bilateral partnership with ASEA in order to jumpstart the in-premises training in ASEA’s headquarters and on oil rigs in the Gulf of Mexico for Guyanese officials. This project has attracted financial support from both the Inter-American Development Bank and AMEXCID[15].

 

Table 3. The two-pronged Mexico-Guyana collaboration in capacity-building for the emerging oil and gas sector.

 

The Mexican-Guyanese experience in fostering trade facilitation in agriculture.

While the commercial exploitation of oil and gas holds vast promise for Guyana, the first finds in 2015 coincided in time with the announcement from one of the most important clients for Guyanese rice putting an end to bilateral deals that in prior years had allowed Guyana to export close to 37,000 tons of grain. As the national production in 2016 was expected to be nearly 534,000 tons of rice[16], the country faced the need to develop new markets for a cash crop that over the years has proved to be a steady foreign-currency earner and a significant source of jobs.

In October 2015, the Government of Guyana approached the Mexican government in order to promote the commercialization of Guyanese grain[17]. Since there were no precedents of the food product having ever been exported to Mexico, the need arose for a comprehensive strategy of economic diplomacy to be put in place by the Mexican authorities in order to address the Guyanese request.

As trade facilitation has long been considered an integral part of the modern practice of international development cooperation, specific actions in the field of economic diplomacy should be put in place following the same criteria as those executed in the field of technical cooperation, namely, the initiatives should be demand-driven, country-appropriate, and results-oriented.

The first major barrier facing exporters of food products vying to enter a new market is the need to clear phyto-sanitary requirements and inspections. Given that no Guyanese grain had ever been exported to Mexico, rice producers had to be educated regarding the legal procedures set by the country´s plant health inspectorate, SENASICA. The initial analysis of Guyanese grain were submitted to SENASICA early in 2016, but the final Requirements Sheet was issued in the first quarter of 2017[18].

A second hurdle that can be even more time-consuming than plant health procedures and usually requires significant expenditure is the task of finding reputable clients who would become pathfinders in the endeavour to bring food products from a novel market and find competitive and practicable solutions in the area of logistics.

Since the international travel costs of business match-making endeavours can be prohibitive for individual producers, the Embassy of Mexico held information workshops in rice-producing regions[19] and teamed-up with the Guyana Rice Development Board in order to organize the first-ever business mission to Mexico, which in March 2017 participated at the largest Supermarket Trade Fair in Latin America, Expo ANTAD in Guadalajara[20]. In order to facilitate translation services and information kits to address the concerns of potential buyers, the Embassy obtained a voluntary liaison from the economics department of the local university.

The economic diplomacy efforts put in place to facilitate the commercialisation of Guyanese grain began delivering results by the end of the second quarter of 2017, and the first shipment of 17,000 tons of paddy was sent to Mexico in July 2017[21].

The activation of grain imports from Guyana included a time-sensitive factor, as the Mexican government set a 150,000 tons duty free quota for rice and paddy that was to be implemented on a first-come, first served basis from March to December 2017[22].

Taking into account that trade in commodities and food products closely tracks competitive prices and opportunities of arbitrage, the introduction of temporary import-tax concessions (which Mexican authorities made available for all rice producing countries on an equal-footing basis) became a relevant element of trade facilitation efforts and ultimately played an important role in securing the inking of contracts between Guyanese producers and Mexican companies.

According to official data from the customs bureau, from July 2017 to July 2018, Guyanese exporters shipped more than 201,500 tons of paddy to Mexico[23], which made Mexico the world´s largest destination for Guyana´s grain.

Trade facilitation mechanisms proved instrumental, especially the decision announced by the Mexican authorities in December 2017 to set new duty-free quotas for the years 2018 and 2019, which amounted to 150,000 tons of rice products for each year[24].

 

Table 4. The Mexico-Guyana experience in economic diplomacy and technical assistance to facilitate trade in rice products 2015-2018.

Conclusions: A pressing challenge to turn potential into development achievement.

 

As Guyana’s recent oil discoveries are expected to start bringing vast revenues from the year 2020 onwards, the country could well be on the verge of entering an era of economic expansion and sustained development. Given that the commercial exploitation of Guyanese oilfields will be based on Production-Sharing Agreements with major international oil companies, the country will not need to raise any government debt to finance the huge investment required by offshore projects. Thus, every extra dollar from the energy sector will mean an actual increment to the national income and contribute to effect a change for the benefit of the country and to the welfare of the Guyanese people.

The road ahead for Guyana, however, is not exempt of significant challenges. A potential issue that elicits justified concerns relates to the hitherto untested absorption capacity of the Guyanese economy and the need to put in place expedient solutions to address current and emerging infrastructure bottlenecks while the energy industry expands rapidly. The amount of direct investment already committed by the international oil companies to develop the Liza-1 project, in excess of USD 4.4 billion dollars[25], is vastly greater than Guyana´s Annual GDP of USD 3 billion dollars. Regardless of the corporate capacities of oil multinationals in managing such a big project, the sheer magnitude of the mobilisation of financial, material, and technical resources will have a profound impact on the Guyanese economy as a whole.

The most immediate effect of the massive flow of foreign direct investment will be seen in nominal growth across the economy. The World Bank has pointed to an unprecedented 29% increase in GDP during 2019, as Guyana prepares for the commercial extraction of first oil in 2020[26].

As more test wells move into the production phase, the economic spike can be expected to last for a decade.

Few would expect that, left to act on its own, the invisible hand of markets will prove capable to harness the accelerated economic expansion in order to build a path of sustainable development for Guyana. Indeed, a partnership of free enterprise (both foreign and locally-owned) with the very visible hand of public policy holds the most promise. Thus, a comprehensive strategy aimed at unlocking Guyana’s vast potential requires focused capacity-building efforts in the emerging energy sector and the parallel mobilisation of resources to foster investment and job creation in the sectors that have traditionally been the bulwark of the country’s economy, such as agriculture and forestry.

On the basis of the results delivered by the partnership with Mexico in technical cooperation and economic diplomacy, International Development Cooperation has proved capable of providing useful tools for capacity-building and international trade promotion. As both tasks grow increasingly more complex in the coming years due to an unprecedented rate of economic expansion, development partners should keep in mind that a constant evolution of existing partnerships will be needed in order to make an effective contribution to transformational change in Guyana.

* Es Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Cooperativa de Guyana, así como Observador Permanente de México ante la Comunidad del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana.  Es Licenciado en Filología por la Universidad Estatal de Moscú (1991) y cuenta con dos maestrías: una en Filología por la Universidad Estatal de Moscú (1992) y la segunda en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de México (1994). Es Diplomático de carrera desde 1993 y promovido al rango de embajador desde el año 2009. El Mtro. Iván Sierra ha desempeñado los siguientes cargos:

  • Asesor en la Coordinación General de Asesores del Secretario de Relaciones Exteriores (2013-2014).
  • Asesor en Asuntos Internacionales en la Presidencia de la República (2008-2012);
  • Director General Adjunto de Administración e Información del Instituto de los mexicanos en el Exterior, en la Secretaria de Relaciones Exteriores SRE (2206-2008);
  • Dirección de Cooperación Multilateral en la SER (1998-1999); Director de Política de Cooperación, en la SER (1996-1998);
  • Subcoordinador de Asesores en el Gobierno de Jalisco (1996);
  • Secretario Particular del Director General de Cooperación Técnica y Científica, en la SER (1995-1996).

Ha sido, además, catedrático en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, Universidad de las Américas- Ciudad de México y en el Centro de Estudios para Extranjeros Universidad de Guadalajara.

Referencias:

 

  1. CARICOM Secretariat (2005): CARICOM. Our Caribbean Community. An Introduction, Ian Randle Publishers, Kingston.
  2. Diario Oficial de la Federación (2017a): Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los cupos para importar carne de res y arroz, Secretaría de Gobernación, Mexico, 26.12.2017.
  3. Diario Oficial de la Federación (2017b): por el que se dan a conocer los cupos para importar carne de res y arroz, Secretaría de Gobernación, Mexico, 1.3.2017.
  4. ExxonMobil (2018): “Exxon Guyana Project Overview” available at https://corporate.exxonmobil.com, retrieved 30.10.2018.
  5. Guyana Chronicle (2017): Guyana commences paddy export to Mexico, Georgetown, 1.7. 2017.
  6. Guyana Energy Agency (2016): Annual Report 2016, GEA, Georgetown.
  7. Guyana Times (2018a): EcoAtlantic finds 2.9 barrels of oil and gas offshore Guyana, Georgetown, 12.9.2018.
  8. Guyana Times (2018b): Minister Trotman meets delegation from IMP, Georgetown, 11.5.2018.
  9. Guyana Times (2015): Guyana, Mexican Govt mulls commercialisation of Guyana´s paddy, Georgetown, 31.10.2015.
  10. Houston Chronicle (2017): Exxon, partners greenlight $ 4.4 billion project off Guyana, Houston, 16.6.2017.
  11. Inter-American Development Bank (2018): Caribbean Region Quarterly Bulletin 2018 and Beyond. IDB, Washington, D. C. June 2018.
  12. Kaieteur News (2017): Guyana aims to penetrate Mexican rice market at food expo, Georgetown, 28.2.2017.
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  16. ProMéxico (2017): Economic Integration of Mexico and Guyana in Negocios, ProMéxico, Mexico, July-August 2017.
  17. Sierra Medel, Ivan Roberto (2017): Navigating the Perfect Storm: The Contribution of Knowledge-Sharing to Building Economic Resilience in Caribbean Nations in Citlali Ayala Martinez and Ulrich Muller (eds.) Towards Horizontal Cooperation and Multi-Partner Collaboration. Knowledge-Sharing and Development Cooperation in Latin America and the Caribbean. Nomos, Baden-Baden.
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[1] World Bank Group (2018b).

[2] Sierra Medel (2017).

[3] Inter-American Development Bank (2018).

[4]Guyana Energy Agency (2016).

[5] ExxonMobil (2018).

[6] Stabroek News (2018a).

[7] Guyana Times (2018a).

[8] Stabroek News (2018c):

[9] ProMéxico (2017).

[10] Petroleum World (2017).

[11] Guyana Times (2018b).

[12] The Trinidad Guardian (2018).

[13] Petroleum World (2018).

[14] Stabroek News (2018d).

[15] Stabroek News (2018b).

[16] Private Sector Commission (2017).

[17] Guyana Times (2015).

[18] Stabroek News (2017).

[19] Stabroek News (2016).

[20] Kaieteur News (2017).

[21] Guyana Chronicle (2017).

[22] Diario Oficial de la Federacion (2017b).

[23] SIAVI (2018).

[24] Diario Oficial de la Federacion (2017a).

[25] Houston Chronicle (2017).

[26] World Bank Group (2018a).

 

Paper: Cooperación Internacional en Ciencias Forenses

Cooperación Internacional en Ciencias Forenses: el nacimiento de un campo

Por: Julia Isabel Ferreira Pedraza*

Resumen

En años recientes hemos podido observar escenarios violencia y crisis humanitaria que suponen un elevado número de víctimas fatales o la necesidad de denunciar crímenes de Estado, y se ha solicitado y recibido el apoyo de expertos forenses internacionales para llevar a cabo tareas de identificación, dignificación y gestión de restos humanos. Esta práctica reiterada en las últimas tres décadas supuso la especialización y formación de un campo de cooperación internacional, en este sentido, el presente artículo busca dar cuenta del proceso de conformación del campo. Es importante señalar que lo que aquí se expone hace parte de una investigación que buscó reflexionar acerca de las implicaciones que podrían desprenderse de la implementación de proyectos forenses pensados desde lo internacional en México para la búsqueda de las personas desaparecidas.

Palabras clave: Cooperación Internacional para el Desarrollo,Ciencias forenses, Derechos Humanos.

Cooperación Internacional en Ciencias Forenses: CIF

El objetivo de este artículo es exponer por qué se ha considerado a la Cooperación Internacional en Ciencias Forenses como un campo de cooperación específico que surgió debido a distintas experiencias de violencia alrededor del mundo. Para lograr lo propuesto se aporta una definición del campo, también se esbozan las condiciones que permitieron su nacimiento y por último se brindan argumentos para sostener el nacimiento del campo.

La Cooperación internacional en Ciencias Forense (CIF) “puede definirse como el conjunto de acciones inscritas en el ámbito forense que a través de la capacitación, incidencia e investigación buscan abonar a mejorar situaciones con gran número de víctimas mortales y cuerpos sin identificar utilizando técnicas de distintas disciplinas científicas. Este tipo de cooperación comúnmente se oferta en países que a causa de una crisis humanitaria o brotes de violencia se ven rebasados en sus capacidades institucionales y técnicas para hacer frente a la situación.” (Ferreira, 2018, pág. 7)

Actualmente es posible constatar que existe cooperación forense si esta se observa como flujos de asistencia entre actores de distintos países, este tipo de cooperación sucede por diversos canales, ya sea a través del financiamiento, la agencia forense, la capacitación o la observación. Proyectos implementados en Bosnia, Turquía, Indonesia, Afganistán y Ruanda dan cuenta de este tipo de cooperación.

No es necesaria una profunda indagación para corroborar que existen acciones de carácter internacional en el ámbito forense. Antropólogas y antropólogos hacen mención en sus diarios de campo sobre la participación de organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales y expertos en ciencias forenses en contextos distintos a los de su país de origen que desempeñan acciones enfocadas a la investigación, capacitación, memoria y justica, pero ¿Por qué considerar dicho conjunto de acciones cómo un campo de la Cooperación Internacional para el desarrollo?

Un primer argumento para responder a la pregunta anterior se basa en reconocer las posibilidades explicativas que mantienen las categorías y conceptos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) sobre el fenómeno a explicar. Al analizar los proyectos CIF desde categorías y clasificaciones propias de la CID, se logra dar cuenta con precisión de los flujos, estructuras y objetivos de proyectos de cooperación internacional que operan en materia forense, no obstante, esta característica no es la única que permite explicar el fenómeno desde la perspectiva de estudios que nos ocupa.

Un segundo argumento que nos permite considerar a la CIF un nuevo espacio de intervención es la ampliación de las posibilidades de intervención. Los implementadores de las acciones del campo han incorporado dimensiones cualitativas del desarrollo en sus proyectos, tales como la justicia, la seguridad y la paz, que proponen que su labor va más allá de una mera transferencia de técnicas y conocimientos.

Las acciones posibles desde la CIF no se circunscriben a la elaboración de peritajes o a la individualización e identificación de restos humanos. Una gama de posibilidades de intervención forense que se escinde de la mera cooperación técnica y abarca a la consultoría especializada, a la formación de capacidades forenses y el apoyo en la realización de investigaciones para recabar pruebas que permitan validar la existencia de violaciones a Derechos Humanos, denunciar patrones sistemáticos de violencia y asistir en crisis humanitarias, da cuenta de que es posible hablar de un campo provisto de lógicas, objetivos, funciones específicas y actores con autoridad[1].

Al enmarcarse en un punto intermedio entre la cooperación técnica y la cooperación en temas de justicia, seguridad y paz, la CIF por su especificidad ligada a la labor forense y las distintas perspectivas de ejercerla se distingue de otros tipos de cooperación y se muestra como un campo poco estudiado desde la CID.

Surgimiento del campo

Para comprender la formación del campo será conveniente intentar responder lo siguiente ¿Cómo se dio paso a la reiterada creación de proyectos internacionales en materia forense? Y ¿Qué procesos fomentaron el uso de técnicas forenses fuera de su ámbito tradicional en tribunales nacionales?

En sus inicios la práctica forense se encontraba confinada al espacio de las instituciones legales, es decir su ejercicio ocurría en tribunales, departamentos de criminalística y laboratorios de medicina legal. Con el paso del tiempo este campo se abrió para cuestionarse sobre lo ocurrido en escenarios de violencia masiva que supusieran muertos sin identificar (Huffschmid, 2015). Así a través de la materialización (recolección de evidencia) y demostración del uso desmedido de la violencia las disciplinas forenses dieron cuenta de violaciones a los Derechos Humanos más allá de los testimonios confinados al ámbito discursivo.

Hacia la segunda mitad del siglo XX, técnicas propias de las disciplinas forenses expandieron su ámbito de acción, tradicionalmente centrado en la recuperación e interpretación de evidencias para ser usadas en juicios nacionales, extendiendo su participación hacia el ámbito internacional. Esta ampliación fue particularmente observable en la antropología y arqueología forense, disciplinas científicas que se habían mantenido en el ámbito de lo paleo y lo biosocial (Buriano, 2017).

Respecto de la trascendencia del ámbito nacional y acerca del cruce entre la investigación en derechos humanos y las disciplinas forenses con fines de investigación existen dos perspectivas ampliamente reconocidas: la perspectiva judicial basada en el delito y la justicia y la aproximación humanitaria centrada en la dignidad humana y el derecho a la verdad.

En tanto que autores como Adam Rossenblatt (2015), Irineusz Kaminski (2015) y Roxanna Ferllini (2007) posicionan a las investigaciones realizadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial como el referente por excelencia de investigación forense para constatar abusos ocurridos en el curso de conflictos armados, otras interpretaciones consideran que fueron las investigaciones enmarcadas en los procesos latinoamericanos de justicia transicional y la investigación de lo ocurrido en regímenes dictatoriales las que dieron paso a este nuevo campo de cooperación[2] (Salama, 1994; Stover, E., & Shigekane, R., 2004; Zarankin, Andrés & A. Salerno, Melisa.  2008).

En el primer supuesto de acuerdo con Rosenblatt (2015)  y Kamiński (2015) uno de los primeros intentos de hacer uso de técnicas y metodologías propias de las ciencias forenses para dar cuenta de los abusos cometidos durante conflictos armados, sucedió en el marco de la investigación de la Masacre de Katyn[3]. La indagación de este evento supuso la intervención de expertos internacionales y se piensa como un antecedente que dio paso a investigaciones forenses en derechos humanos  y con fines humanitarios[4] por contar con las siguientes características: 1) participación de organismos autónomos en la investigación de crímenes de guerra; 2) reconstrucción de hechos en pro del conocimiento de la verdad; 3) reconocimiento internacional de la labor forense y 4) creación de paneles internacionales de observadores que evaluasen los resultados de la investigación (Rosenblatt, 2015)

La segunda perspectiva citada sugiere es posible explicar el cruce entre la investigación en Derechos Humanos (DDHH) y las ciencias forenses mediante el análisis de los contextos de justicia transicional en América Latina a partir de la década de los años ochenta, de manera específica dentro del replanteamiento la función de ciertas disciplinas. En aquella época desde la academia o desde la praxis en distintos países surgió el cuestionamiento acerca de ¿qué tipo de arqueología era necesaria para este siglo y los retos que el mismo presentaba? (Funari, 2006).

“La experiencia latinoamericana, propició una reconsideración del papel de las disciplinas antropología y arqueología forense para visibilizar la violencia ocurrida en América Latina en el periodo de las dictaduras del siglo XX. Dicha reconsideración se enmarcó en un escenario en el que familiares de desaparecidos se organizaron con el fin de conocer el paradero de sus seres queridos y exigir justicia.” (Ferreira, 2018, pág. 54).

Aun cuando algunos autores identifiquen el surgimiento de la relación aludida en el contexto de grandes comisiones de investigación de crímenes de guerra ( Rossenblatt 2015; Kaminski 2015; Ferllini 2007) y otros en el replanteamiento y extensión de las funciones asignadas a una disciplina (Funari y Vieira de Oliveira 2006; López Mazz 2006; Bellelli y Tobin 1985) existen puntos de coincidencia en considerar el caso argentino de búsqueda de desaparecidos post dictadura paradigmático, al ser un evento que marcó el surgimiento de un campo de investigación forense, pues fue en dicho contexto donde la antropología forense y la arqueología tradicional rompieron el cerco que les confinaba a una función asignada de recuperar osamentas antiguas y preservar sitios arqueológicos para incorporar en su labor las dimensiones de justicia y memoria  (Funari, 2006).

En el caso de Argentina encontramos como la principal diferencia frente a otros proyectos forenses que contaron con asistencia internacional, que sus investigaciones incluyeron las dimensiones justicia y memoria, con esto, la agencia forense extendía sus acciones tradicionalmente instaladas en el ámbito judicial, para incorporar  acciones pensadas desde lo humanitario y desde los  Derechos Humanos (Stover, E., & Shigekane, R., 2004).

En Argentina, la técnica posibilitó que los huesos aportaran sus testimonios sobre el terror vivido durante la dictadura, comprender la lógica de las políticas represivas y materializar  la violencia a la que fueron sometidos los cuerpos por parte del Estado (Huffschmid, 2015)  así, en dicho contexto se consolidaría la relación entre lo forense y los derechos humanos. Además, la labor de los implementadores de proyectos de CIF en el caso argentino construyó las condiciones para llevar a cabo investigaciones forenses de manera independiente que permitieron disputar el monopolio que ejercía el Estado para investigar y producir verdades sobre la historia reciente de represión.

La participación en contextos de violencia permitió a ciertos profesionales del área y equipos independientes de antropología forense adquirir amplia experiencia en técnicas de reconocimiento de restos humanos, identificación de lesiones y reconstrucción de mecánicas de violencia, además de contar con amplio reconocimiento por conducirse desde la neutralidad y la independencia en sus investigaciones. Lo anterior propició que se solicitaran sus servicios de forma reiterada en diversos países en las últimas 3 décadas.

Con el paso del tiempo algunas solicitudes de asistencia salían de los márgenes tradicionales de su trabajo y planteaban una extensión de la de la agencia forense hacia lo humanitario no estrictamente relacionado con los Derechos Humanos, por ejemplo, la asistencia en desastres naturales para el reconocimiento y manejo de cadáveres, así como la asistencia en conflictos con causas sistémicas, tal es el caso de la migración o el desplazamiento.

Aunado a lo anterior, a medida que se consolidó el campo y en respuesta a las solicitudes, algunos equipos forenses e instituciones experimentaron procesos de internacionalización y la experiencia internacional comenzó a funcionar entonces como capital dentro de la estructura del campo.  Entre 1990 y el año 2016 se crearon nuevos proyectos de cooperación internacional en ciencias forenses y sus acciones se extendieron a Chile, Guatemala, Bosnia, Indonesia, Ruanda, Congo, Iraq, Afganistán, Timor Leste, Chipre, Haití, Filipinas, Kosovo y México (Ferreira, 2018).

La CIF como campo

En conclusión, se sugiere que  es posible considerar a la CIF como un tipo de cooperación internacional para el desarrollo, pues al caracterizar las acciones y los proyectos forenses utilizando términos propios de la CID se constató que existen flujos de cooperación internacional orientados a la agencia forense, actores con funciones exclusivas, y aspiraciones específicas orientadas a la defensa de los derechos humanos, la justicia y la memoria, cuyo nacimiento se encuentra relacionado a la sistematización y compartimento de la experiencia que expertos forenses acumularon al investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras del cono sur americano.

El surgimiento de la Cooperación Internacional Forense fue posible debido a una constante demanda de apoyo, a causa del número creciente de conflictos armados y de la violencia política ejercida por el Estado en la segunda mitad del siglo XX. Este proceso estuvo marcado por el replanteamiento de disciplinas tales como la arqueología y antropología, respecto de su papel frente a las violencias vividas en el cono sur americano durante las dictaduras, así como la adhesión de las dimensiones derechos humanos, memoria y justicia como intereses inmanentes al campo de la CIF (Ferreira, 2018).

El nacimiento de este campo se inserta en un contexto internacional de renovado interés por cooperar en situaciones complejas de violencia, en donde ciertas perspectivas del desarrollo reconocen que los indicadores macroeconómicos favorables no eximen a los países de otros retos en la materia. En años más recientes la nueva perspectiva de desarrollo adoptada por organismos multilaterales considera dimensiones cualitativas del desarrollo, tales como la justicia y la paz, por ello ofrece posibilidades para acceder a fondos y proyectos de CID y financiamientos internacionales de distinta índole para apoyar la consolidación del campo de la CIF.

Bibliografía

Bellelli, C., & Tobin, J. (1985). Archaeology of the Desaparecidos. Society for American Archaeology Bulletin14(2), 6-7.

Dutrénit, S. (Coord.) (2017). Perforando la Impunidad. México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

Ferllini, R. (2007). Forensic archaelogy for human rights violations. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas.

Ferreira, J. (julio de 2018). Cooperación Internacional en Ciencias Forenses para la búsqueda de los desaparecidos en México 2006-2017. Ciudad de México: Instituto Mora: Tesis para obtener el grado de Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Fox, J. (2010). Katyn: Tragedy upon tragedy. History Today, 31-60.

Funari, P. P., & de Oliveira, N. V. (2006). Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina (1960-1980). Editorial Brujas.

Huffschmid, A. (2015). Huesos y humanidad. Antropología forense y su poder constituyente ante la desaparición forzada. . Athenea digital, 195-214.

Kamiński, I. C. (2015). The Katyń Massacres before the European Court of Human Rights: From Justice Delayed to Justice Permanently Denied. East European Politics and Societies, 29(4), 784-810.

López Mazz, J. (2006). Una mirada arqueológica a la Represión Política en Uruguay. Arqueología de la Represión y la Resistencia en América Latina: 1960-1980.

Rosenblatt, A. (2015). Digging for the disappeared: forensic science after atrocity. Stanford University Press.

Salama, M. C. (1994). Tumbas anónimas: Informe sobre la identificación de restos de desaparecidos en Argentina. Catálogos.

Stover, E., & Shigekane, R. (2004). Exhumation of mass graves: balancing legal and humanitarian needs. En E. &. Stover (Ed.), My neighbor, my enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity (págs. 85-104). Cambridge University Press.

Zarankin, A. (2008). Después de la tormenta. Arqueología de la represión en América Latina. Complutum, 21-32.

[1] El uso de término campo alude al sentido otorgado por Bourdieu, quién en  su libro Campo de poder, campo intelectual (1980) le otorga las siguientes características: Lucha constante para excluir a la competencia por parte de quien mantiene el monopolio del campo; en él se ponen en juego intereses específicos e irreductibles; para que funciones es necesario existan a reconocer, actuar y seguir las reglas del juego, la estructura del campo se define atendiendo a la distribución del capital específico que se ha acumulado a través de luchas,  la conservación y transformación del campo siempre está en juego, los participantes de  un campo tienen una cantidad de intereses fundamentales comunes, la gente comprometida con un campo y sus luchas contribuyen a reproducir el juego, los recién

[2] Algunos de los autores mencionados utilizan el concepto arqueología de la represión.

[3] En dicho evento alrededor de 22,000 oficiales del ejército polaco fueron ejecutados e inhumados extrajudicialmente durante el periodo de ocupación soviética en Polonia.  En respuesta la Cruz Roja estableció en 1943 a petición de Alemania la Comisión Katyn, cuyo objetivo era investigar la masacre y probar los abusos militares cometidos por las fuerzas de ocupación (Fox, 2010).

[4] La búsqueda con fines humanitarios hace referencia no a constatar el uso de la violencia y la falta a los Derechos Humanos de las víctimas, sino al trato digno de los restos humanos y el reconocimiento del derecho a saber la suerte de los fallecidos.

*Licenciada en Relaciones Internacionales por la FCPYS, UNAM. Maestra en Cooperación Internacional por el Instituto de Investigaciones Dr.   José   María   Luis   Mora, Estudiante del Programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo. Problemas y Perspectivas Latinoamericanas (DEDPPL).

 

 

Paper: CID en materia de seguridad alimentaria

“Cooperación Internacional para el Desarrollo en materia de seguridad alimentaria: El papel de la ONG ChildFund México”.

Por: Sandra Elena Silva Vázquez*

Resumen

Uno de los principales problemas de desarrollo, es el procurar la seguridad alimentaria para toda la población mundial. Algunas de las acciones para lograrlo son aquellas provenientes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo ejecutadas por las organizaciones no lucrativas (ONG/OSC). Sin embargo, en seguridad alimentaria, la CID más conocida es la denominada cooperación multilateral, emprendida por organismos multilaterales en especial la FAO. Sin embargo y debido a los cambios de paradigma y la incursión de nuevos actores en la CID, las ONG comienzan a tener gran protagonismo con sus acciones de cooperación internacional en favor del desarrollo y de la seguridad alimentaria.

Palabras clave:

Cooperación Internacional para el Desarrollo, seguridad alimentaria, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, huertos de traspatio, disponibilidad y acceso a alimentos, micro social, desarrollo humano, capacidades, autoconsumo.

Introducción

Existen alrededor de 815 millones de personas subalimentadas en el mundo, 42.5 millones de ellas, provienen de América Latina y el Caribe (FAO, 2017). Autores como Jean Ziegler aseguran que lo anterior se contradice al afirmar que, en el planeta, se produce suficiente comida para alimentar al doble de la población mundial, sin embargo, existe gran desigualdad en la distribución de la riqueza para la obtención alimentos (Ziegler, 2005).

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) confirma lo planteado anteriormente y argumenta que el problema recae principalmente en la distribución de estos, evidenciando la necesidad de ser más eficientes y sostenibles en las formas de producción y distribución (PMA, 2011).

De acuerdo con los dos planteamientos anteriores, se entiende que el problema que enfrentan las personas que sufren de inseguridad alimentaria se basa principalmente en el acceso económico y físico que se tenga a los alimentos y no en la cantidad de producción de estos, tomando en cuenta factores como la distribución. Los antes mencionados, son elementos que se muestran en el concepto actualmente utilizado de seguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria se enmarca en los objetivos de desarrollo planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Anteriormente, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en su primer meta establecían lo siguiente: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” (ONU, 2013). Más tarde se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuya meta número dos es la siguiente: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” (ONU, 2015).

La Agenda 2030 y la del milenio, no son las únicas acciones de CID a favor de la seguridad alimentaria, hay algunas otras emprendidas por otras organizaciones como aquellas que pertenecen al tercer sector.

Es el interés del presente trabajo conocer dichas acciones a través de una organización seleccionada como estudio de caso, por lo tanto, se hará mención de tres variables importantes: la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), la seguridad alimentaria y las organizaciones no gubernamentales (ONG) u organizaciones de la sociedad civil (OSC)[1].

Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) y las Organizaciones no lucrativas (ONG/OSC):

Desde su surgimiento al término de la segunda guerra mundial, la cooperación internacional se ha visto marcada por distintos cambios que han contribuido a la inclusión de los llamados actores no tradicionales (las ONG/OSC algunos de ellos).

La forma de cooperación tradicional, es decir la Norte-Sur buscaba generar desarrollo en los países que eran considerados subdesarrollados, es decir, aquellos provenientes del Sur. Al respecto, Duarte y González mencionan lo siguiente: “frente a este panorama impulsado por una especie de deuda histórica y moral que en términos más realistas buscaba no perder completamente la influencia sobre las excolonias…las antiguas potencias coloniales fueron las primeras en ensayar la cooperación internacional dirigida al denominado Tercer Mundo” (Duarte y González, 2014:124).

Este modelo de cooperación fue debilitándose sobre todo en los años noventa, para Dubois esta crisis responde a dos factores primordiales: primero, la deuda moral que muchos países tenían con sus antiguas colonias no era ya razón de peso para contemplar a la CID dentro de sus prioridades; el segundo factor, es el que denomina la fatiga de la cooperación, derivado de los resultados poco efectivos y eficientes hacia el impulso del desarrollo en los países del Sur (Dubois, 1995).

En esta misma época surgen nuevos paradigmas del desarrollo, como el de desarrollo humano, en gran parte gracias a las aportaciones de Amartya Sen sobre la ampliación de las capacidades de las personas como proceso de desarrollo (Griffin, 2001).

El PNUD aporta una definición de desarrollo humano que retoma el pensamiento de Sen: “El desarrollo humano comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses…implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore” (PNUD, 2018).

Es en la misma década de los noventa cuando existe un mayor surgimiento de las ONG y OSC en el terreno de la CID adquiriendo gran protagonismo. Bombarolo aporta algunas explicaciones sobre las posibles causas de este fenómeno: una de ellas es la crisis del Estado de bienestar, las demandas de la sociedad civil por ocupar espacios públicos y atender necesidades sociales surgidas muchas veces de los problemas sociales a enfrentarse (Bombarolo, 1995: sp).

Las ONG surgen de circuitos de cooperación oficial para apoyar proyectos sociales emprendiéndolos de manera micro social, teniendo relaciones internacionales y locales y sus programas de desarrollo se ajustan a ambos ámbitos (Becerra et al, 1997).

Dichas organizaciones son de carácter privado y son actores sociales con fines solidarios y altruistas (Jerez y Revilla, 2012). Tienen la característica también de tener voluntarios o voluntarias entre sus integrantes y ser organizaciones autónomas (Salamon, 2001).

En la actualidad, la mayoría de las ONG/OSC orientan sus actividades a tres principales esferas de participación: 1) el desarrollo (local o comunitario), 2) la lucha por la profundización de la democracia y 3) el enfoque de derechos. (Sánchez, 2012).

En la CID, las organizaciones no lucrativas han tenido participación internacional en diversos foros donde se enfatiza participación de la sociedad civil como actor primordial para el logro de objetivos del desarrollo como el Foro Internacional sobre Sociedad Civil y Eficacia de la ayuda de 2008, por poner un ejemplo.

Igualmente han tenido participación importante dentro de la FAO en temas de seguridad alimentaria, en 2012 el organismo cedió una oficina de enlace y espacio de trabajo a las organizaciones provenientes de la sociedad civil, entre muchas otras actividades de las cuales, las organizaciones han sido parte (FAO, 2013).

Seguridad alimentaria:

 El concepto de seguridad alimentaria se ha transformado desde su introducción en los años setenta. Su evolución ha sido parte de un continuo de sucesos y aportes que han permitido su definición actual. La más recurrida y en la que se basa este trabajo, es la introducida por la FAO.

El siguiente cuadro muestra la evolución en las definiciones de seguridad alimentaria. En los años setenta, el centro de estudio de la seguridad alimentaria era la disponibilidad, posteriormente, en los años ochenta se entiende que el principal problema era el acceso físico y económico a los alimentos ya sea de manera individual o familiar, y más tarde, en los años noventa, los componentes de inocuidad y utilización biológica complementan el concepto actualmente establecido:

CUADRO 1: Evolución del concepto de seguridad alimentaria

AÑO CONCEPTO
1974 “disponibilidad en todo momento en el mercado mundial de suministros de alimentos básicos para sostener el consumo creciente y contrarrestar las fluctuaciones en producción y precios” (FAO)
1983 “…asegurar que todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan” (FAO)
1986 “acceso a todas las personas, en todo tiempo, a cantidades de alimento suficientes para una vida activa y saludable” (BM)
1996 “existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”. Sus elementos son: la disponibilidad, el acceso físico y económico, la utilización de alimentos y la estabilidad en los tres componentes anteriores (FAO).

Fuente: Elaboración propia con información de FAO y BM

La mayoría de las personas subalimentadas en el mundo, se ubican en las zonas rurales donde la obtención directa de alimentos y de ingresos está basada en la agricultura y la ganadería. El desarrollo en el sector agrícola no es suficiente para fomentar la seguridad alimentaria de las comunidades, también es necesario incrementar el consumo de alimentos de las familias pobres y crear medios sostenibles para ello (FAO, 1992). Para la FAO, “el estado nutricional de la población debe considerarse como indicador fundamental de desarrollo” (FAO, 1992: sp).

Las familias que habitan en zonas rurales se alimentan principalmente de lo que obtienen para autoconsumo, sin embargo, su productividad muchas veces no es óptima por lo que algunas sufren de subconsumo de alimentos (Gasca, 2003).

Para poder obtener dichos alimentos, las familias rurales recurren a los huertos de traspatio o huertos familiares. El huerto “es considerado un agroecosistema y ha sido incluido en programas gubernamentales con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza” (González et al, 2013: 147)

Ahora bien, en párrafos anteriores se han mencionado las variables que son del interés de este trabajo. La ONG seleccionada fue ChildFund México, establecida hace más de 40 años en el país. Es una organización proveniente de Estados Unidos y cuyo objetivo es la defensoría de los derechos de la niñez y el desarrollo. Trabaja en los 7 estados más pobres de la República Mexicana, incluyendo Puebla y Chiapas donde se desarrollaron los proyectos de seguridad alimentaria que fueron analizados (ChildFund México, 2018).

Los dos proyectos analizados tienen similitudes y diferencias, sin embargo, el objetivo y las formas de trabajo fueron las mismas:

 CUADRO 2: Proyectos analizados

Proyecto Chiapas Proyecto Puebla
El proyecto de apoyo a comunidades de Tapachula nace en 2014 bajo una alianza entre grupo Herdez y ChildFund México.

Tenía como objetivo mejorar la nutrición de niños y niñas de 0 a 12 años y sus familias, promover el autoconsumo y producción de propios alimentos, con ello generar ahorro a las familias y posteriormente la posibilidad de vender sus productos (hortalizas, gallinas y huevo). Lo anterior mediante la construcción de huertos de traspatio y granjas, así como capacitación técnica.

El proyecto de desarrollo comunitario de Huehuetla inicia en 2011, gracias a una alianza entre Compartamos Banco y ChildFund México y ejecutado por la OSC “Niños Totonacos A. C.”

Bajo el mismo diseño, el proyecto buscaba atender a familias de 18 comunidades, instalando huertos de traspatio y granjas, capacitando a las familias en seguridad y soberanía alimentaria. la población objetivo eran familias con menores de 0 a 12 años. El proyecto ya no está vigente.

 Fuente: Elaboración propia con datos de ChildFund México 2011 y 2013

 

Para poder analizar ambos proyectos se recurrió a una matriz de fortalezas y debilidades y se mencionaron características identificadas tanto en los documentos compartidos como en las entrevistas semiestructuradas realizadas a los coordinadores y encargados, igualmente se identificaron puntos importantes sobre el trabajo de la ONG respecto a la seguridad alimentaria

A continuación, se presenta el resumen de las matrices de análisis construidas:

CUADRO 3: RESUMEN DE ANÁLISIS

ASPECTOS IDENTIFICADOS
Promueven el desarrollo de las comunidades a nivel micro social, si se considera que el concepto de desarrollo humano parte de que se debe crear un entorno para que las personas desarrollen su potencial y amplíen sus oportunidades.

-Confirman en cierta medida lo siguiente: “Un proyecto de cooperación al desarrollo, según el enfoque de Sen, debe expandir las capacidades y agencia de las personas. Es decir, se deben ampliar las opciones reales y valoradas por las personas a la vez que aumentar sus habilidades para ayudarse a sí mismas y que se conviertan en agentes de cambio” (Fernández, Hueso y Boni, 2012: 1544).

-Cumplen con el principio de apropiación. Las familias fueron capacitadas para obtener conocimientos que les permitirán aplicarlos incluso cuando la ONG finalizara su participación. En el caso de Puebla, el proyecto fue implementado primero por la OSC y en ambos casos, ejecutado por los mismos beneficiarios.

-La seguridad alimentaria en México, sobre todo en zonas rurales, es un problema principalmente de acceso ya sea físico o económico, por lo tanto, la efectividad de estos proyectos recae en que la producción de alimentos, por parte de la propia familia, generando canales productivos directos que permiten igualmente un acceso físico directo a alimentos. Lo anterior no responde a la necesidad de las familias a mejorar su poder adquisitivo, pero si promueve el ahorro, permitiendo que algo del dinero utilizado en alimentos y transporte para adquirirlos, sea utilizado en otros servicios. Es decir, se apoya el autoconsumo, que es una característica de la mayoría de las familias rurales.

-Los proyectos dependen de la participación de las familias lo que lo hace depender a su vez de la asistencia, interés y disponibilidad de las personas participante, implica una labor de convencimiento y trabajo constante para los colaboradores.

-Los proyectos tienen un alcance pequeño, lo cual en términos generales probablemente no tenga un impacto a nivel municipio en cuanto a promedios reales de medidas como seguridad alimentaria o desarrollo ya que es realizado en pequeñas comunidades y a un número reducido de personas.

-La organización interpreta a la seguridad alimentaria primeramente desde su disponibilidad y acceso físico por lo cual recurre a la construcción de huertos y granjas de traspatio, medida que también fue fomentada por el PESA en su momento, pero la organización lo realiza a nivel micro social y que es identificada como una de las estrategias para obtener alimentos por parte de las familias rurales.

-La organización concibe que la seguridad alimentaria es el eje central de promoción del desarrollo, partiendo de que el implementar proyectos de esta índole coadyuvará a la mejora en la economía de las personas y mejorará la nutrición de las familias, lo cual coincide con lo dicho por la FAO cuando argumenta que el estado nutricional de una población, debe ser un indicador de desarrollo.

Fuente: Elaboración propia

 

CUADRO 4: COMPONENTES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

COMPONENTE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
Disponibilidad La obtención de sus propios alimentos para autoconsumo (sin embargo, no supone la disponibilidad de todos los alimentos que conformarían la canasta básica y sólo aquellos que se plantan y producen como el huevo y la carne de pollo y las hortalizas producidas)
Acceso físico y económico  Los proyectos promueven la producción de alimentos, omitiendo los gastos de transporte para obtener comida y el de la compra. Los proyectos buscan el ahorro económico y promueven el acceso físico de los alimentos, no generan ingreso (la comercialización no ha sido bien establecida)
Utilización de alimentos La vigilancia nutricional, las asesorías nutricionales y los alimentos que se ha buscado plantar con el fin de obtener micronutrientes, pueden ser elementos que faciliten el cumplimiento de este aspecto, así como el tomar en cuenta los productos propios de la región y la dieta de las familias, para cultivar productos que fueran culturalmente aceptables
Estabilidad en los componentes

Por ser proyectos con ciertas características, dependerá de las condiciones en que la comunidad siga trabajando y la organización apoyando el mismo o bien evaluando su impacto.

 Fuente: Elaboración propia

 

 

Si bien el análisis de los proyectos fue basado principalmente en la seguridad alimentaria y el desarrollo humano, también existieron algunos cuestionamientos sobre la forma de trabajo de ChildFund México. Una observación fue la falta de interés por realizar evaluaciones de impacto que permitieran saber si efectivamente la vida de las familias beneficiarias mejoró, lo cual debería ser el principal objetivo de un proyecto de cooperación. O bien, hacer evaluaciones para conocer si el proyecto es sostenible. Otro cuestionamiento es el saber, si por la naturaleza de las organizaciones y su dependencia de recursos de los donadores, en cierta medida se conviertan en fábricas de proyectos, que buscan constantemente generarlos para obtener recursos y continuar vigentes y funcionando.

Algunas conclusiones surgidas del trabajo de investigación destacan la importancia de la seguridad alimentaria como indicador de desarrollo, los proyectos de cooperación sobre ese tema deben entonces estar ligados no sólo a promover una buena alimentación, sino que esta sea constante sin limitantes de acceso y disponibilidad de alimentos. Igualmente, cabe destacar que los proyectos presentados fueron ejecutados en áreas muy reducidas a un pequeño grupo de personas, y si bien por su naturaleza es posible replicarlos, es probable que no contribuyan a crear un gran impacto en los indicadores estatales de seguridad alimentaria.

Es también relevante recalcar que la seguridad alimentaria en un país tiene también relación con los ingresos de las personas, la distribución de alimentos sobre todo en aquellas zonas apartadas, el consumo y lo hábitos alimenticios (Torres, 2003)

Por último, cabe recalcar la importancia de las personas en los proyectos de cooperación como protagonistas de su propio desarrollo, independientemente de teorías o debates o incluso de estadísticas. El desarrollo humano en un proyecto resalta la necesidad de elevar las capacidades de las personas para que lo anterior pueda ser alcanzado.

 

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[1] En el presente trabajo se utilizarán ambos términos, ONG y OSC. Recurriendo a Mochi y Girardo que enfatizan que las ONG son aquellas organizaciones que surgen del Norte mientras que las OSC son aquellas provenientes de los países del Sur, algunos autores no hacen esta diferenciación, sin embargo, para términos prácticos será usada en este texto. (Mochi y Girardo, 2012).


* Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora.

 

 

https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/el-aporte-de-plan-ceibal-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible